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Se reveló la identidad del terrorista que explotó el coche bomba en la Embajada de Israel en 1992 y mató a 22 argentinos

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Según el informe del Mossad, se trata de Muhammad Nur Al-Din, un libanés de 24 años que fue reclutado en Brasil e ingresó al país a través de la Triple Frontera.

Esta semana, el Mossad, la agencia de inteligencia israelí, concluyó una larga investigación sobre los autores intelectuales y materiales de los dos grandes atentados que el jihadismo cometió en suelo argentino: el ataque contra el Embajada de Israel fue perpetrado el 17 de marzo de 1992 con un balance de 29 muertos y 242 heridos. En tanto, el ataque contra la sede de la AMIA, el 18 de julio de 1994, mató a 85 personas y causó heridas a unas 300 personas.

Si bien el gobierno israelí se mantiene relativamente secretivo sobre las conclusiones, una filtración que reveló el medio Infobae sobre el atentado contra la Embajada de Israel aporta un dato clave: la identidad y la imagen del conductor suicida.

Se trata de Muhammad Nur Al-Din, un libanés que al momento del atentado tenía apenas 24 años, la edad promedio de un miembro de bajo rango de la Yihad Islámica, el brazo armado del Hezbolá, el grupo terrorista iraní-libanés que planificó el ataque.

“Siguiendo la tradición árabe, las personas reciben su nombre en base a tres nombres: su nombre personal (Muhammad), el nombre de su padre (Nur Al-Din) y su apellido (Nur Al-Din). De aquí que su nombre completo según los registros era Muhammad Nur Al-Din Nuer Al-Din”, detalla el informe.

El mismo documento aporta una foto del suicida. Esa imagen fue publicada en noviembre de 1992 en el periódico libanés AI-AHD, donde se afirmaba que había muerto en la guerra de Serbia, combatiendo para los kosovanos. Un clásico de Hezbolá, que a diferencia de otros grupos como ISIS o Al-Qaeda, siempre trata de ocultar la identidad de sus terroristas para que sus familiares no sean atacados por el Mossad en retribución.

En un lamentable accionar de la justicia argentina, luego de 30 años de investigaciones locales, el nombre del suicida no figuraba en los expediente judiciales. Apenas se lo menciona en un legajo paralelo a la causa de la AMIA, por entonces a cargo de Juan José Galeano. Ese legajo investigaba las actividades en la Triple Frontera e identificaba el ingreso ilegal de varias personas vinculadas al Hezbolá, pero en ningún momento se lo vinculó al ataque a la Embajada.

Muhammad nació en el Líbano en 1968, pero se mudó en su adolescencia a Foz de lguazú, Brasil. Allí, Muhammad habría sido reclutado por una persona identificada como Farouk El-Omeiri, quien tenía lazos estrechos con Hezbolá.

El joven que mataría a 22 argentinos fue trasladado a Buenos Aires por un miembro de la Yihad Islámica, a través de la Tripe Frontera, el mayor colador de inmigrantes ilegales al país, desde hace décadas.

Según el informe, entre el 14 y el 17 de marzo, José Salman El Reda, hermano del líder terrorista Samuel El Reda, que tiene pedido de captura vigente por el atentado a la AMIA, se ocupó de la estadía del suicida en una “casa segura” y lo llevó a reconocer el estacionamiento donde estaba escondido el coche bomba. Juntos también habrían estudiado el recorrido hasta la puerta de la Embajada.

De acuerdo a la causa judicial de la Embajada, José Salman El Reda, había sido detenido y procesado por la justicia federal de Rosario por una importante cantidad de dólares falsificados – conocidos como “super dólares”, que eran usados para financiar las actividades terroristas de Hezbolá en la región.

Según el servicio de inteligencia de Israel, el 17 de marzo a las 14:42 el joven suicida libanés retiró la camioneta del estacionamiento ubicado en la calle Cerrito (entre Juncal y Arenales), y la condujo hasta la puerta de la embajada. Tardó entre 4 y 5 minutos hasta llegar a Arroyo 916.

El coche bomba se preparó en una casa ubicada en la provincia de Buenos Aires, en un lugar no identificado. La persona encargada de alquilar esa vivienda habría sido el propio Samuel El Reda. Lo hizo mediante un documento falso a nombre de un ciudadano brasileño identificado como Antonio Hadad, que no existe.

La investigación judicial confirmó que hubo 22 fallecidos: nueve empleados y funcionarios de la Embajada, tres albañiles y dos plomeros, un taxista y tres peatones, un sacerdote de una iglesia vecina y tres ancianos que se alojaban en una residencia a pocos metros. Sus nombres quedaron retratados en una placa en la plaza seca que se levantó en el lugar del ataque. Solo 4 de ellos eran israelíes, el resto argentinos (tres con nacionalidad boliviana, uno con uruguaya, otro paraguaya y uno la italiana).

El inmueble alquilado por El Reda también se habría utilizado para guardar los explosivos. “El pago del alquiler se hacía por adelantado, en dólares y en efectivo. Es lógico pensar que quien le alquiló a Salman el inmueble conoce su rostro ya que ha sido publicado, pero no ha acudido a las autoridades, quizás por temor. Esta persona es inocente, y no tiene ninguna conexión con Hezbolá simplemente alquilo ese inmueble a una persona que hizo un buen pago por el mismo”, sostiene el Mossad, lo cual desmitifica que hayan tenido un contacto local de nacionalidad argentina que los ayudó a sabiendas.

De todos modos, la agencia de inteligencia israelí es contundente sobre la participación de Irán. “De toda la información que se ha acumulado durante los años dedicados a investigar los dos atentados perpetrados en Buenos Aires, surge que estos fueron cometidos mediante la cooperación de Irán y Hezbolá“.

“Estas dos partes se unieron y aprovecharon las ventajas relativas de cada de ellas, para lograr su cometido, causando múltiples víctimas fatales y cientos de heridos”, sostiene el Mossad. Y agrega: “Irán fue quien decidió, autorizó y asistió, y el Hezbolá, mediante su aparato de la Yihad Islámica, fue el brazo operacional, convirtiendo la decisión en una acción, poniendo en la práctica los atentados que causaron la muerte y las heridas de numerosas personas inocentes”.

La preparación de los explosivos se le adjudica al ingeniero libanés Malek Ubeid, apodado como “Houssam”. Esa persona estuvo en Buenos Aires previo al atentado y abandonó el país luego del mismo.

El traslado del coche bomba hasta el estacionamiento estuvo a cargo del propio El Reda y de Mohammad Shourba, un operativo libanés que hizo reconocimiento de campo para Hezbolá.

La camionera Ford F-100, tal como estableció la Justicia argentina, fue comprada el 24 de febrero de 1992 en una agencia de autos ubicada en Juan B. Justo 7537. El encargado de esta tarea habría sido Hussein Karaky, identificado como el jefe de la célula. Para adquirir el vehículo utilizó una fotocopia de un documento brasileño número 34031567, a nombre de Da Luz Elias Ribeiro.

Según el relato del dueño de la agencia, el comprador adujo que se dedicaba a la venta de autos y que la camioneta estaba destinada a una persona que residía en la ciudad de Mar Del Plata. El día de la operación Karaky estuvo dos veces en la agencia, con una diferencia de seis horas. En la segunda utilizó anteojos de sol y una boina para taparse la cara.

La investigación judicial por el atentado nunca tuvo detenidos y en los últimos años acumula escasos avances. Dos órdenes de captura ordenadas en 2015 por la Corte Suprema de Justicia y una serie de exhortos al exterior fueron los últimos movimientos, pero estas personas se mantienen escondidas y luego de 30 años ya deben haber muerto o retirado.

El conductor suicida (abajo a la derecha) aparece como parte de la unidad operativa en Buenos Aires El conductor suicida (abajo a la derecha) aparece como parte de la unidad operativa en Buenos Aires.

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Muerte de bebés en Córdoba: Denuncian negligencia del Hospital y la posibilidad de una asesina serial entre las enfermeras

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Nueve enfermeras han sido apartadas de sus tareas y la muerte de bebés ha frenado. Hay más de 13 casos de bebés que nacieron sanos y que murieron a las pocas horas por exceso de potasio en sangre.

Hace poco menos de una semana se dio a conocer la impactante noticia de que una decena de bebés han muerto en los últimos meses en el Hospital Materno Neonatal, un número excesivamente por encima de la cantidad de muertes que debería tener un hospital infante en el siglo XXI.

El caso es investigado por la Justicia y la Provincia de Córdoba se metió en la causa como querellante, mientras el Ministerio de Salud provincial firmó un sumario administrativo de la maternidad más importante de la ciudad y de toda Córdoba.

Según pudo averiguar La Derecha Diario, nacieron el año pasado 4.640 bebés vivos en el Neonatal e 2021, lo cual es equivalentes al 10% de todos los nacimientos de la provincia, mientras que fallecieron unos 37 niños, con un promedio de tres casos por mes.

En lo que va de este año, ya han habido 28 muertes, 4,6 por mes, un número muy por encima del promedio mensual que tuvo el Hospital el año pasado. Además, todas las muertes del año pasado se pueden atribuir a pacientes prematuros y/o malformaciones congénitas. Pero entre los 28 fallecidos hasta la fecha, por lo menos 13 casos estaban completamente sanos.

Esta decena de casos son investigados no solo por la irregularidad de que un niño que estaba sano muera repentinamente, si no por la coincidencia en la causa de muerte: todos tenían exceso de potasio en sangre que no es compatible con una causa natural de muerte.

En diálogo con especialistas en el tema, un médico nos mencionó que bajo ninguna circunstancia debería darse esa cantidad de potasio a un bebé recién nacido, ni hay posibilidad de que su muerte haya estado vinculada a potasio en mal estado.

Hay dos escenarios: o los enfermeros en el Hospital incurrieron en un grosero caso de mala praxis sin precedentes y a una escala masiva que ya afectó a 1 de cada 3 pacientes neonatos este año, o hay una persona, enfermero o médico, que está provocando la muerte de bebés conscientemente.

En el lugar trabajan 800 personas y hubo 23 separadas del cargo en los últimos meses, según informó el Ministerio de Salud cordobés esta semana. Según se reporta, tras la separación de estas personas, las muertes de los bebés han frenado, y 14 personas apartadas ya han sido reincorporadas después de una investigación interna del Hospital. Según pudo averiguar este medio, hay 9 enfermeros que todavía permanecen suspendidos.

Según reporta LA NACIÓN, el personal está en alerta, pero no habla. La única persona que habló hasta el momento prácticamente confirmó la existencia de un “ángel de la muerte“, como se llama a médicos o enfermeros que matan a sus pacientes.

Se trata de la supervisora de enfermería, Gladys Edith Ríos, quien calificó los hechos como un “genocidio, y le dijo a El Doce TV que tiene pruebas de que “hay una ‘mano negra” entre el personal del Hospital. “Espero que la Justicia haga justicia por estos nenes que nada tienen que ver con lo que está pasando acá”, dijo.

El caso que desató la investigación: la beba de María Martín

Tal como describió LA NACIONfue la noche del 6 de junio la que marcó un punto de quiebre. Hasta entonces había solo tres muertes de bebés nacidos completamente sanos, de embarazos normales y madres sanas. En tan solo 24 horas, hubo varios bebés que involucionaron repentinamente, y terminaron muertos.

Ese 6 de junio nació la beba de María Martín, la mujer que contactó a la prensa y desató tal vez la noticia más triste y preocupante de las últimas décadas. A las seis horas del parto, con ella en la habitación, advirtió que la beba “empieza a descompensarse, a ponerse pálida, con las manos frías, y que no quería la teta”. Las enfermeras se la llevaron y a los minutos regresaron y le preguntaron si se le había caído porque tenía un hematoma en la espalda. La respuesta fue que no, que solo le había cambiado el pañal y nada más.

La beba quedó internada. El hematoma hizo una necrosis, se ulceró la espalda y llegó casi hasta el hueso. Los análisis dieron altos niveles de potasio en sangre y que el hematoma fue producto de un pinchazo. Las autopsias de otros dos bebes fallecidos previamente dieron el mismo resultado. Ya con 3 casos similares, se decidió empezar una investigación y el caso llegó a la prensa.

Estuvo un mes internada. Ahora está bien”, dijo Martín, quien a su vez contó que ese mismo día escuchó que dos bebas nacidas con poca diferencia con la suya también se descompusieron y a los pocos días habrían muerto. También recuerda que una enfermera le sugirió ese día que consultara con un abogado, y le habría dicho que “acá están pasando cosas raras“.

La abogada Daniela Morales y María Martín con su bebé, la única neonata que sobrevivió hasta el momento.

El Hospital es el mejor centro de salud neonatal de Córdoba, y todos los pacientes entrevistados por la prensa en las últimas semanas han hablado maravillas del servicio. Sin embargo, sea mala praxis o un “ángel de la muerte”, esta situación derribaría la reputación de excelencia de la institución y abriría la puerta a una serie investigación de negligencia entre las autoridades.

Según reveló LA NACIÓN, hay una enfermera que está en el centro de la hipótesis principal de la investigación judicial por al menos cinco muertes de bebés, y se está investigando su rol en los otros fallecimientos. En esta hipótesis, la mujer habría actuado con intencionalidad y sería una asesina serial. Esta persona “empezó a trabajar en el Hospital en 2020” y tenía “buenos antecedentes”, según una fuente consultada, y de ser culpable, habría esperado casi 2 años para empezar a matar.

No obstante, hasta el momento no hay imputaciones en el expediente, mientras desde la Justicia y el Ministerio de Salud provincial indicaron que no habrá más declaraciones hasta que se avance con las averiguaciones. El fiscal Raúl Garzón tiene a su cargo la investigación.

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Ya no esconden su socialismo: Facundo Manes criticó al Campo, propuso más proteccionismo y sustituir importaciones

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El referente de la Unión Cívica Radical se mostró como un ferviente partidario de las recetas económicas del siglo XX y minimizó la importancia de la exportación de materia prima. En su lugar, apuesta por las teorías económicas heterodoxas y el “desarrollismo”.

El diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR) y referente del partido en Buenos Aires, Facundo Manes, volvió a insistir en su impronta en contra de la exportación de materias primas.

A pesar de que el campo argentino constituye actualmente la principal fuente de divisas para el país, y mantiene un nivel de competitividad incluso superior a la media internacional en la comercialización de granos, para Manes implica un desperdicio de potencial en materia de crecimiento.

El radicalismo pretende reinstalar el debate para la aplicación de las viejas políticas “desarrollistas” aplicadas en la Argentina a mediados del siglo XX. El modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) encuentra adeptos no solamente en el kirchnerismo sino también en la UCR.

Este análisis contradice las posturas convencionales de la teoría económica más aceptadas por el consenso científico a nivel mundial. El consenso ortodoxo concluye tajantemente que el libre comercio impulsa activamente el crecimiento económico de los países, sin importar la especialización de cada país, e incluso sin importar la existencia (o ausencia) de ventajas comparativas entre ellos.

A pesar de una cierta vocación aperturista durante la administración de Mauricio Macri a partir del avance en el acuerdo Mercosur-Unión Europea, el radicalismo defendió y suscribió el aumento de la llamada “tasa estadística de importación” del 0,5% al 2,5% a principios de 2019.

Más tarde, Alberto Fernández elevó la tasa del tributo hasta el 3% a partir de diciembre de 2019, y lo prorrogó sistemáticamente hasta la actualidad. Se trata de una alícuota general y uniforme a las importaciones.

Manes no ocultó su simpatía por el viejo estructuralismo latinoamericano del siglo pasado, e incluso participó de un acto en potestad del “día del amigo desarrollista”, en conmemoración del natalicio de Rogelio Julio Frigerio. También se sumaron otras personalidades de Juntos por el Cambio como María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Margarita Stolbizer y Rogelio Frigerio (nieto), entre otros.

¿Qué pasó en Argentina cuando se aplicaron las ideas de Manes?

Aunque el proteccionismo en Argentina tiene larga data, el primer precedente “desarrollista” se dio con la presidencia del radical Arturo Frondizi. Bajo su gestión, y en facultad de las mismas ideas que propone Facundo Manes, el Gobierno radical aprobó una reforma arancelaria creando cuatro listas de productos:

Lista N° 1: Suponía un arancel del 0% para una limitada variedad de materias primas, entre ellas el petróleo, el carbón y el hierro.

Lista N° 2: Imponía un arancel del 20% para productos alimenticios, oro, aluminio, arrabio y productos químicos. Muchos de estos productos se encontraban anteriormente exentos del pago de impuestos.

Lista N° 3: Establecía un arancel del 40% para cubiertas, chapas de acero, flejes de hierro, maderas, herramientas, tejidos, instrumentos para cirugía, máquinas y motores.

Lista N° 4: Todas y cada una de las importaciones que no estuvieran comprendidas en las listas anteriores se vieron sujetas a un brutal arancel del 300% sobre el precio CIF de importación. Estos aranceles resultaron prohibitivos en la práctica, haciendo completamente inviable la importación de los productos alcanzados.

Al mismo tiempo, se gravó la exportación de materias primas con una retención del 20% para productos ganaderos, agrícolas y mineros, y un 10% para el caso de ciertos productos especiales. Además, se aplicó un recargo adicional del 15% para la exportación de cereales, llevando la tasa consolidada sobre estos productos hasta el 35%.

Aunque los consumidores se vieron obligados a pagar bienes más caros en el marco de una competencia reducida, los beneficios prometidos por el desarrollismo nunca llegaron. Las industrias desarrolladas artificialmente por la protección no pudieron alcanzar en ningún momento estándares internacionales, y a pesar de permanecer protegidas por décadas, enfrentaron severas dificultades en cada proceso de apertura arancelaria gradual.

La economía cerrada tampoco logró resultados prometedores en materia de crecimiento, y el ingreso por habitante de la Argentina se divorció del tren de los países desarrollados a partir de la segunda mitad del siglo XX

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El Gobierno de Larreta decidió estatizar el sistema de acarreo de vehículos por tiempo indefinido

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Tras las denuncias de corrupción entre las empresas de acarreo y el Gobierno local, Rodríguez Larreta decidió intervenir los servicios y el Gobierno porteño se hará cargo del sistema hasta que se defina una nueva licitación.

El denominado “Frente Anti-Grúas” finalmente consiguió sentar un precedente en contra el sistema de acarreo de vehículos que operaba en la Ciudad de Buenos Aires. La inusual alianza entre el Frente de Todos, los liberales, la izquierda y la Coalición Cívica denunció un entramado de corrupción entre el Gobierno porteño y las empresas de servicio de grúas.

En un principio el Gobierno porteño encabezado por Horacio Rodríguez Larreta se negó a tratar el tema o siquiera darle un mínimo de importancia, pero tras la amenaza de la oposición para alcanzar el quórum propio y romper el blindaje del PRO, finalmente decidió intervenir en la materia.

El Gobierno de Larreta dispondrá la estatización de los servicios de acarreo de vehículos, determinando así el fin del contrato de concesión que tenían las empresas Dakota SRL y BRD Sociedad Anónima, el cual habían obtenido en la década de 1990 y con un primer vencimiento en el año 2001.

Según fuentes trascendidas, el Gobierno porteño no pretendería hacerse cargo de los servicios de manera definitiva, sino que buscaría definir un nuevo llamado a licitación para encontrar empresas interesadas en la administración del sistema, pero no han dado ningún plazo al respecto y por ahora la única respuesta que han dado es que el acarreo será estatal “por tiempo indefinido”.

A pesar de haber formado el frente en contra de la actual administración de los servicios, el referente de Milei de la Ciudad de Bueno Aires y uno de los impulsores del fin de la concesión, Ramiro Marra, criticó la falta de acción de Rodríguez Larreta.

Marra apuntó nuevamente contra el Gobierno del PRO y lo increpó por la falta de capacidad para concretar una licitación lo más rápido posible, en lugar de estatizar los servicios y dejar indefinido los plazos para nuevas licitaciones (en caso de haberlas).

A diferencia de los otros partidos políticos del “Frente Anti-Grúas”, los liberales destacaron la importancia de que los servicios permanezcan en manos privadas, se limitaron a solicitar un cambio de concesión y rechazan tajantemente la administración estatal del sistema de acarreo. 

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