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Se reveló la identidad del terrorista que explotó el coche bomba en la Embajada de Israel en 1992 y mató a 22 argentinos

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Según el informe del Mossad, se trata de Muhammad Nur Al-Din, un libanés de 24 años que fue reclutado en Brasil e ingresó al país a través de la Triple Frontera.

Esta semana, el Mossad, la agencia de inteligencia israelí, concluyó una larga investigación sobre los autores intelectuales y materiales de los dos grandes atentados que el jihadismo cometió en suelo argentino: el ataque contra el Embajada de Israel fue perpetrado el 17 de marzo de 1992 con un balance de 29 muertos y 242 heridos. En tanto, el ataque contra la sede de la AMIA, el 18 de julio de 1994, mató a 85 personas y causó heridas a unas 300 personas.

Si bien el gobierno israelí se mantiene relativamente secretivo sobre las conclusiones, una filtración que reveló el medio Infobae sobre el atentado contra la Embajada de Israel aporta un dato clave: la identidad y la imagen del conductor suicida.

Se trata de Muhammad Nur Al-Din, un libanés que al momento del atentado tenía apenas 24 años, la edad promedio de un miembro de bajo rango de la Yihad Islámica, el brazo armado del Hezbolá, el grupo terrorista iraní-libanés que planificó el ataque.

“Siguiendo la tradición árabe, las personas reciben su nombre en base a tres nombres: su nombre personal (Muhammad), el nombre de su padre (Nur Al-Din) y su apellido (Nur Al-Din). De aquí que su nombre completo según los registros era Muhammad Nur Al-Din Nuer Al-Din”, detalla el informe.

El mismo documento aporta una foto del suicida. Esa imagen fue publicada en noviembre de 1992 en el periódico libanés AI-AHD, donde se afirmaba que había muerto en la guerra de Serbia, combatiendo para los kosovanos. Un clásico de Hezbolá, que a diferencia de otros grupos como ISIS o Al-Qaeda, siempre trata de ocultar la identidad de sus terroristas para que sus familiares no sean atacados por el Mossad en retribución.

En un lamentable accionar de la justicia argentina, luego de 30 años de investigaciones locales, el nombre del suicida no figuraba en los expediente judiciales. Apenas se lo menciona en un legajo paralelo a la causa de la AMIA, por entonces a cargo de Juan José Galeano. Ese legajo investigaba las actividades en la Triple Frontera e identificaba el ingreso ilegal de varias personas vinculadas al Hezbolá, pero en ningún momento se lo vinculó al ataque a la Embajada.

Muhammad nació en el Líbano en 1968, pero se mudó en su adolescencia a Foz de lguazú, Brasil. Allí, Muhammad habría sido reclutado por una persona identificada como Farouk El-Omeiri, quien tenía lazos estrechos con Hezbolá.

El joven que mataría a 22 argentinos fue trasladado a Buenos Aires por un miembro de la Yihad Islámica, a través de la Tripe Frontera, el mayor colador de inmigrantes ilegales al país, desde hace décadas.

Según el informe, entre el 14 y el 17 de marzo, José Salman El Reda, hermano del líder terrorista Samuel El Reda, que tiene pedido de captura vigente por el atentado a la AMIA, se ocupó de la estadía del suicida en una “casa segura” y lo llevó a reconocer el estacionamiento donde estaba escondido el coche bomba. Juntos también habrían estudiado el recorrido hasta la puerta de la Embajada.

De acuerdo a la causa judicial de la Embajada, José Salman El Reda, había sido detenido y procesado por la justicia federal de Rosario por una importante cantidad de dólares falsificados – conocidos como “super dólares”, que eran usados para financiar las actividades terroristas de Hezbolá en la región.

Según el servicio de inteligencia de Israel, el 17 de marzo a las 14:42 el joven suicida libanés retiró la camioneta del estacionamiento ubicado en la calle Cerrito (entre Juncal y Arenales), y la condujo hasta la puerta de la embajada. Tardó entre 4 y 5 minutos hasta llegar a Arroyo 916.

El coche bomba se preparó en una casa ubicada en la provincia de Buenos Aires, en un lugar no identificado. La persona encargada de alquilar esa vivienda habría sido el propio Samuel El Reda. Lo hizo mediante un documento falso a nombre de un ciudadano brasileño identificado como Antonio Hadad, que no existe.

La investigación judicial confirmó que hubo 22 fallecidos: nueve empleados y funcionarios de la Embajada, tres albañiles y dos plomeros, un taxista y tres peatones, un sacerdote de una iglesia vecina y tres ancianos que se alojaban en una residencia a pocos metros. Sus nombres quedaron retratados en una placa en la plaza seca que se levantó en el lugar del ataque. Solo 4 de ellos eran israelíes, el resto argentinos (tres con nacionalidad boliviana, uno con uruguaya, otro paraguaya y uno la italiana).

El inmueble alquilado por El Reda también se habría utilizado para guardar los explosivos. “El pago del alquiler se hacía por adelantado, en dólares y en efectivo. Es lógico pensar que quien le alquiló a Salman el inmueble conoce su rostro ya que ha sido publicado, pero no ha acudido a las autoridades, quizás por temor. Esta persona es inocente, y no tiene ninguna conexión con Hezbolá simplemente alquilo ese inmueble a una persona que hizo un buen pago por el mismo”, sostiene el Mossad, lo cual desmitifica que hayan tenido un contacto local de nacionalidad argentina que los ayudó a sabiendas.

De todos modos, la agencia de inteligencia israelí es contundente sobre la participación de Irán. “De toda la información que se ha acumulado durante los años dedicados a investigar los dos atentados perpetrados en Buenos Aires, surge que estos fueron cometidos mediante la cooperación de Irán y Hezbolá".

"Estas dos partes se unieron y aprovecharon las ventajas relativas de cada de ellas, para lograr su cometido, causando múltiples víctimas fatales y cientos de heridos”, sostiene el Mossad. Y agrega: “Irán fue quien decidió, autorizó y asistió, y el Hezbolá, mediante su aparato de la Yihad Islámica, fue el brazo operacional, convirtiendo la decisión en una acción, poniendo en la práctica los atentados que causaron la muerte y las heridas de numerosas personas inocentes”.

La preparación de los explosivos se le adjudica al ingeniero libanés Malek Ubeid, apodado como “Houssam”. Esa persona estuvo en Buenos Aires previo al atentado y abandonó el país luego del mismo.

El traslado del coche bomba hasta el estacionamiento estuvo a cargo del propio El Reda y de Mohammad Shourba, un operativo libanés que hizo reconocimiento de campo para Hezbolá.

La camionera Ford F-100, tal como estableció la Justicia argentina, fue comprada el 24 de febrero de 1992 en una agencia de autos ubicada en Juan B. Justo 7537. El encargado de esta tarea habría sido Hussein Karaky, identificado como el jefe de la célula. Para adquirir el vehículo utilizó una fotocopia de un documento brasileño número 34031567, a nombre de Da Luz Elias Ribeiro.

Según el relato del dueño de la agencia, el comprador adujo que se dedicaba a la venta de autos y que la camioneta estaba destinada a una persona que residía en la ciudad de Mar Del Plata. El día de la operación Karaky estuvo dos veces en la agencia, con una diferencia de seis horas. En la segunda utilizó anteojos de sol y una boina para taparse la cara.

La investigación judicial por el atentado nunca tuvo detenidos y en los últimos años acumula escasos avances. Dos órdenes de captura ordenadas en 2015 por la Corte Suprema de Justicia y una serie de exhortos al exterior fueron los últimos movimientos, pero estas personas se mantienen escondidas y luego de 30 años ya deben haber muerto o retirado.

El conductor suicida (abajo a la derecha) aparece como parte de la unidad operativa en Buenos Aires El conductor suicida (abajo a la derecha) aparece como parte de la unidad operativa en Buenos Aires.

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La diputada libertaria Silvia Malfesi busca derogar el SIRCREB, el sistema de cobro del impuesto a los ingresos brutos

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Oriunda de la ciudad de Rosario, Malfesi es la presidente del Partido Libertario Santa Fe y legisladora provincial desde el 2023. Es la única defensora del Gobierno Nacional en la Legislatura santafesina.

Esta semana los libertarios dieron un fuerte paso en su agenda con la presentación formal de la diputada Silvia Malfesi, la única miembro de La Libertad Avanza en la Legislatura santafesina, para derogar el SIRCREB en la provincia.

La presidente del Partido Libertario presentó un proyecto en la Cámara de Diputados de Santa Fe que busca que la provincia se baje del sistema de recaudación y control de acreditaciones bancarias al que adhiere para unificar el cobro de impuestos a los Ingresos Brutos.

SIRCREB: Historia de un robo institucionalizado

Uno de sus puntos más polémicos es, sin lugar a dudas, el hecho de que dicho acuerdo permite al Poder Ejecutivo Provincial ejecutar las deudas que el contribuyente mantiene mediante el cobro de las mismas de forma automática a través de detracciones de su cuenta bancaria, sin previa intervención judicial. Este cuestionable método de cobros es lo que Malfesi considera que convierte al SIRCREB en una “regulación perversa e inconstitucional”.

Es debido a esto, a través de un proyecto presentado el pasado jueves 13 de junio, se busca derogar el decreto provincial 1148/2008, que establece un sistema de recaudación de Ingresos Brutos y le permite a la administración pública provincial saquear los depósitos de los ahorristas sin autorización judicial, y deja sin efecto la adhesión provincial al SIRCREB.

Según Malfesi: “La Administración Pública Provincial carece de facultades a los efectos de proceder en forma unilateral y por su sola voluntad, a extraer fondos depositados por particulares en bancos o entidades financieras.”. Para ella, esto incurre en una violación de los Artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional, correspondientes a la garantía de inviolabilidad de la propiedad privada y el derecho a la defensa.

De existir una deuda tributaria, para proceder a su cobro se requiere del dictado de un acto administrativo (que, como tal, cumpla con todos sus elementos esenciales previstos en los Artículos 7 y 8 de la Ley Nacional 19549), el cual goza de la llamada ejecutoriedad impropia: es imprescindible que el Poder Judicial sea quien se expida al respecto y dote a la administración pública provincial de los elementos necesarias para proceder con el cobro del monto adeuda.

Una solitaria lucha por la libertad

Este proyecto no es el primero presentado por Silvia Malfesi, sino que es el más reciente de una batería legislativa de carácter libertario que busca eliminar impuestos y regulaciones provinciales.

Desde hace seis meses que viene presentando proyectos de esta índole, como una importante desregulación del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS) y de la obra social de los médicos (Arte de Curar), modificando la afiliación obligatoria por una voluntaria; la eliminación de los impuestos provinciales de la boleta de la luz y la prohibición del cobro de tasas municipales sobre la venta de combustible.

Se trata de una verdadera cruzada libertaria en una Legislatura santafesina controlada por Unidos para Cambiar Santa Fe, el frankestein electoral que llevó a Maximiliano Pullaro como gobernador y que reúne gente del PRO, radicales, socialistas y hasta peronistas. En Diputados, el control absoluto lo detenta el Partido Socialista, dirigido por Clara Garcia y Antonio Bonfatti, ex gobernador de Santa Fe.

En un contexto donde el oficialismo pullarista goza de una mayoría automática, la banca ocupada por Malfesi ha sido la encargada de defender a capa y espada al gobierno nacional, hostigado constantemente por declaraciones conjuntas de los legisladores socialistas, peronistas y de izquierdas;.

El Partido Libertario de Santa Fe se ha dedicado a plantear soluciones liberales a los problemas que sacuden a la provincia, como la crisis de la obra social de los empleados estatales, el aumento del costo de la energía eléctrica (los santafesinos pagan la segunda luz más cara del país), el abuso de los intendentes en el cobro de tasas inconstitucionales a la nafta, investigaciones en torno a la opacidad en el manejo de la Empresa Provincial de la Energía y la eliminación de los costos extras en las contrataciones públicas mediante la eliminación de la nefasta ley denominada “Compre Santafesino”.

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Javier Milei participó en la Cumbre Global por la Paz y le expresó su “máximo apoyo” a Volodimir Zelenski

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El presidente argentino asistió al encuentro y expuso ante más de 50 mandatarios de Occidente sobre la importancia de la paz en el escenario europeo.

Luego de haber finalizado su participación como invitado del G7, el presidente Javier Milei realizó un viaje exprés a Suiza para participar de la Cumbre Global por la Paz que se realiza en ese país, donde los países occidentales le dieron su apoyo a Ucrania, y en especial al mandatario ucraniano Volodomir Zelenski.

Milei fue uno de los que tuvo la oportunidad de dar unas palabras en la Sesión Plenaria de Apertura de la Cumbre, y brindó un breve discurso ante los 50 líderes mundiales que participaron de la convocatoria, en el cual repudió la guerra en el territorio ucraniano, pidió por la paz y destacó como un paso muy importante para Argentina el hecho de haber sido invitado a la jornada.

Quiero expresar en nombre del pueblo argentino nuestro máximo apoyo al pueblo de Ucrania y a nuestro amigo el presidente Zelenski, ya que como defensores de la libertad repudiamos cualquier forma de violencia", empezó explicando.

"Repudiamos la violencia ya sea entre individuos, pero en particular repudiamos la guerra como mecanismo ilegítimo para dirimir los conflictos entre naciones. La guerra, trágica por naturaleza, no puede ser nunca la respuesta a problemas que deben saldarse en la esfera política. No es una herramienta legítima para resolver conflictos; la guerra es el último recurso de un pueblo que debe defenderse, nada más ni nada menos”, señaló el mandatario en su exposición.

En este sentido, señaló que “como defensores de la libertad” los argentinos no pueden abogar por otra cosa más que la paz entre los pueblos y las naciones libres. “Como soy un ferviente creyente en la conciencia filosófica que hay del liberalismo y la paz, hago hoy este breve alegato a su defensa, ya que estas ideas parecen haber pasado de moda. Creo que es un paso importante para la Argentina hacernos presentes primero en la cumbre del G7 y luego aquí en esta cumbre por la paz”, continuó.

Al concluir, destacó que Argentina estará siempre comprometida con la defensa de las ideas que hicieron grande a Occidente y que cree que la paz es condición necesaria para la prosperidad. “Hay una nueva Argentina que abraza una vez más las ideas que hace 150 años la convirtieron en uno de los países más importantes del mundo. Y hay una nueva argentina que busca también recuperar el lugar protagónico en el concierto de las naciones que alguna vez tuvo y que nunca debió haber abandonado”, cerró Milei.

Cumbre de la Paz

El jefe de Estado argentino despegó de Bari pasadas las 9:00 (hora local, las 4 de Buenos Aires) y aterrizó en Zúrich a las 10:30, donde se encontró con su ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, que lo estaba esperando en ese lugar.

Juntos, y con el resto de la comitiva que lo acompañó en el G7, el líder libertario se trasladó hasta la ciudad de Bürgenstock, que ya se encontraba lista y bajo todas las estrictas medidas de seguridad dispuestas por el gobierno local con motivo de este evento.

En esta zona montañosa, que se ubica en medio del Lago de los Cuatro Cantones, en el centro de Suiza, Zelensky encabeza la Cumbre, en la que se va a reclamar por el cese de las agresiones por parte de Rusia hacia Ucrania y el fin de la guerra.

Del acto participan más de 50 mandatarios de distintos países, entre los que se encuentran Rishi Sunak (Reino Unido), Emmanuel Macron (Francia), Olaf Scholz (Alemania), Fumio Kishida (Japón), Mark Rutte (Países Bajos), Pedro Sánchez (España), Marcelo Rebelo de Sousa (Portugal), Ulf Kristersson (Suecia), Alexander De Croo (Bélgica), Justin Trudeau (Canadá) y Mette Frederiksen (Dinamarca).

Entre los presidentes latinos, participan de la cumbre Gabriel Boric (Chile), Gustavo Petro (Colombia), Stephan Brunner Neibig (Costa Rica), Luis Rodolfo Abinader Corona (República Dominicana) y Daniel Noboa (Ecuador).

Además, se encuentran allí los titulares de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; del Consejo Europeo, Charles Michel; del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, entre muchos otros representantes y ministros de relaciones exteriores.

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Hoy comienzan las indagatorias de los terroristas que intentaron llevar a cabo un golpe de Estado durante los disturbios en el Congreso

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Los 35 arrestados en la jornada del miércoles comparecerán ante la jueza María Romilda Servini por delitos relacionados con el orden público, sedición y el agravante de acciones terroristas.

Hoy por la mañana, los 35 terroristas detenidos por los disturbios y destrozos ocurridos el miércoles pasado en la zona del Congreso, durante la votación de la Ley Bases impulsada por el gobierno de Javier Milei, comenzarán a ser indagados en los tribunales de la avenida Comodoro Py. El expediente está a cargo de la jueza María Romilda Servini y el fiscal Carlos Stornelli, según confirmaron fuentes judiciales.

En la jornada de ayer, Stornelli los acusó por delitos contra el orden público, sedición y el agravante de acciones terroristas, en concordancia con la posición pública expresada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien decidió no presentar una querella a pesar de esta imputación. Posteriormente, Stornelli solicitó sus prisiones preventivas.

En el operativo del miércoles participaron 1500 efectivos, incluyendo personal de la Policía de la Ciudad y las cuatro fuerzas federales, según estimaciones de fuentes oficiales. Durante el operativo, diputados como Carlos Castagnetto, Eduardo Valdés y Leopoldo Moreau fueron afectados por gases lacrimógenos, mientras intentaban defender a los delincuentes. Además, ocho policías resultaron heridos con lesiones leves. Diez manifestantes violentos fueron atendidos en hospitales porteños como el Castagneto y el Ramos Mejía debido a queratitis ocular provocada por gas pimienta o golpes de tonfas. Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, estimó en 278 millones de pesos los costos de las reparaciones por los destrozos ocasionados.

Los acusados, 13 de ellos detenidos por la Policía Federal y otras fuerzas federales, y los otros 22 por la fuerza porteña, fueron arrestados en flagrancia por una variedad de delitos, según información proveniente de fuentes policiales durante las horas de la protesta. Lucas Ezequiel Bálsamo y Dylan Gustavo Gómez, ambos desempleados y vecinos de Isidro Casanova en La Matanza, fueron apresados por la Policía Federal Argentina (PFA) bajo la acusación de robo de pertenencias metálicas de un auto incendiado. David Sica, de 33 años, se encontraba en situación de calle según su propio testimonio.

Cristian Fernando Valiente, de 41 años y originario de Buenos Aires, ex trabajador de un supermercado chino, fue arrestado con una lata de gas antitumultos fabricada por Fabricaciones Militares. Según fuentes policiales, Valiente había sido detenido previamente en comisarías porteñas por presuntos robos y posesión de estupefacientes.

Patricia Daniela Calarco Arredondo, de 39 años y residente en Llavallol, empleada de una empresa marplatense, fue detenida por presuntamente incendiar una serie de bicicletas propiedad del Gobierno porteño. Aún no se ha especificado qué delitos específicos se les imputarán a cada uno de los detenidos, aunque se conoce el planteo general de Stornelli al respecto. Hasta el momento, se desconoce si entre los acusados se encuentran los terroristas que incendiaron rápidamente el vehículo de Cadena 3 durante el intento de golpe de Estado, ni si han sido identificados.

En horas de la protesta, circuló entre jefes policiales una lista que incluía más de 50 organizaciones que participaron en las manifestaciones. La mayoría de los mencionados eran sindicatos, partidos de izquierda y organismos de derechos humanos, a los cuales pertenecen varios de los detenidos, muchos de ellos sin antecedentes previos en comisarías porteñas.

Juan Ignacio Spinetto, detenido por la Policía de la Ciudad, es delegado del sindicato docente ADEMYS. El sindicato expresó en sus redes sociales: "Libertad inmediata a Juan Ignacio Spinetto, afiliado y delegado de nuestro sindicato. Basta de perseguir a los que luchan".

Sasha Jazmín Lyardet, de 24 años y residente en Pilar, Nicolás Mayorga y Camila Juárez Oliva son estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), según confirmó Carlos Greco, rector de la institución.

Nicolás Mayorga es estudiante de Ciencias Políticas. Sasha Jazmín Lyardet también es parte del MST, integrado en el Frente de Izquierda, que ha emitido un comunicado en redes sociales pidiendo su liberación.

En su planteamiento, el fiscal Stornelli dictaminó que el caso analiza las acciones y conductas "en algunos casos bajo una posible forma organizada, tendientes a incitar a la violencia colectiva contra las instituciones, imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, infundir temor público y provocar tumultos o desórdenes, al mismo tiempo que se erige como un posible levantamiento contra el orden constitucional y la vía democrática, con el propósito de perturbar y/o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de las facultades constitucionales de los representantes de la Cámara Alta del Congreso, quienes estaban en sesión."


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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