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Tests defectuosos: el nuevo escándalo en el mundo que solo es aprobado por Argentina

Tanto el Ministerio de Ciencia como miembros del Conicet determinaron que los nuevos tests que llegaron al país desde China son defectuosos y que son los mismos que fueron prohibidos en otras partes del mundo, sin embargo, el gobierno ha decidido seguir utilizándolos.

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Haciendo caso omiso de las malas experiencias de España, Reino Unido y la India, el gobierno argentino aceptó la donación hecha por la empresa “Petroquímica Cuyo” de 170.000 tests rápidos provenientes de China, de los cuales se probaron ya 1.200 y solo dieron positivo ocho casos, es decir, un 0,66%, según información ofrecida por el diario La Nación. 

La tasa de positividad para Argentina ronda el 20%, combinando todos los métodos de testeo, esto es 2 de cada 10 tests sale positivo. Por lo tanto, una positividad del 0,66% en una muestra totalmente aleatorizada rápidamente permitió identificar que estos 170.000 tests son defectuosos.

Estas pruebas provenientes de China se llegaron a utilizar en las estaciones de Constitución, Retiro y Once, donde más casos deberían de identificarse, pero el estudio fue un fracaso.

“Estamos iniciando la primera etapa de un estudio serológico en puntos de la Ciudad. Es un estudio voluntario en el que sacaremos una gota de sangre y haremos un test para verificar si han tenido contacto con una persona que tenga el virus. No es un estudio diagnóstico y es importante que la gente lo sepa, esto solo permitirá conocer la situación en otros lugares del país. Serán 400 test serológicos que serán realizados a ciudadanos que no presenten síntomas y dura aproximadamente 15 minutos”, indicó una portavoz del Ministerio de Salud en una rueda de prensa ofrecida el 24 de abril. 
Además agregó que “en caso de que se registre un positivo sería una buena noticia, porque significa que las personas han podido transitar con el virus sin tener algún síntoma o contacto con el sistema de salud porque, a diferencia de otros países del mundo, en Argentina se desconoce cual es la circulación del virus“.

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“El ministro estrella”, el único que los aprueba

A pesar de que se ha demostrado que estos test están defectuosos el ministro estrella de Alberto Fernández, Ginés González García, en vez de devolverlos, ordenó “redefinir la estrategia sanitaria para analizar la circulación viral”, teniendo en claro las limitaciones del producto. O sea que no se descartarán y seguirán siendo utilizados con otra estrategia. Una estrategia que de seguro no servirá para nada ya que esos tests no sirven para nada.

El Ministerio de Salud resolvió que los tests no iban a ser utilizados para IgM (por su baja sensibilidad a la infección reciente) y solo se mediría por IgG para medir en sangre los anticuerpos, por lo que el criterio de inclusión es no haber tenido síntomas, al menos, en los 21 días anteriores”, dijeron fuentes del ente gubernamental a La Nación.

La Cámara Argentina de Laboratorios de Análisis Bioquímicos (Calab), el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, y la Unidad COVID-19 conformada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Conicet y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación se expresaron contra de este nuevo plan de González García.
Según una investigación realizada por la Unidad COVID-19, los tests “pertenecientes a la firma china Zhuhai Livzon Diagnostics, no son recomendables ya que presentan problemas de lectura sobre el segundo anticuerpo del coronavirus, o sea una débil detección de IgM”. Para variar, los tests donados de China pertenecen a esta empresa.

“La Unidad COVID-19 realizó un ensayo sobre los tests, con las siguientes conclusiones: débil detección de IgM. NO SE RECOMIENDA SU USO. Para IgG, se detectó con las tiras el 80% de las muestras positivas por la técnica Elisa. Pero es importante resaltar que el 50% de esas detecciones dieron bandas muy tenues. Se deben esperar diez minutos para realizar la lectura, que esta se realice con buena luz y considere tenue como positivo”, determinó la evaluación oficial realizada.

Esto no debería sorprender a ningún funcionario del gobierno. La Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica denunció el pasado 27 de marzo que miles de test comprados a China por medio de otra empresa llamada Bioeasy arrojaron una gran cantidad de falsos negativos. 
Nos dieron 8.000 tests sin haberlos validado”, denunció un funcionario.  

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US$ 700.000 tirados a la basura

La empresa Petroquímica Cuyo gastó US$ 700.000 de sus propios fondos en comprar 170.000 tests a China tras recomendación de la embajada Argentina. El proceso de compra y venta duró aproximadamente dos meses por la alta demanda.

“La adquisición fue coordinada con las autoridades del Ministerio de Salud, quienes dispondrán de la totalidad del material donado y decidirán sobre su uso”, indicó la empresa en el comunicado del 20 de abril.

El costo de cada kit fue de 4 dólares, y llegó al país en vuelos sanitarios de Aerolíneas Argentinas. Según refleja La Nación, los laboratorios privados suelen pagar alrededor de 500 pesos por test rápido.
El Ministerio de Salud argumentó que estos tests “eran lo mejor que había en el mercado en ese momento“, y por ende no decidirá devolverlos a pesar de que hayan sido rechazados por la mayoría de organizaciones de salud argentinas.
Cabe destacar que hace dos semanas la India prohibió su uso y devolvió los productos Livzon por considerarlos “poco confiables“.

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“Vamos ganando” porque no se está testeando

En reiteradas ocasiones el presidente Alberto Fernández y el ministro Ginés García han asegurado que Argentina le está ganando la batalla al coronavirus, a diferencia de países como Suecia o Chile, sin embargo las pruebas e investigaciones apuntan a todo lo contrario. 
Desde hace un mes los medios de comunicación han denunciado que no se están haciendo las suficientes pruebas que se deberían realizar a pesar de “todos los esfuerzos” llevados a cabo por el Ejecutivo, y ahora, que se busca flexibilizar la cuarentena, los expertos hacen hincapié en la importancia de los testeos para poder controlar los contagios. 
Hace un mes Sandra Pitta, biotecnóloga del Conicet explicó que “posiblemente estemos en cifras iguales al resto del mundo, pero no se están haciendo los testeos necesarios ni se están eligiendo las poblaciones adecuadas para testear y esto es muy significativo e importante. Por ejemplo, los agentes de salud no son testados y todos deben de ser testados, sin embargo, por ahora no se ha testeado a ninguno”. 

Desde principios del mes de mayo expertos pidieron al gobierno que se realizaran testeos más allá de los casos sospechosos, aumentando así la cantidad de pruebas llevadas a cabo en la Argentina, ya que se estima que el 80% de los infectados de coronavirus no presentan síntomas pero siguen contagiando. Sin embargo el país sigue estando muy por debajo de los niveles de Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay, siendo así uno de los más bajos de Latinoamérica.

Y como siempre el Ministerio de Salud ya tiene la “mágica solución” ante este problema: “los test son un recurso codiciado en medio de la pandemia, por ende, se usarán cuando aumenten los contagios después de que se levante la cuarentena”.

Actualmente Argentina espera flexibilizar su cuarentena, testeando a 330 por cada millón de habitantes, al igual que países como Alemania y Noruega, sin embargo, estos últimos nombrados han seguido una de las más importantes recomendaciones de la OMS para volver a la rutina, que es el testear a la mayor cantidad de personas que se pueda por el millón de habitantes. 

El gracioso pero preocupante gráfico del medio kirchnerista C5N, que muestra la bajísima cantidad de testeos que hace Argentina por millón de habitantes pero con una escala que hace parecer que estamos cerca a los países que mejor están tratando la pandemia.

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Cabe destacar que actualmente Argentina tiene una de las tasas más alta de médicos infectados en todo el mundo y que el 9 de mayo se registraron más de 500 contagiados en las villas porteñas, lo que representaría el 30% de los registrados en la ciudad de Buenos Aires.

Al día de ayer, 11/5, el reporte diario indica que a pesar de la cuarentena obligatoria, los casos de COVID-19 están al alza.

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Larreta y Moyano llegan a un acuerdo para mantener el acarreo porteño en manos del Estado

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El Gobierno de la Ciudad le pagará $4 millones de pesos a los 500 trabajadores de acarreos de Dakota y BRD, que pasarán a la órbita de la estatal SBASE.

Después de que la oposición en la Ciudad de Buenos Aires encontrara un posible caso de corrupción en el acarreo de grúas y elevara una ley para cambiar el régimen de acarreo, que tenía los precios de la concesión atrasados más de una década y se estaba pagando una suma insignificante para uno de los servicios más rentables de la vía pública, Larreta decidió “solucionar” el conflicto estatizando el sistema.

Desde el 1° de octubre, los 500 trabajadores que realizaban los trabajos de grúas para las empresas Dakota y BRD pasarán a la órbita de SBASE, una sociedad del Estado porteño que administra los subtes y que está en convenio con Camioneros.

El pase a las manos del Estado generó un choque con Hugo Moyano, quien exigió la aplicación de la “Ley Moyano“, que requiere que todos los afiliados al Sindicato de Camioneros reciban una indemnización cuando su empresa cambia de dueños, aunque no existe una normativa que lo requiera.

El sindicato amagó con declararle la guerra al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por “querer precarizar el salario de 500 trabajadores que realizan los trabajos de grúas y remolques y sacarlos del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89″, según explicó Pablo Moyano, pero, como siempre, finalmente terminaron llegando a un acuerdo.

Larreta asegura que “pronto se llamará a una licitación”, pero ya pasaron varios meses y no hay novedades. Este acuerdo con Moyano, negociado personalmente por la secretaria de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad, Manuela López Menéndez, y el subsecretario de Trabajo, Ezequiel Jarvis, indica que el acarreo estatal durará un tiempo largo.

Para lograr esto sin problemas con Moyano, Larreta accedió a pagarle a cada uno de los 500 empleados una indemnización de $4 millones de pesos, con un costo toal de $2.000 millones que saldrán del bolsillo de los contribuyentes porteños.

La llamada “Ley Moyano” es una exigencia que no está contemplada en la legislación, pero que el Sindicato de Camioneros viene consiguiendo desde 1998. Básicamente, implica que una empresa que ganó una concesión de servicios despida al personal, lo indemnice y lo vuelva a contratar para poder acceder a esa concesión, lo cual incluye al Estado cuando un servicio se estatiza.

Una investigación publicada en julio pasado en el medio Infobae, realizada por Iván Ruiz, Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli, reveló que Dakota y BRD tenían la concesión vencida hacía 20 años y sólo pagaban $55.000 de canon mensual, aunque recaudaban millones de pesos todos los días.

Los liberales, los kirchneristas y la Coalición Cívica en la Legislatura porteña se unieron en lo que fue llamado coloquialmente como el “frente antigrúas“, que impulsaban una sesión especial para suspender el sistema de acarreo.

Sin embargo, Larreta convenció a los cívicos de evitar esa votación con la estatización del sistema, que apoyaron en un primer momento, aunque ahora luego Lilita Carrió criticó duramente por este acuerdo con Moyano.

Por el momento, la operación del servicio de grúas será de AUSA (Autopistas Urbanas Sociedad Anónima) y los empleados dependerán de SBASE con el mismo salario, adicionales y condiciones de trabajo, además de esta insólita “indemnización“.

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Abrupto giro a la derecha en la Universidad Di Tella: Ambos partidos que disputan el Centro de Estudiantes se oponen al progresismo

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Tras varios años de hegemonía progresista, las listas más propensas a ganar el centro de estudiantes muestran signos de cambio de rumbo en su alumnado. La lista oficialista, anteriormente asociada al larretismo, presenta un candidato abiertamente hacia la derecha.

Vientos de cambio soplan en la Universidad Di Tella, que se convirtió en los últimos años en la institución típica del establishment. Mientras que las autoridades de la UTDT continúan impulsando una agenda progresista en materia de charlas e iniciativas académicas, son los alumnos quienes muestran su disconformidad por el rumbo que toma la universidad.

Actualmente dos listas principales disputan la presidencia del Centro de Estudiantes de Di Tella (CEDIT). La lista Movimiento Estudiantil del Nuevo Encuentro Mayoritario (M.E.N.E.M.), se perfila como la favorita a ganar la contienda electoral. En una nota previa de La Derecha Diario, consultamos a algunos de sus miembros sobre la impronta de su lista.

Se identifica en ellos un perfil de tinte liberal, y de carácter no tan ideológico como podría indicar su nombre. De acuerdo a los fundadores del espacio, su lista surge en respuesta a un CEDIT de poca utilidad para los alumnos y no como una reacción doctrinaria.

“El CEDIT no brinda suficientes herramientas de apoyo a los alumnos. Es como que actualmente se utiliza para hacer política personal. Buena parte de las charlas organizadas son con políticos, y rara vez sobre experiencia profesional o sobre adquisición de herramientas” afirma un estudiante de la agrupación M.E.N.E.M.

Por otro lado, está la lista ADN Di Tella, agrupación oficialista que lleva tres años al frente al CEDIT, pero que presenta este año un cambio rotundo de agenda en relación con años anteriores.

Probablemente en un intento de contener votos por derecha, la lista tiene por candidato a presidente a Valentino Díaz, quien públicamente ha manifestado sus preferencias ideológicas sin filtro.

En una crítica explícita a George Soros, Díaz, el candidato de ADN Di Tella, tuiteó “te quieren meter el aborto y sus 1025 géneros por la ventana” y cierra con “La doble moral de la sociedad abierta“, en una clara referencia a las fundaciones de Soros, Open Society.

Díaz en una declaración contra las Open Society Foundations

Valentino Díaz, de tan solo 20 años, es un estudiante de segundo año de la Facultad de Economía, quien se presenta por primera vez a la presidencia.

Su ferviente oposición al aborto, las políticas de género, y la intervención de fundaciones extranjeras en Argentina es una novedad para la lista oficialista, usualmente asociada con el gobierno porteño y las fundaciones progresistas que tiene detrás.

En otro tweet, Díaz reafirma su clara oposición a las ONGs extranjeras y la ideología de género: “No estoy en contra de los homosexuales, pero sí de la doble moral de las ONGs y sus financiadores”.

Quizá la sorpresa más importante es su apoyo al activista político libertario Nicolás Morás, típicamente vinculado a conspiraciones en su canal de YouTube de más de 500 mil suscriptores, donde suele deslizar mentirosas críticas al sionismo y la banca internacional.

Díaz muestra un perfil abiertamente de derecha. Sin embargo, sus dichos dejan entrever preferencias vinculadas a discursos de odio y figuras asociadas a lo peor del populismo. Cabe recordar que Morás está vinculado a RT e HispanTV, medios estatales de Rusia e Irán, respectivamente.

Otra particularidad de la fórmula presidencial de ADN Di Tella es que se trata de una pareja. Valentino Díaz impulsa como candidata a vicepresidente del CEDIT a su novia, quien también manifestó abiertamente su opinión respecto a la ideología de género y la cultura interna de la universidad.

Prevalecieron en la interna unos desequilibrados de ultraderecha” nos dice una estudiante de Relaciones internacionales que prefirió el anonimato. Cabe recordar que hace años que ADN Di Tella profesa el progresismo.

Lo que es seguro es que cualquiera de las dos listas que voten los estudiantes, estarán poniendo un voto por la derecha, y el futuro del CEDIT será contrario a la corriente woke que predomina en las últimas elecciones.

Según pudo averiguar este medio, Juan José Cruces, rector de la universidad, se encuentra sumamente preocupado por el giro hacia la derecha entre los alumnos de la universidad. Cruces debe renovar su banca en 2023, y en su gestión ha impulsado iniciativas de corte progresista, y teme que si mantiene esa línea no pueda reelegir.

En este momento, múltiples universidades muestran la aparición de diferentes expresiones de vientos de cambio. La Universidad Di Tella es solo un espacio más donde han florecido ideas de corte liberal y de derecha. Sin embargo, el simbolismo de una posible victoria de ideas de derecha en una universidad como Di Tella es llamativa por su cercanía a la formación de futuros dirigentes empresariales y políticos.

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El legislador de derecha Nahuel Sotelo pidió que repriman a los gremialistas que frenan la producción de neumaticos

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El diputado derechista Nahuel Sotelo, presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para que el gobernador Axel Kicillof utilice las fuerzas de seguridad en el conflicto con las empresas de neumáticos. 

Nahuel Sotelo en su banca dentro del recinto

Nahuel Sotelo, el diputado provincial bonaerense respaldado por Javier Milei, presentó un proyecto de declaración ante la Legislatura de la provincia para que la Policía bonaerense haga uso de la fuerza y reprima a los militantes gremiales en las fábricas del sector neumático que permanecen en huelga en el marco del conflicto laboral por paritarias que lidera el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna).

El texto del legislador le solicita al gobernador Kicillof que “por intermedio de los organismos competentes arbitre los medios necesarios para que, haciendo uso de sus facultades a través de la fuerza pública, intervenga en el restablecimiento del derecho al trabajo de los empleados de las empresas Bridgestone, Fate, Firestone y Pirelli”.

“La Constitución de nuestra provincia garantiza la libertad de trabajo, industria y comercio a todo habitante y que el bloqueo a las empresas es el resultado de un abandono y desprotección de dicha libertad”, señaló Sotelo. “Es hora de que, en nuestro país, comience a respetarse la ley por sobre la violencia y el avasallamiento de los derechos que provocan el bloqueo de estas empresas, generadoras de miles de puestos de trabajo en nuestra provincia”, agregó.

Ante esta situación extrema solicitamos y apoyamos el accionar de la policía de la provincia para que las fábricas retomen el orden y los trabajadores puedan volver a sus puestos de trabajo, continuando la producción y favoreciendo a una industria que genera miles de puestos de trabajo que hoy están en riesgo”, completó Sotelo.

Según Sotelo, “hay que hacer una diferencia entre los trabajadores y los sindicalistas extorsivos donde plantean cosas que no están reglamentadas en ningún convenio del trabajo, como el pago del 200 por ciento de las horas extras”.

“Existe el derecho a la huelga pero también está el derecho al trabajo. El gobernador también tiene que mandar a la fuerza pública para garantizar la salud de los que sí quieren trabajar”, dijo el legislador de derecha. A su vez remarcó que “Si lo hace, lo vamos a apoyar pese a que sea del Frente de Todos”.

En las últimas horas, la conducción del SUTNA liderada por Alejandro Crespo, y las empresas del rubro retomaron el pasado miércoles las negociaciones en el Ministerio de Trabajo, luego del cuarto intermedio convenido este lunes ante la ausencia de acuerdo.

No obstante, el ministro de economía, Sergio Massa amenazó con abrir la importación de neumáticos de no hallarse una pronta resolución al conflicto. 

Una historia sin fin

La disputa salarial se detonó la semana anterior luego de no encontrar mutuo acuerdo para cerrar la paritaria, generando que el gremio dicte huelga indeterminada con ocupación de parte de la sede de la cartera laboral, siendo esta segunda medida finalmente suspendida tras una convocatoria de una nueva audiencia entre las partes.

Tras el recrudecimiento de la problemática y la prolongación del paro, las principales empresas automotrices frenaron la producción. Algunos casos son la planta de Toyota en Zárate, que comunicó la interrupción de la fabricación de los vehículos ante la falta de neumáticos, o la planta de Ford en Pacheco, que paró sus dos turnos ya que también se vió afectada por la escasez del insumo.

Anteayer, el SUTNA -que conduce el sindicalista de ultraizquierda Alejandro Crespo- y las empresas de la actividad no habían alcanzado un acuerdo en el Ministerio de Trabajo y pasaron a un cuarto intermedio hasta el pasado miércoles por la tarde, continuando con las negociaciones en busca de pronta una salida a este conflicto que lleva varios meses. Se espera que para el fin de semana encuentren un punto medio.

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