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Vuelven los “gordos de la CGT” a controlar precios: Guzmán sumó el apoyo de la central sindical para la Guerra contra la Inflación

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La sorpresa fue la presencia de Pablo Moyano, el co-secretario de la central gremial, quien después de varios choques aceptó sentarse a negociar con el Gobierno.

El Gobierno Nacional acordó este martes una serie de acciones conjuntas para intentar frenar la suba de la inflación con las autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Las negociaciones las encabezó el ministro de Economía Martín Guzmán, luego de que el presidente Alberto Fernández le pidiera a funcionarios de su gobiernos, gremios y empresarios que se sentarán en una mesa e hicieran “terapia de grupo“.

El acuerdo incluyó una serie de compromisos. Por la parte de los sindicatos, volverán a habilitar a los miembros a salir a controlar el cumplimiento de precios, como hicieron algunos gremios en Córdoba y otras provincias y quedó inmortalizado en fotos que se hicieron virales.

También, la CGT y la UIA prometieron no tomar acciones que ponga en peligro la cadena de suministros, como paros de camioneros, ya que esto presionaría al alza a los precios.

Por su parte, Guzmán habilitará las negociaciones de paritarias antes de las fechas estipuladas, y le dará un margen de maniobra a los sindicalistas para ajustar los salarios en periodos más cortos de tiempo.

Además, según indicaron en Economía, permitirán que los líderes sindicales den su opinión sobre qué productos deben ir en la canasta de primera necesidad, integrada por entre 50 y 60 productos, que tendrán precios cuidados.

Pero los pronósticos sobre el futuro cercano no son alentadores. El consenso de las consultoras más importantes sobre la evolución del Indice de Precios al Consumidor (IPC) es que en marzo saltará casi 6%.

Por lo pronto, el INDEC constató que la inflación se recalentó en febrero, cuando avanzó 4,7% y acumuló un incremento interanual del 52,3%. Fue la marca mensual más alta desde que Alberto Fernández llegó a la Presidencia.

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Se hizo justicia: Cristina fue condenada a 6 años de prisión y se baja de la carrera presidencial del 2023, aunque no irá presa

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“En 2023, no voy a ser candidata a nada, ya no voy a tener fueros”, dijo a los gritos en su defensa después del veredicto por parte del TOF 2.

La vicepresidente Cristina de Kirchner fue condenada esta tarde a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa por la corrupción en la concesión de obras públicas en Santa Cruz conocida como “Causa Vialidad“, la culminación de casi una década de denuncias e investigaciones contra la dirigente más corrupta de la historia argentina.

La sentencia fue laxa, considerando que los fiscales habían pedido 12 años, y solo se la consideró autora del delito de administración fraudulenta, quedando absuelta del delito de asociación ilícita. Sin embargo, marca un antes y un después en la democracia argentina, demostrando que el sistema judicial es independiente del poder de turno y no avala la impunidad.

Cristina así se convierte en la primera ex presidente y primera vicepresidente en el cargo en ser condenada por robarle al erario público. Los argumentos de los jueces tardarán en llegar, sin embargo, ya que disponen de un período de 40 días hábiles para darlos a conocer.

A pesar del ejemplar fallo, Cristina todavía tiene la posibilidad de apelar la decisión judicial, por lo que la sentencia no estará firme hasta que se resuelva en todas las instancias. Esto podría tomar entre 1 o 3 años, dependiendo la celeridad de la justicia y la insistencia de la líder kirchnerista en cuestionar la decisión.

Además, incluso si la sentencia estuviera firme, Cristina actualmente cuenta con fueros por su cargo de Vicepresidente, por lo que no iría presa. Para ello, debería tratarse su desafuero en el Senado, una votación que ya sobrevivió en el pasado cuando se pidió la prisión preventiva y ella todavía era senadora.

El desafuero podría tratarse en cualquier momento en el Congreso, pero para esta causa no tiene sentido por el momento ya que los fiscales, extrañamente, no pidieron la prisión preventiva. Esta decisión fue polémica, ya que no hay dudas que Cristina en libertad puede influenciar la causa o escaparse del país.

Tras la sentencia, Cristina dio un discurso grabado desde su oficina en el Senado, donde a los gritos aseguró que no será candidata a presidente en 2023, una promesa que no suena muy creíble pero por el momento es la única declaración sobre su potencial presentación en las elecciones del año que viene.

“En 2023, no voy a ser candidata a nada, y ya no voy a tener fueros”, anticipó en su defensa. “No voy a someter a mi fuerza política a que la maltraten por una candidata condenada. No voy a ser candidata en el 2023. Pero mascota de usted, Magnetto, nunca. A nada. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo a mi casa”, dijo la jefa del Frente de Todos.

La vicepresidenta argumentó que con el fallo en su contra “buscan disciplinar a la dirigencia política” y agregó: “La condena no son los seis años en la cárcel. La condena real es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos electivos, cuando todos los cargos a los que accedí fueron por elección popular”.

Me van a poder meter presa el 10 de diciembre. Eso sí, siempre y cuando, a algún Caputo de la vida no se le ocurra financiar alguna banda de marginales me peguen un tiro, que eso es lo que quieren. Presa o muerta”, concluyó victimizándose por el reciente atentado en su contra.

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Alberto Fernández da su primera cadena nacional como presidente para apoyar a Cristina, al borde de la condena

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El presidente instruyó al Ministerio de Justicia para que impulse acciones penales contra el grupo de funcionarios que viajaron a Lago Escondido para determinar si se cometió algún delito

El presidente Alberto Fernández dio su primera cadena nacional este lunes para expresar su apoyo a la vicepresidente Cristina Kirchner en la causa Vialidad, que la tiene contra las cuerdas y una condena este martes es prácticamente una certeza.

En su corto discurso, que parecía estar pre-grabado, aseguró que instruyó al Ministerio de Justicia para que impulse acciones penales contra un grupo de jueces, fiscales, funcionarios y empresarios de medios que se habrían reunido en Lago Escondido, quienes según una investigación del diario kirchnerista Página 12 estaban confabulando para arrestar a Cristina.

En una guerra de operaciones de prensa, los diarios ultra-kirchneristas Página 12, Tiempo Argentino y El Cohete a la Luna, publicaron material hackeado de una línea de celular, adjudicada al sitio breached.vc, que muestra un supuesto intercambio de mensajes de audio entre los jueces Julián Ercolini (Juzgado Federal 10), Pablo Yadarola (Penal Económico 2), Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo 9), y Carlos Mahiques (sala II de Casación Penal), el ministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D’Alessandro, quien sería el propietario de la línea, y el procurador de CABA Juan Batista Mahiques.

Según el sitio web patagonianfacts.com, alineado al kirchnerismo, también aparecen en las filtraciones el director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, Pablo Casey, y el CEO del multimedios, Jorge Rendo, quienes, según se desprende de los mensajes de voz difundidos, habrían organizado y solventado el costo del vuelo privado y la estadía posterior en Lago Escondido.

Reunión en Lago Escondido

El viaje de los jueces se habría dado el pasado jueves 13 de octubre en un vuelo de la empresa Flyzar que partió desde el aeropuerto de San Fernando. Llegaron todos juntos en un avión privado al aeropuerto de Bariloche para trasladarse luego a la inmensa propiedad del británico Joe Lewis en las afueras de El Bolsón.

Según los medios kirchneristas, el mismo día los protagonistas crearon un grupo de Telegram para acordar una estrategia de respuesta a la inevitable condena a Cristina Kirchner, que incluía supuestamente presionar a algunos medios para que guardaran silencio y al mismo tiempo planificar una versión unificada para difundir a través de ciertos periodistas.

Este fue el contexto en el que los cuatro jueces, más el procurador Mahiques, D’Alessandro y los directivos de Clarín, Casey y Rendo, se reunieron para elaborar una estrategia unificada para evitar que prospere la denuncia kirchnerista contra los magistrados por el delito de dádivas, que Cristina intentó esgrimir para contraatacar en la causa.

En los mensajes que supuestamente se cruzaron por Telegram, acuerdan que intentarían condicionar a la fiscal federal subrogante de Bariloche, María Cándida Etchepare, para que envíe la causa a los tribunales federales de Capital Federal, en Comodoro Py, donde sería cajoneada.

Alberto le rinde pleitesía a Cristina

Entre los mensajes figura un nombre que complicó a Alberto Fernández y llevó a que hoy tenga que salir con algo tan pesado como una cadena nacional para demostrar lealtad a Cristina. Se trata de Julián Leunda, el actual jefe de asesores del presidente.

El joven de 32 años, que se desempeñó como Director de Asuntos Institucionales de C5N y de Ámbito Financiero, aparece mencionado en los chats por uno de los implicados, asegurando que ya habló con él y que les aseguró que los ayudaría a mantener las reuniones en secreto.

Pablo Casey, director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín y sobrino de Héctor Magnetto, dice: “Gente: me acaba de llamar Julián Leunda. Parecía que hubiera venido con nosotros. Caliente con Kollmann por la nota”. Esto lo dijo en referencia del periodista de Página 12 que publicó originalmente la noticia del viaje a Bariloche.

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Alberto Fernández logra mantener oculta la letra chica de los contratos de las vacunas por US$ 2000 millones de dólares

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El kirchnerismo logró aprobar en la Auditoría General de la Nación (AGN) sin debate un documento que valida los 10 contratos que se firmaron con laboratorios sin mostrar los textos completos.

La mayoría kirchnerista que conforma la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó mantener oculto el texto final de los 10 contratos de compra de vacunas contra el coronavirus por parte del Estado argentino y dispuso que se mantuviera bajo secreto todas las actuaciones de los convenios.

En otras palabras, el Gobierno se negó a mostrar la letra chica de los acuerdos que el Estado suscribió con las compañías farmacéuticas en 2020, y que le costaron al país unos US$ 1.737 millones de dólares.

De esta forma, además, Alberto Fernández logró que no se avance en una auditoría integral sobre sus negociaciones en las compra de las vacunas. Cabe recordar que en un primer momento acordó solamente con la rusa Sputnik, luego con la china Sinopharm, y recién casi un año después, accedió a firmar un contrato con la norteamericana Pfizer y la inglesa AstraZeneca, lo cual generó polémica por parte de la oposición, que denunció intereses económicos de fondo.

Los auditores de Juntos por el Cambio, en minoría, presentaron un dictamen de “rechazo total” al informe del oficialismo, que hubiera requerido mostrar los contratos tal y como fueron firmados.

Sin embargo, el Frente de Todos hizo pesar su mayoría y aprobó el documento sin que se pudiera discutir cuestiones tales como la elección de los laboratorios, los montos que se pagaron y la entrega de las vacunas, entre otras cuestiones.

La decisión de declarar o transformar en reservada es, a mi juicio, infundada y perjudicial y yo podría citar a un destacadísimo cientista político italiano, Giovanni Sartori, que llama la atención sobre una de las principales promesas de la democracia es la transparencia que está siendo afectada por esta circunstancia”, manifestó el jefe auditor de la oposición Jesús Rodríguez.

El equipo de auditores de la oposición, compuesta por Miguel Ángel PichettoAlejandro Nieva y Jesús Rodríguez, asegura que el documento que suscribió el kirchnerismo “autolimita” el accionar de la AGN ya que no les permite realizar un control exhaustivo de los convenios de las compras de las vacunas.

Desde el entorno de los auditores aseguran que en la letra chica que se quería auditar se quería determinar por qué se tardó tanto en firmar el contrato con Pfizer o cuál es el contenido de las cláusulas confidenciales que se firmaron.

En particular la oposición quería conocer la letra chica del convenio con AstraZeneca, quien tuvo diversos incumplimientos que afectaron la campaña de vacunación en la Argentina, y se han denunciado sobreprecios con el productor en el país, Hugo Sigman, dueño del grupo farmacéutico Insud, amigo del entonces ministro de Salud, Ginés González García.

El kirchnerismo usa como argumento para mantener el secreto las cláusulas de confidencialidad que pidieron y firmaron los laboratorios. El Gobierno asegura que no quieren “defraudar” a las grandes multinacionales que esto podría generar demandas por parte de las farmacéuticas.

Diez contratos por 146.000.000 vacunas a cambio de U$S 1737 millones

En total, Alberto Fernández firmó 10 contratos por un total de 146 millones de vacunas que le representaron al país el pago de US$ 1.737 millones de dólares. Entre los sueros adquiridos se encuentra la Sputnik V (Rusia); Sinopharm y Cansino (China); CovidShield (India); AstraZeneca (Reino Unido); y Pfizer y Moderna (Estados Unidos).

Durante la presentación del informe, que comenzó el miércoles a la mañana, la oposición cuestionó la “pobreza” del informe y hasta el propio Pichetto dijo que en el sitio oficial del Ministerio de Salud puede encontrarse mayor información. También hablaron de demoras en la presentación del documento.

En los 30 años de la AGN es difícil encontrar un tema más relevante que este de los contratos”, expresó Rodríguez. Y agregó: “No sólo por la magnitud del esfuerzo fiscal involucrado, si no por las razones que justificaron esas contrataciones. Excepción hecha de las cuentas de inversión que la Constitución nos manda que analicemos”.

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