
Empresarios advirtieron una inflación causada por el incremento salarial del Gobierno
Los privados manifestaron su preocupación por la medida tomada por el gobierno y prevén un estancamiento del sector.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) expresó su rechazo al incremento salarial anunciado por el Gobierno. La medida eleva en un 10% el salario mínimo nacional y en 5% el haber básico. El anuncio fue realizado tras un acuerdo entre el Ejecutivo y la Central Obrera Boliviana (COB).
Para los empresarios, esta decisión generará graves consecuencias económicas y señalan que se tomó sin diálogo ni consenso con el sector privado. Desde el sector consideran que el aumento salarial es el más alto en los últimos ocho años. Aseguran que se impone en un contexto adverso para la economía del país.
Bolivia enfrenta inflación creciente, decrecimiento del PIB y un déficit fiscal elevado. Por ello, la CEPB advirtió sobre una posible reacción en cadena. Según su comunicado, esta medida podría provocar inflación descontrolada y estancamiento económico.
La preocupación se extiende a las pequeñas y medianas empresas, estas unidades productivas son consideradas las más vulnerables ante el alza de costos. La CEPB indicó que muchas de ellas podrían cerrar o reducir personal, esto tendría un impacto directo en la generación de empleo formal. El Gobierno, según los empresarios, será responsable de las consecuencias.
¿Los empresarios deben participar en las negociaciones?

Desde Santa Cruz, la Federación de Empresarios Privados (Fepsc) también criticó la medida. Su presidente, Óscar Mario Justiniano, calificó el incremento como “arbitrario” y afirmó que se adoptó sin consultar a los sectores productivos. Añadió que las pymes están siendo golpeadas por la escasez de dólares y combustibles, alertó además sobre el crecimiento de la informalidad laboral.
La Cámara Nacional de Industrias (CNI) emitió otro comunicado de rechazo en el que denunció que el incremento salarial podría agravar el déficit fiscal. Actualmente, este déficit bordea el 10,9% del PIB. También señalaron que la inflación acumulada a marzo alcanzó el 13,87% y los industriales temen que el ajuste dispare aún más los precios.
El presidente de la Cámara de Empresarios de La Paz, Rolando Kempff, sugirió permitir que cada empresa negocie el incremento con sus trabajadores. Argumentó que la situación económica no permite aumentos generalizados. A su juicio, imponer una escala salarial única puede generar desempleo, espera que los privados sean incluidos en la reglamentación del decreto.
¿Qué medidas se pueden tomar para mitigar los efectos de la crisis?

La CEPB planteó tres medidas para mitigar los efectos del aumento, primero, limitar el ajuste solo al haber básico. Segundo, permitir acuerdos internos entre empresarios y trabajadores. Tercero, autorizar el pago del retroactivo en cuotas hasta diciembre.
Estas medidas buscan aliviar la presión sobre la liquidez de las empresas, pero hasta ahora, el Gobierno no ha respondido formalmente a las propuestas. Los empresarios insisten en que la decisión debe basarse en criterios técnicos. Recuerdan que en los últimos 20 años el salario mínimo aumentó 468%.
Así mismo, denuncian que nunca se consideró la voz del empresariado en estas decisiones. Esto ha llevado a una pérdida de competitividad de las empresas formales. A su vez, se ha generado un entorno propicio para el contrabando y la evasión.
El Colegio de Economistas de Bolivia también cuestionó el enfoque del Gobierno. Su presidente, Jorge Akamine, pidió que el incremento sea coherente con el crecimiento económico y señaló que el aumento solo responde a la inflación acumulada. Criticó que el ajuste se decida por decreto sin consulta tripartita, esto contraviene recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El economista Fernando Romero indicó que la medida tiene motivaciones políticas y señaló que los últimos años, el aumento salarial superó la inflación. Esto generó una falsa obligación estatal de incrementar sueldos cada año. Romero advirtió que esta práctica ya no es sostenible, especialmente en un entorno de contracción económica como el actual.
Desde la Cámara de la Construcción de Santa Cruz, también se expresó rechazo, la entidad aseguró que el ajuste podría frenar inversiones a nivel nacional. Calculan que algunos sectores enfrentarán alzas de hasta 41% en sus costos. Esto afectará la viabilidad de muchos proyectos de infraestructura, el gremio exigió mayor participación del sector en la toma de decisiones.
¿Crear un organismo que trabaje con criterios técnicos?

La Fepsc propuso la creación de un Consejo Nacional del Salario, este organismo tendría representación del Gobierno, empresarios y trabajadores. Su objetivo sería definir ajustes bajo criterios técnicos y también establecería una fecha fija para el incremento anual. De esa forma, se evitarían decisiones unilaterales que perjudiquen la economía.
Pese a las críticas, el Gobierno defendió el acuerdo con la COB. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, afirmó que se busca recuperar el poder adquisitivo, pero evitó referirse a los cuestionamientos de los empresarios. Tampoco mencionó si se evaluarán las propuestas presentadas, la medida ya fue oficializada mediante decreto supremo.
Para los empresarios, este incremento llega en el peor momento, denuncian que el contexto macroeconómico no permite este tipo de decisiones. Insisten en que el país necesita responsabilidad y visión de futuro, reiteran su disposición al diálogo para construir un marco laboral equilibrado. Por ahora, la tensión entre el Gobierno y el sector privado sigue latente.
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