- Aduana Nacional: Bs 1,6 millones (2023–2024).
- YPFB: casi Bs 700.000 entre 2021 y 2023.
- Impuestos Nacionales (SIN): Bs 357.000 en 2023.
- ASFI, ABE, BOA, Ministerio de Obras Públicas y Medio Ambiente, con montos que oscilan entre Bs 46.000 y Bs 200.000.
En total, más de 25 contratos en 13 meses, según la denuncia del diputado Héctor Arce, del ala evista del MAS.
El “favoritismo” de siempre
El diputado denunció un direccionamiento claro de la publicidad estatal hacia un periodista con llegada nacional. “Mientras medios comunitarios agonizan, otros concentran millones en propaganda oficial”, afirmó Arce.
Casos similares se han visto en Ecuador, Argentina y Venezuela, donde la pauta estatal se transformó en una herramienta de control político y censura indirecta.
¿Publicidad institucional o propaganda?
El Gobierno argumenta que los contratos responden a fines “institucionales”. Sin embargo, la repetición, el monto y la afinidad editorial de DTV con el oficialismo alimentan sospechas de propaganda encubierta.
En medio de una crisis económica, con déficit fiscal, inflación y escasez de combustibles, destinar millones a un solo medio privado genera indignación.
El trasfondo político
El caso surge en plena fractura interna del MAS, entre el presidente Arce y Evo Morales. Para muchos, la cobertura mediática de DTV juega un papel clave en esa guerra de facciones.
La pregunta que sobresale es: ¿estamos ante un esquema de publicidad legítima o frente a un mecanismo de propaganda con dinero de todos los bolivianos?
