Luis Arce confesó en una reciente entrevista que no ejecutó la orden de aprehensión contra Evo Morales. Justificó su inacción con el argumento de evitar un enfrentamiento. Afirmó que Morales posee un “equipo armado” que lo protege en el Trópico de Cochabamba.
Esta revelación confirma la existencia de un poder paralelo que opera con total impunidad. El presidente se mostró más preocupado por evitar un “derramamiento de sangre” que por hacer cumplir la ley. Con ello dejó claro que la justicia en Bolivia depende de cálculos políticos y no del Estado de derecho.
Mientras tanto, Morales sigue libre, pese a una acusación por trata agravada de personas. Está acusado de haber tenido una relación con una menor y de haber tenido un hijo con ella cuando era jefe de Estado. Las autoridades no han actuado, y la víctima quedó en el olvido.
Durante la misma entrevista, Arce insistió en que su gobierno preservó la democracia. Dijo que resistió “movilizaciones” impulsadas por Morales, aunque éstas causaron muertes.
Impunidad para los asesinos

El reciente bloqueo de caminos dejó seis fallecidos, entre ellos cuatro policías. Sin embargo, Arce jamás cuestionó a Morales por esas víctimas. Tampoco ordenó su aprehensión por dirigir esas acciones violentas.
Lejos de defender la ley, Arce se victimizó. Asegura haber sido “atacado” por Morales desde que asumió el poder. Según él, el líder del Chapare destruyó el “instrumento político” y la “revolución democrática”.
Aun así, en lugar de sancionarlo, lo protegió. Ese acto solo puede interpretarse como complicidad.
Luis Arce también se refirió a la candidatura de Morales, a quien responsabilizó de dividir al oficialismo. Alegó que no existe proscripción, sino una restricción constitucional. Recordó que el Tribunal Constitucional ya prohibió una nueva reelección.














