Los sectores evistas han manifestado su preocupación respecto a la ley de debate obligatorio, señalando que esta medida busca "opacar" a Evo Morales. El diputado Gualberto Arispe denunció que la iniciativa es una estrategia de la oposición y de sectores arcistas para perjudicar al líder cocalero. Aseguró que el verdadero propósito es sacar ventajas políticas en un contexto en el que Morales, según él, es el candidato favorito.
El debate obligatorio fue impulsado como parte de un compromiso asumido en el Tercer Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia. La normativa pretende garantizar que la ciudadanía acceda a información directa de los candidatos y sus programas. Según la propuesta, los debates deben realizarse dentro de los quince días previos a las elecciones y la participación de los candidatos sería obligatoria.
La falta de asistencia conllevaría sanciones establecidas por el Tribunal Supremo Electoral. Desde el ala evista del Movimiento Al Socialismo, sostienen que la obligatoriedad del debate vulnera derechos fundamentales. El diputado Jhonny Pardo afirmó que esta norma obliga a Morales a realizar campaña cuando él prefiere debatir "con el pueblo".
Además, argumentó que ningún candidato puede ser forzado a debatir bajo un esquema impuesto por la oposición. Enfatizó que este proyecto debería volver a la Comisión de Constitución para ser revisado y ajustado. En la última sesión de la Cámara de Diputados, algunos legisladores pidieron revisar las sanciones establecidas en la ley.
Por su parte, el presidente de la Cámara, Omar Yujra, explicó que es necesario definir las consecuencias para los candidatos que no participen. Destacó que el debate, además de obligatorio, debe ser presencial, lo que ha generado más cuestionamientos desde sectores evistas. Aseguró que se convocará a expertos del Tribunal Supremo Electoral para resolver estas observaciones.
El debate obligatorio ha sido respaldado por más de un centenar de organizaciones que defienden el derecho a un voto informado. La Asociación Nacional de la Prensa y otras entidades han señalado que si el voto es obligatorio, los candidatos deben estar obligados a debatir. Recordaron que en el país no se realizan debates presidenciales hace veinte años y consideran la ley fortalecerá la democracia y la participación ciudadana.
El masismo ha mostrado posturas divididas respecto a esta medida. Mientras que los arcistas respaldan la normativa, los evistas sostienen que es una estrategia política. Arispe insistió en que el debate solo busca desprestigiar a Morales, quien, según él, sigue siendo la principal figura del proceso electoral.
También, añadió que la derecha y el oficialismo intentan debilitar su imagen ante la población. Sin embargo, desde Comunidad Ciudadana sostienen que Morales no debería temer a la ley, ya que está inhabilitado legalmente.
