El debate obligatorio ha sido respaldado por más de un centenar de organizaciones que defienden el derecho a un voto informado. La Asociación Nacional de la Prensa y otras entidades han señalado que si el voto es obligatorio, los candidatos deben estar obligados a debatir. Recordaron que en el país no se realizan debates presidenciales hace veinte años y consideran la ley fortalecerá la democracia y la participación ciudadana.
El masismo ha mostrado posturas divididas respecto a esta medida. Mientras que los arcistas respaldan la normativa, los evistas sostienen que es una estrategia política. Arispe insistió en que el debate solo busca desprestigiar a Morales, quien, según él, sigue siendo la principal figura del proceso electoral.
También, añadió que la derecha y el oficialismo intentan debilitar su imagen ante la población. Sin embargo, desde Comunidad Ciudadana sostienen que Morales no debería temer a la ley, ya que está inhabilitado legalmente.
Omar Yujra reiteró que la norma debe aplicarse de manera igualitaria a todos los candidatos. Explicó que el objetivo es permitir que la ciudadanía tenga acceso directo a las propuestas políticas.
Así mismo, añadió que la penalización para quienes no asistan busca garantizar la seriedad del proceso. Subrayó que la sesión parlamentaria fue suspendida para definir estos aspectos con el Tribunal Supremo Electoral.
El diputado Jhonny Pardo advirtió que la ley impone reglas arbitrarias y genera desigualdad en la contienda electoral. Dijo que Morales ha utilizado siempre su programa de gobierno para explicar sus propuestas directamente al pueblo.
Los sectores evistas han manifestado su preocupación respecto a la ley de debate obligatorio, señalando que esta medida busca "opacar" a Evo Morales. El diputado Gualberto Arispe denunció que la iniciativa es una estrategia de la oposición y de sectores arcistas para perjudicar al líder cocalero. Aseguró que el verdadero propósito es sacar ventajas políticas en un contexto en el que Morales, según él, es el candidato favorito.
El debate obligatorio fue impulsado como parte de un compromiso asumido en el Tercer Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia. La normativa pretende garantizar que la ciudadanía acceda a información directa de los candidatos y sus programas. Según la propuesta, los debates deben realizarse dentro de los quince días previos a las elecciones y la participación de los candidatos sería obligatoria.
La falta de asistencia conllevaría sanciones establecidas por el Tribunal Supremo Electoral. Desde el ala evista del Movimiento Al Socialismo, sostienen que la obligatoriedad del debate vulnera derechos fundamentales. El diputado Jhonny Pardo afirmó que esta norma obliga a Morales a realizar campaña cuando él prefiere debatir "con el pueblo".
Además, argumentó que ningún candidato puede ser forzado a debatir bajo un esquema impuesto por la oposición. Enfatizó que este proyecto debería volver a la Comisión de Constitución para ser revisado y ajustado. En la última sesión de la Cámara de Diputados, algunos legisladores pidieron revisar las sanciones establecidas en la ley.
Por su parte, el presidente de la Cámara, Omar Yujra, explicó que es necesario definir las consecuencias para los candidatos que no participen. Destacó que el debate, además de obligatorio, debe ser presencial, lo que ha generado más cuestionamientos desde sectores evistas. Aseguró que se convocará a expertos del Tribunal Supremo Electoral para resolver estas observaciones.
Omar Yujra presidente de la cámara de diputados
En este sentido, rechazó la idea de que un debate televisado sea la única forma válida de discusión política. Afirmó que el MAS evista seguirá defendiendo el derecho de Morales a no participar.
¿El exdictador le teme al debate?
La ley ha generado cuestionamientos entre evistas y arcistas
El Tribunal Supremo Electoral considera que el debate obligatorio es un mecanismo democrático necesario. Sostienen que la ausencia de debates ha perjudicado el ejercicio democrático en las últimas décadas. Subrayaron que el objetivo es brindar información clara para que el electorado tome decisiones informadas.
En la sesión legislativa también se discutió la posible modificación de la Ley del Régimen Electoral. Se aprobó un proyecto de ley para fortalecer el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Algunos parlamentarios argumentaron que este sistema garantizará mayor transparencia en los comicios de agosto.
El diputado Alejandro Reyes, de Comunidad Ciudadana, rechazó las acusaciones de que la ley busca perjudicar a Morales. Indicó que el debate es clave para el fortalecimiento democrático. Consideró que la negativa de Morales a participar demuestra falta de confianza en sus propias propuestas.
Las tensiones en la Asamblea Legislativa han aumentado debido a las discrepancias sobre esta norma. Mientras el MAS arcista y la oposición respaldan la ley, los evistas mantienen su rechazo. La discusión sobre el endurecimiento de sanciones sigue abierta y será debatida en los próximos días.
El Tribunal Supremo Electoral deberá pronunciarse sobre los ajustes propuestos antes de su aprobación definitiva. Entre tanto, los sectores evistas insisten en que se trata de una estrategia contra Morales. La oposición y otras fuerzas políticas defienden su implementación como una herramienta democrática.
