El gobierno de Luis Arce ha vendido a Bolivia la ilusión de que el litio sería la panacea económica del país. Sin embargo, la realidad dista mucho de las promesas oficiales. La gestión ineficaz y la corrupción en el sector han convertido este "oro blanco" en una carga más que en una bendición.
Desde su asunción, Arce ha proclamado la industrialización del litio como una prioridad nacional. No obstante, los avances han sido mínimos. La Planta Industrial de Carbonato de Litio en el Salar de Uyuni, con una inversión de 756 millones de bolivianos (aproximadamente 109 millones de dólares) reportaba en mayo de 2022 un avance físico del 78% y una ejecución financiera del 66%.
Promesas incumplidas y gestión deficiente
A día de hoy, la planta aún no ha alcanzado su plena operatividad, reflejando una alarmante ineficiencia en la gestión de recursos. A esto se suma la falta de infraestructura vial y energética necesaria para sostener una industria de tal magnitud. La electricidad en Uyuni proviene de plantas termoeléctricas con costos elevados, mientras que países vecinos como Chile y Argentina cuentan con mejores condiciones para la explotación del litio.
En Argentina, por ejemplo, el costo de producción es mucho más bajo gracias a su acceso a energía solar y menor carga impositiva.
Corrupción en el Sector del Litio
La corrupción ha permeado profundamente en el sector del litio. Contratos opacos, licitaciones amañadas y falta de transparencia son la norma. Empresas extranjeras como la china CATL BRUNP & CMOC (CBC) han firmado acuerdos sin claridad sobre los beneficios reales para Bolivia.
Según datos del propio gobierno, Bolivia podría recibir entre el 4% y 7% de las ganancias por la explotación del litio, muy por debajo del 25% que obtiene Chile o el 12% de Argentina.
Además, la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) ha sido cuestionada por su mala administración. En 2023, la empresa anunció con bombos y platillos la venta de sus
primeras toneladas de litio, pero el mercado internacional ya mostraba signos de caída en los precios, dejando al país en una posición poco competitiva.
Un aspecto particularmente escandaloso es el rol de Marcelo Arce, hijo del presidente Luis Arce, quien ha sido varias veces involucrado en la negociación del litio. Existen numerosos rumores de que se ha beneficiado directamente de la corrupción en torno al sector, participando en acuerdos irregulares y obteniendo ventajas económicas indebidas.
A pesar de las denuncias, hasta el momento no se han realizado investigaciones transparentes sobre su participación, lo que genera aún más dudas sobre la honestidad de la gestión gubernamental en el negocio del litio.
