El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, fue mencionado en el audio que evidenció la corrupción institucionalizada en el poder judicial. La grabación revela una coordinación entre autoridades para suspender a una magistrada del TSJ. Pese a ello, Mariaca negó cualquier relación con el caso y descartó su renuncia.
La autoridad masista, reafirmó su inocencia durante una conferencia en Santa Cruz. Según él, pese al audio, no existe vínculo alguno con la red investigada.
El caso, denominado Consorcio, expuso el modus operandi de manipulación judicial. El objetivo habría sido inhabilitar a Fanny Coaquira, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Su lugar sería ocupado por su suplente Iván Campero.
En el audio, se escucha al exministro César Siles hablar con el juez Fernando Lea Plaza. La conversación apunta a una acción coordinada desde altas esferas.
Mariaca insistió en que su nombre fue usado sin fundamento alguno. Aseguró que los fiscales que investigan tienen su plena confianza. “No tengo por qué renunciar”, declaró molesto ante la consulta de la prensa.
La autoridad se muestra preocupada

Acusó a los medios de comunicación de tergiversar su rol. Pidió que se deje actuar a la justicia sin presiones externas.
El juez Lea Plaza fue enviado a prisión preventiva por seis meses. La exvocal Claudia Castro también fue recluida en el COF de Obrajes. Ambos son señalados como operadores clave de la red.
Además, la Fiscalía emitió orden de aprehensión contra Siles. El caso fue declarado en reserva por diez días.
En sus declaraciones, Lea Plaza afirmó haber sido presionado para actuar contra Coaquira. Mencionó reuniones con autoridades judiciales y del Ejecutivo. Dijo que ya estaba decidido que Campero asumiría el cargo.
Entre los nombres que dio están Siles, Castro y Campero. Estas versiones alimentan las sospechas sobre una estructura más grande.
Mariaca es mencionado en el audio

Mariaca no figura como parte de las órdenes de aprehensión hasta la fecha. Aun así, su nombre aparece mencionado en el audio filtrado. Ante esta situación, la senadora Silvia Salame pidió que solicite licencia.
Lo mismo exigió para Baptista y Torrez, también citados. Según Salame, debe evitarse cualquier conflicto de interés.
La legisladora señaló que el presidente del Consejo de la Magistratura también debe apartarse. Justificó su pedido en la gravedad de los hechos revelados.
Salame Manifestó que no importa si los audios son ciertos o no. Mientras se investiga, deben dar un paso al costado. La prioridad, afirmó, es recuperar la credibilidad institucional.










