El TCP negó el recurso de inconstitucionalidad presentado por organizaciones indígenas

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) rechazó nuevamente un recurso presentado por organizaciones indígenas, el pedido buscaba frenar las elecciones de agosto. Según el TCP, el recurso no cumplió los requisitos formales del Código Procesal Constitucional. En su fallo, la Comisión de Admisión señaló la falta de una resolución motivada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), esto impidió un pronunciamiento de fondo sobre el caso.

La acción de inconstitucionalidad había sido presentada por el diputado Josué Ayala, representante indígena del MAS. También contó con el respaldo del precandidato Fausto Ardaya, de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob).

Buscaban habilitar candidaturas indígenas directas para las elecciones presidenciales. Impugnaban artículos de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas. Consideraban que dicha ley vulnera su derecho a participar en elecciones nacionales.

El TCP recordó que, para admitir una acción de inconstitucionalidad, se requiere una resolución oficial del órgano que plantea la duda. Este requisito no fue cumplido por el TSE, que debía fundamentar sus observaciones sobre la ley vigente.

Sin este respaldo, el TCP no puede abrir el análisis constitucional correspondiente. Por ello, decidió devolver nuevamente el trámite a su etapa inicial. Es la segunda vez que ocurre esta devolución.

A pesar de los esfuerzos de los grupos indígenas, el presidente del TSE, Oscar Hassenteufel, ratificó que no podrán participar en los comicios de agosto. Recordó que el artículo 209 de la Constitución limita la participación indígena a cargos subnacionales.

Además, citó el inciso C del artículo 5 de la Ley 1096, que refuerza esta restricción. Por tanto, dijo, no es competencia del TSE cambiar esta normativa. Señaló que cualquier cambio aplicaría en futuros procesos.

La Cidob,  no renuncia a su objetivo y presentó otro recurso de inconstitucionalidad ante el TCP, pidiendo que se suspenda el calendario electoral. Argumentan que la exclusión afecta a 34 naciones indígenas de Bolivia y también solicitaron medidas cautelares para que se inscriba provisionalmente su sigla. Insisten en que su derecho a participar está garantizado por la Constitución.

¿La constitución plurinacional no atendió estos pedidos?

El abogado Luis Enrique Ardaya, representante legal de la Cidob, informó que agotan las instancias nacionales. Anticipó que, de no obtener resultados, acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Así mismo, reiteró que  la exclusión viola derechos fundamentales de los pueblos indígenas y acusó al Estado de incumplir sus compromisos internacionales. Señaló además que existe una "cohesión" de poderes para marginarlos.

La Comisión de Admisión del TCP ratificó que aún hay cuatro recursos más en trámite. Algunos fueron presentados por dirigentes opositores como Miguel Roca y el exmagistrado Gualberto Cusi. Otros cuestionan temas de paridad de género en los binomios presidenciales.

No obstante, el TCP y el TSE afirmaron que ninguna acción impedirá la realización de las elecciones. Sostuvieron que los plazos ya no permiten cambios sustanciales.

Desde el Gobierno, el ministro de Justicia, César Siles, descartó riesgos para las elecciones y aclaró que cualquier eventual fallo solo aplicaría a procesos posteriores. Explicó que el calendario electoral ya está en ejecución y protegido por el principio de preclusión. Señaló que existe una campaña de "intereses oscuros" que busca boicotear los comicios y ratificó el compromiso de respetar el voto ciudadano.

Organizaciones indígenas, sin embargo, mantienen su postura de resistencia, dirigentes del Conniob anunciaron que trasladarán su protesta a La Paz. Exigirán la renuncia de los vocales del TSE, a quienes acusan de discriminación. A su vez, planean solicitar medidas cautelares ante instancias internacionales. 

En paralelo, la Cidob recordó que el TSE se había comprometido a viabilizar la participación indígena. Señalaron que en julio de 2024 hubo un acuerdo en ese sentido y denunciaron que ese compromiso fue ignorado en las recientes decisiones institucionales. Criticaron la falta de voluntad política para abrir espacios electorales inclusivos, advirtieron que no abandonarán su demanda.

Para las autoridades electorales, el marco legal actual no deja margen de acción. Según el TSE, cualquier modificación legislativa debía haberse realizado antes de la convocatoria electoral.

Así mismo, reiteraron que no se puede alterar reglas en pleno proceso e insistieron en que los pueblos indígenas participan en elecciones locales. Aseguraron que sus derechos políticos no han sido eliminados.

El ministro Siles explicó que, de prosperar algún recurso de inconstitucionalidad, su aplicación será futura. Detalló que, incluso si el TCP fallara a favor, ello solo abriría la puerta a reformas legales posteriores.

También, recordó que en el Congreso hay un proyecto de ley para paridad en binomios presidenciales. Sin embargo, hasta ahora no ha sido debatido en el Senado. Concluyó que las elecciones del 17 de agosto están firmemente consolidadas.

Finalmente en Sucre, donde se encuentra el TCP, la vigilia de los grupos indígenas fue levantada. Representantes como Samuel Flores anunciaron nuevas medidas de presión, ahora concentrarán su esfuerzo en el TSE. No descartan ampliar su reclamo a otras instancias internacionales.