La Justicia y distintos organismos oficiales de la provincia de Córdoba intervienen en el establecimiento Sumak Residencia Protegida de Valle Hermoso tras el fallecimiento de un joven internado de 25 años. El inmueble funciona desde febrero de 2025 en el barrio Santa Teresa, dentro de una propiedad con aspecto de pequeño castillo que perteneció antiguamente a Don José Ferrarini. La entidad opera bajo la responsabilidad de Diana Magali Friml, oriunda de la localidad de Casa Grande, y la administración de la familia Friml sin habilitación comercial vigente.
Desde el inicio de sus actividades en febrero de 2025, los habitantes del sector residencial advirtieron ruidos de muebles desplazados y gritos provenientes del interior del edificio. Ante las consultas efectuadas por los vecinos, la Municipalidad de Valle Hermoso comunicó que se había iniciado un trámite de habilitación comercial para un hogar de adultos mayores. Según los registros comunales, el lugar poseía habilitación del Registro de Unidades de Gestión de Prestaciones de Salud, área hoy denominada Dirección General de Regulación Sanitaria del Ministerio de Salud.
Cuando los inspectores municipales acudieron al edificio para realizar las verificaciones técnicas y controlar toda la documentación comercial correspondiente, los responsables del lugar les impidieron ingresar al predio. La gerencia de la institución argumentó motivos vinculados al ámbito de la salud y exigió una autorización expresa del Ministerio de Salud de Córdoba o una orden judicial para pasar. A raíz de esa negativa registrada durante el control, el expediente de habilitación municipal quedó inconcluso y ningún integrante de la administración continuó posteriormente las gestiones administrativas.
Dentro de la residencia falleció Federico Gastón Almada, un joven internado de 25 años que presentaba un trastorno del espectro autista
Funcionamiento interno y muerte del joven
El funcionamiento cotidiano dentro de la residencia se mantuvo bajo estricta reserva mediante un acuerdo de confidencialidad que debían firmar las personas contratadas para prestar servicios en el hogar. El personal encargado de atender las tareas diarias del establecimiento carecía de título profesional habilitante y estaba compuesto por jóvenes de entre 20 y 25 años sin capacitación. En las instalaciones residían 50 personas internadas, en su mayoría jóvenes con patologías vinculadas con consumos problemáticos y varios de ellos bajo disposiciones de carácter judicial vigente.
De acuerdo con los testimonios reunidos sobre el establecimiento, durante ese período se habrían producido varias muertes en distintas circunstancias hasta la jornada del 5 de agosto de 2026. En esa fecha, alrededor de las 16:30 horas, falleció dentro de la residencia Federico Gastón Almada, un joven internado de 25 años que presentaba un trastorno del espectro autista. Su condición de vulnerabilidad imponía adoptar medidas especiales de protección, supervisión constante y prevención adecuada que no estaban garantizadas dentro de la estructura operativa de ese lugar.
El deceso ocurrió en la habitación N° 4 y fue informado a los enfermeros de guardia por otros internos que observaron, por la puerta semiabierta, el torso y una sujeción en el cuello. El inmueble carecía de mobiliario adaptado para esas patologías y el joven fue amarrado a la cama con cintas de cortinas de persianas en piernas, caderas y pecho. Al intentar moverse para liberarse de las ataduras, las cintas se enroscaron en su cuello y el informe forense de la autopsia determinó asfixia mecánica debida a compresión externa.
Las autoridades municipales clausuraron preventivamente el inmueble por 72 horas
Clausura preventiva e investigación en curso
El joven fallecido era sobrino de la legisladora provincial Nancy Almada, quien impulsa actualmente el proyecto denominado Ley Fede en el ámbito de la Legislatura de la provincia de Córdoba. Esa iniciativa parlamentaria en trámite busca garantizar los derechos y la inclusión de las personas con Trastorno del Espectro Autista mediante capacitación obligatoria y un abordaje de tipo integral. El parentesco con la representante legislativa permitió que trascendieran públicamente los detalles sobre las condiciones internas en que operaba la residencia ubicada en el barrio Santa Teresa.
El jueves 19 de agosto se desarrolló un operativo conjunto integrado por la Municipalidad de Valle Hermoso, el Ministerio de Salud de Córdoba y la Fiscalía de Cosquín. En ejercicio de su única potestad administrativa, las autoridades municipales clausuraron preventivamente el inmueble por 72 horas hasta que los responsables completen el trámite de habilitación comercial. En forma paralela, la cartera sanitaria provincial intimó por 72 horas a la entidad para acondicionar el edificio bajo apercibimiento de retirar a todos los internos provinciales alojados.
Por su parte, la Fiscalía de Cosquín, a cargo de la fiscal Paula Kelm, inspeccionó las instalaciones del edificio en el marco de la causa judicial actualmente en curso. Las actuaciones judiciales buscan esclarecer las circunstancias de los fallecimientos registrados en el lugar y determinar las responsabilidades penales de los administradores pertenecientes a la familia Friml. La pesquisa judicial analiza la inexistencia de profesionales de la salud mental en el establecimiento por decisión de sus administradores y las condiciones edilicias en que permanecían las personas internadas.