Una presentación judicial por presunto abuso sexual agravado por el vínculo recayó sobre Omar Ludueña, un empleado de planta permanente de la Legislatura de Córdoba asignado como asesor del bloque de la Unión Cívica Radical. La acción penal fue impulsada por una integrante de su propio entorno familiar y cobró difusión pública tras la divulgación de un escrito en plataformas digitales. La legisladora provincial de la UCR, Alejandra Ferrero, solicitó formalmente el apartamiento inmediato del agente de sus funciones en la bancada, mientras que las autoridades judiciales libraron una orden de restricción perimetral de acercamiento hacia la denunciante.
El acusado registra una trayectoria administrativa en el ámbito público desde su ingreso formal en el año 2011, desempeñándose como dirigente partidario de la seccional 4 de la capital cordobesa. La acusación formal detalla episodios de agresión sexual con acceso carnal que habrían comenzado cuando la víctima tenía 3 años y finalizado al cumplir los 14 años. La denunciante ratificó los términos de la presentación judicial mediante declaraciones brindadas al medio de comunicación Política Córdoba Verdad, donde expuso las circunstancias de los hechos denunciados.
A partir de la trascendencia pública del expediente, el imputado habría intentado entablar comunicación directa con la víctima, lo que derivó en la aplicación inmediata de medidas cautelares de protección. La vinculación institucional del agente con el Poder Legislativo provincial generó inmediatas derivaciones administrativas dentro del espacio político donde prestaba tareas cotidianas. Desde la representación legislativa radical entablaron contacto con el medio Perfil Córdoba para anticipar la decisión institucional de desafectar al agente de la estructura del bloque parlamentario.
Legislatura de Córdoba
Alcance de las repercusiones en el ámbito institucional
El nombramiento en planta permanente del imputado se concretó durante el mandato legislativo ejercido por el exdiputado nacional Rodrigo De Loredo, tras haber ingresado inicialmente en la etapa laboral de la concejal Elisa Caffaratti. Cabe precisar que la acción delictiva tramitada ante los tribunales no involucra de ninguna manera a los mencionados referentes del partido político. La notoriedad de la causa responde estrictamente al cargo administrativo que desempeña el agente dentro del edificio parlamentario y a su actividad previa dentro del espacio partidario.
En sus perfiles personales de redes sociales, el agente solía difundir material fotográfico y mensajes de respaldo orientados a calificar su relación de cercanía con diversos referentes de la UCR de Córdoba. Las autoridades judiciales a cargo del caso ordenaron la recolección de elementos probatorios para determinar la eventual responsabilidad penal en el marco del proceso legal correspondiente. Las actuaciones continuarán su curso en las fiscalías ordinarias a la espera de definiciones procesales respecto de la situación legal del agente legislativo.
Las partes intervinientes remarcaron que las actuaciones recaídas en el fuero penal se encuentran en etapa preliminar de investigación y sujetas al principio constitucional de inocencia. El caso mantiene una amplia repercusión en la opinión pública mientras la causa judicial avanza con la recepción de testimonios e informes periciales. El tribunal interviniente evaluará todas las medidas de prueba para fijar las resoluciones procesales que correspondan a la gravedad de los hechos denunciados.
