El concejal de la ciudad de Córdoba Martín Juez presentó un proyecto normativo ante el Concejo Deliberante para disponer un perdón administrativo sobre las multas labradas a los choferes de diferentes aplicaciones de transporte. La medida impulsada por el edil pretende condonar los montos adeudados por los conductores sancionados y suprimir de manera definitiva el tope de 4.000 vehículos habilitados para prestar servicios de traslado. Esta iniciativa busca dar una respuesta a los trabajadores imposibilitados de incorporarse al marco legal regulado por la ordenanza municipal debido a las penalizaciones vigentes.
Según las mediciones provistas por la Subsecretaría de Tránsito de la ciudad, la cifra de personas sancionadas supera los 11.000 casos registrados en la jurisdicción capitalina. Dentro de ese conjunto de infracciones, en más de 4.000 oportunidades se dispuso el remolque e incautación de las unidades, derivando en multas que se ubican entre los $3 millones, $4 millones y $5 millones. Frente a este panorama de elevadas deudas pendientes, Martín Juez argumentó que la imposibilidad de cancelación impide el cumplimiento del trámite de inscripción ante las dependencias locales.
La propuesta abarca tanto a quienes comenzaron las tareas con anterioridad a la vigencia del cuerpo normativo actual como a aquellos choferes multados por no adecuarse a los requisitos fijados posteriormente. El texto legislativo delimita con precisión que el beneficio perdonará únicamente los montos labrados por ejercer la actividad sin el correspondiente registro oficial. Por el contrario, las infracciones generales de tránsito cometidas en la vía pública mantendrán su plena vigencia, como el cruce de semáforos en rojo o el manejo imprudente con telefonía móvil.
Martín Juez, concejal de Córdoba e impulsor del proyecto
Alcance de las modificaciones y el registro
Los datos reunidos por el edil indican que el mercado real en la ciudad de Córdoba congrega a una cifra que podría superar ampliamente los 20.000 conductores activos en las distintas plataformas. La normativa vigente fija un tope máximo de 4.000 unidades habilitadas, lo cual genera un desfase sustancial entre la demanda laboral existente y el volumen de registros autorizados por la comuna. Frente al despliegue de controles operativos mediante la utilización de drones de la Subsecretaría de Tránsito, Martín Juez se mostró crítico por esta actitud persecutoria a los choferes de aplicaciones.
El proyecto contempla una distinción técnica entre las sanciones aplicadas antes y después del dictado de la regulación aprobada en el ámbito municipal. Respecto del período previo a la ordenanza, el dictamen del Tribunal Superior de Justicia objeta las actas labradas por considerar que la actividad no se encontraba expresamente prohibida por una norma local explícita. Para las actuaciones posteriores, Martín Juez señaló: “Perdonemos, hagamos una amnistía, que el Estado Municipal en esta potestad que tiene de perdonarlo, los perdona y veamos si el cupo se completa o no”.
La finalidad primordial de la iniciativa apunta a remover los impedimentos financieros que bloquean la formalización del sector en el sistema regulado de transporte urbano. El concejal fundamentó que el cobro compulsivo de montos resulta impracticable y sostuvo: “Bueno, pues no se va a inscribir nadie si no pueden ni siquiera pagar las multas”. El tratamiento formal del proyecto de ordenanza demandará los debates correspondientes dentro de las comisiones internas del Concejo Deliberante para evaluar la condonación planteada y la eventual eliminación del cupo de unidades habilitadas.
