La causa judicial que investiga delitos contra la integridad sexual de menores en la localidad cordobesa de Villa de María de Río Seco sumó 3 nuevas detenciones en recientes allanamientos, alcanzando un total de 15 personas privadas de la libertad. Entre las incorporaciones al expediente destaca la aprehensión de un efectivo de la Policía de la Provincia de Córdoba, sobre quien pesa una imputación acumulada por grooming y abuso sexual. Las actuaciones conducidas por la fiscal Analía Cepeda identificaron hasta el momento a 4 víctimas mujeres menores de edad, habiendo prestado testimonio una joven de 16 años sobre hechos iniciados hace un año y medio.
Dentro del grupo de 15 imputados resalta la situación de José Villarreal, exasesor del legislador provincial Ernesto Flores, quien solicitó licencia en la Unicameral tras conocerse los casos de abusos. La acusación formal contra el exasesorparlamentario comprende los delitos de contactación telemática y abuso sexual con acceso carnal cometidos presuntamente en un predio del legislador. Respecto a la eventual vinculación del integrante del cuerpo legislativo, la fiscal Analía Cepeda aclaró: "Por el momento no tenemos necesidad de citar a Flores, la prueba no indica que él supiera de esto".
El resto de las personas apresadas se desempeñan de forma mayoritaria como remiseros o transportistas en esa región del norte provincial. La hipótesis judicial establece que los sospechosos compartían los datos de contacto de las víctimas aprovechando la condición de vulnerabilidad socioeconómica de los entornos familiares. Paralelamente, las autoridades analizan la colocación de dispositivos anticonceptivos subdérmicos a 2 de las 4 menores afectadas dentro de centros asistenciales locales. En el caso de una menor de 14 años, se constató la presencia del padre durante la intervención médica correspondientes.
Ernesto Flores, legislador provincial que solicitó licencia en la Unicameral tras conocerse los casos de abusos por parte de uno de sus asesores
Requerimientos médicos e hipótesis de la investigación
Frente a la aplicación del dispositivo en una víctima de menor edad, la fiscalía envió oficios a dispensarios y centros de salud para reconstruir los procedimientos administrativos. Con el objetivo de delimitar eventuales irregularidades operativas, la fiscal Analía Cepeda explicó: "Hemos pedido la fecha exacta de colocación y el protocolo a seguir en estos casos". La justicia busca establecer la identidad del adulto responsable que acompañó a la niña y verificar el cumplimiento de las normativas vigentes.
Por el momento, las autoridades judiciales descartaron la existencia de una red de trata de personas o una estructura de asociación ilícita entre los involucrados. Las pericias indican que las conductas delictivas se ejecutaron de forma personal, compartiendo únicamente información entre los implicados. Al precisar el encuadre legal de los hechos instruidos, la investigadora judicial remarcó: "Acá no hay una organización para cometer hechos delictivos, sino que hay contactos sexuales o telemáticos en forma individual".
Los 15 detenidos deberán completar sus declaraciones indagatorias durante las próximas semanas para definir sus situaciones procesales de manera individual. El avance de las medidas de prueba mantiene en constante expectativa a los 6.000 habitantes que conforman la población de esta localidad del norte de Córdoba. Las autoridades judiciales continuarán con la toma de testimonios e inspecciones para completar el cuadro probatorio del expediente en curso.
