La gestión de Fernando Rambaldi desestimó la deuda de Colón Punilla S.A. al detectar cobros que duplicaban el consumo real.
La administración de La Calera ratificó que las exigencias financieras de Colón Punilla S.A. carecen de sustento técnico y legal. Según pericias realizadas mediante un medidor judicial, la prestataria habría facturado históricamente el doble del caudal efectivamente entregado. Por este motivo, el municipio reclama un saldo a favor superior a los $1.000 millones en concepto de devoluciones. Esta cifra representa casi el 50% del presupuesto administrativo mensual de la localidad cordobesa.
Desde la intendencia de Fernando Rambaldi calificaron como infundado el reclamo de la firma por supuestos $670 millones en facturas impagas. Los equipos técnicos municipales confirmaron que dichas obligaciones se encuentran dentro de los plazos de pago y no presentan mora. La transparencia administrativa permitió exponer un esquema de sobrefacturación que habría operado desde 2023. El municipio no permitirá el cobro de deudas inexistentes mientras persista este millonario saldo a favor de los contribuyentes.
La prestataria, que gestiona el recurso en 11 ciudades, percibiría pagos por más de $2.000 millones hasta la fecha. Sin embargo, su estructura de costos operativos rondaría apenas los $250 millones, evidenciando márgenes de ganancia desproporcionados. Esta ineficiencia del modelo actual encarece el servicio básico mediante impuestos como el 21% de IVA. La batalla política apunta ahora a recuperar el manejo directo del agua a través del Ente Metropolitano.
La gestión local ya invirtió más de $300 millones de recursos propios en mejoras de red que la firma omitió realizar. Pese a su enorme recaudación, Colón Punilla S.A. ha demostrado falta de capacidad técnica para resolver averías críticas en la infraestructura. El municipio debió intervenir con equipos propios para garantizar la excelencia operativa ante la desidia de la prestataria. El objetivo institucional es sanear un sistema hídrico que ha sido descuidado durante gestiones anteriores.
La Justicia será el escenario donde la administración de La Calera hará valer el saldo a favor de los vecinos. El desplazamiento de la prestataria es la meta de los municipios que buscan reglas claras y seguridad jurídica. Se busca erradicar un modelo que prioriza el cobro de tasas sobre la inversión real en servicios esenciales. La defensa del patrimonio público frente a reclamos infundados marca un cambio de paradigma en la gestión de recursos estratégicos.
