La gestión de Rambaldi denuncia que Colón Punilla S.A. habría facturado el doble de lo consumido según un medidor judicial.
La ciudad de La Calera enfrentó una crisis de desabastecimiento hídrico tras la decisión de la firma Colón Punilla S.A. de reducir la presión de agua a solo 1/3 de su capacidad operativa. La medida, que bajó el caudal de 1.200 a 440 unidades de medida, afectó a miles de vecinos en la antesala de un fin de semana largo. El municipio denunció que la empresa ejecutó esta restricción a los 56 días hábiles, lo que violaría el plazo de 90 días establecido para interrupciones por mora.
Desde la gestión de Fernando Rambaldi aseguran que la provincia habría facturado el doble de lo correspondiente desde 2023. Un medidor instalado por orden judicial habría demostrado que la ciudad recibía menos agua de la que se le cobraba históricamente. Por este motivo, el municipio reclama un saldo a favor superior a los $1.000 millones, cifra que representa casi el 50% del presupuesto administrativo mensual de la localidad.
La prestataria, una Sociedad Anónima que gestiona el recurso en 11 ciudades, reclama hoy $670 millones por facturas que el municipio califica como no vencidas. Se estima que esta empresa privada recauda cerca de $1.000 millones mensuales, mientras sus costos operativos rondarían apenas los $250 millones. Esta diferencia de márgenes expondría la ineficiencia de un esquema que encarece el servicio mediante impuestos como el 21% de IVA.
La fragilidad del sistema quedó en evidencia cuando la rotura de un caño principal dejó a la ciudad sin suministro. Pese a percibir pagos por más de $2.000 millones, Colón Punilla S.A. careció de capacidad técnica para reparar la avería con recursos propios, requiriendo intervención provincial. En este marco, sectores vinculados al anterior intendente, Facundo Rufeil, estarían operando en redes sociales utilizando esta problemática para intentar manchar la gestión actual por un problema de responsabilidad ajena.
Ante la amenaza de un corte definitivo que afectaría a dispensarios y escuelas, el municipio activó medidas de contingencia. El intendente Rambaldi ratificó que no permitirá el cobro de deudas inexistentes mientras se adeude el monto sobrefacturado. La gestión ya habría invertido más de $300 millones de recursos propios en mejoras para la red que la SA no cubrió.
La batalla política apunta ahora a recuperar el manejo directo del agua a través del Ente Metropolitano. Los municipios no alineados al oficialismo provincial ya firmaron el reglamento para desplazar a la prestataria y sanear el sistema. La Justicia será el escenario donde la administración local buscará hacer valer el saldo millonario a favor de los contribuyentes de La Calera.
