Un juicio abreviado cerró la causa contra 12 personas, con penas desde 6 años y un adolescente declarado responsable por un robo.
La Justicia de Córdoba cerró, mediante juicio abreviado, la investigación sobre una organización que vendía estupefacientes dentro del Complejo Carcelario N° 1 de Bouwer. Los 10 integrantes de la banda recibieron penas de 6 años de prisión en adelante, y el veredicto alcanzó en total a 12 personas.
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La audiencia fue presidida por el juez Marcelo Jaime, de la Cámara 8ª del Crimen, y la acusación estuvo a cargo de la fiscalía de cámara subrogante del primer turno, encabezada por Fernando López Villagra. En esta modalidad, los acusados asumen su responsabilidad sobre los hechos y reciben por ello una condena. Joaquín Nistal fue sentenciado por otros hechos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización dentro del penal, y un adolescente fue declarado penalmente responsable por un robo con arma de fuego, sin pena por tener 17 años al momento del hecho.
Según la investigación, había una división de tareas entre quienes conseguían la droga y la llevaban hasta las inmediaciones de Bouwer, quienes pilotaban los aparatos y quienes la recibían, fraccionaban y vendían dentro de la cárcel. Los viajes se concentraban entre las 21 y las 23, en al menos 2 vehículos: uno se adelantaba desde Córdoba para detectar posibles controles policiales. Desde caminos rurales o sectores cubiertos de malezas, operaban al menos 3 drones grises, dos Mavic Air 2 y un Mavic 2, que además de marihuana y cocaína transportaban comprimidos de Rohypnol y teléfonos celulares.
Para los investigadores, la pieza central dentro de la cárcel era Raúl Orlando Martínez, alojado en el pabellón B1 del módulo MX1 y considerado el "pluma", como se denomina al interno con preeminencia en un pabellón. La acusación sostuvo que decidía cómo y cuándo ingresaba la droga, quién lo hacía y dónde se descargaba para evitar los controles, además de indicar las cuentas o billeteras virtuales donde se cobraban las ventas.
Por debajo de él actuaban Ulises Allende, Jonathan Federico Díaz, alias "Campana", y Gonzalo Reyna, encargados de esconder, fraccionar y comercializar la mercadería entre otros presos. Karen Gastón, pareja de Martínez, intervenía desde afuera en el abastecimiento y el circuito económico. Parte del dinero volvía al exterior para comprar más sustancias y reiniciar el mecanismo, y en uno de los episodios reconstruidos se habría entregado cocaína con un dron a un preso de otra zona del penal, en una operación vinculada a una transferencia por $500 mil.
La fiscalía describió un circuito "coordinado, estable y funcional", respaldado por comunicaciones, movimientos bancarios, aplicaciones de vuelo, fotografías, videos y secuestros. En cuanto a las penas, Diego Iván Bustos, Diego Omar Bustos y Belén Bustos recibieron 6 años y 1 mes, con prisión domiciliaria para Belén. Jonathan Quinteros fue condenado a 6 años y 2 meses, y Alexis Díaz a 6 años y 4 meses, con una pena única de 6 años y 6 meses. Allende recibió 7 años, Martínez 7 años con una pena única de 7 años y 10 meses, Gastón 6 años y 6 meses de prisión domiciliaria, y Jonathan Federico Díaz y Reyna 6 años y 4 meses, unificados en 8 años y en 7 años y 6 meses, respectivamente.
