La mujer, con prisión preventiva domiciliaria desde el 23 de octubre, habría ofrecido traspasar su participación en una sociedad de emergencias médicas un día antes de las primeras detenciones, según la investigación.
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Florencia Páez, de 32 años, le ofreció a Ariel Hernán Márquez cederle sus acciones en Márquez Salud el 10 de abril de 2025, un día antes de las primeras detenciones por las presuntas estafas inmobiliarias. La operación se documentó semanas después y el empresario terminó de firmar el contrato en la cárcel de Bouwer, según surge de la investigación del fiscal de Causas Complejas, Enrique Gavier.
La causa busca determinar las responsabilidades de 13 imputados por integrar una presunta asociación ilícita que habría utilizado la estructura comercial de Márquez y Asociados para concretar maniobras defraudatorias contra miles de compradores de viviendas. El 23 de octubre, Gavier dispuso la prisión preventiva de Páez como presunta integrante de la organización, que cumple en su domicilio por razones humanitarias. Ella se abstuvo de declarar ante el fiscal el 18 de septiembre.
Según fuentes de la investigación, el contrato se fechó el 15 de mayo, seis días después de que la Justicia declarara la quiebra de MRQZPABAR Desarrollos SA, conocida comercialmente como Márquez y Asociados. Páez certificó su firma el 16 de mayo y Ariel Márquez lo hizo el 4 de junio, ante otra escribana, en Bouwer; entre ambas actuaciones, el 29 de mayo, quedó inscripta una inhibición general de bienes contra ella.
Márquez Salud SAS fue constituida en febrero de 2022 con un capital inicial de 2 millones de pesos. Ariel Márquez tenía el 97% de las acciones y Páez el 3%, y ella era la administradora titular. En una conversación recuperada de un teléfono celular, Páez le propuso a Márquez dos alternativas: entregarle su participación o cerrar el servicio de emergencias médicas y vender las ambulancias. El empresario se inclinó por el cierre.
En ese intercambio, Páez mencionó unos sobres con dinero que habría en una caja, que calculó en menos de dos millones de pesos, y planteó llevar esos fondos a Márquez Salud. Para los investigadores, el mensaje es un indicio de cómo se buscaba usar dinero presumiblemente proveniente de la constructora para afrontar obligaciones de otra sociedad. Excompañeros de trabajo, además, la describieron ante la Justicia como una persona de confianza de los hermanos Márquez, encargada de sus cuentas personales y de intervenir en pagos, y un testigo sostuvo que tenía claves y autorizaciones bancarias.
Según la hipótesis del fiscal, dinero aportado por compradores de viviendas habría sido utilizado para sostener negocios ajenos a la construcción, como la compra de dos ambulancias por 7.970.000 pesos aprobada en febrero de 2022. Páez, por su parte, aseguró ante el juez de la quiebra que trabajaba como administrativa y que aceptó integrar la sociedad por la confianza que Ariel Márquez tenía en ella, una explicación que Gavier confrontó con testimonios y documentación sobre sus funciones financieras. En total, son 13 los imputados privados de libertad en la causa, cuyas responsabilidades deberán definirse judicialmente.
