La reforma al estatuto municipal alcanza a la plantilla permanente y transitoria con controles obligatorios cada año.
El Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba aprobó una modificación integral al estatuto del personal municipal para aumentar las exigencias en la función pública. La nueva normativa establece la obligación de presentar certificados de antecedentes penales de forma periódica para ingresar o permanecer en el esquema estatal. Esta exigencia legal alcanza tanto a los trabajadores de la planta permanente como a los agentes contratados dentro de la plantilla transitoria del municipio.
La iniciativa fue impulsada por el Poder Ejecutivo municipal encabezado por el intendente Daniel Passerini y contempla aportes de los bloques opositores. La medida legislativa surgió a partir de diversos acontecimientos de trascendencia pública que involucraron a empleados municipales con procesos judiciales graves, como Claudio Barrelier. El cuerpo deliberativo busca unificar las condiciones de idoneidad exigidas para todos los niveles de la administración pública de la capital provincial.
El concejal del bloque oficialista Hacemos Unidos por Córdoba, Nicolás Piloni, confirmó que los controles se aplicarán sin excepciones a toda la nómina municipal. Para ingresar o mantener el puesto, los agentes deberán acreditar certificaciones ante la Policía de Córdoba y el Registro Nacional de Reincidencia. Asimismo, se exigirá la presentación de informes del Registro de Deudores Alimentarios Morosos y del registro de condenados por delitos sexuales.
Nicolás Piloni aclaró que algunos requerimientos, como los controles de drogas en orina, se implementaban previamente mediante decretos ejecutivos. Sin embargo, la presente ordenanza formaliza las exigencias dentro del estatuto municipal para otorgarles un marco normativo permanente en la ciudad. La diferencia principal con el esquema anterior radica en la obligatoriedad de renovar todas las certificaciones de conducta una vez al año.
La reforma parlamentaria contó con el consenso de las distintas bancadas políticas y la mayoría asegurada del bloque oficialista para su aprobación. De esta manera, el municipio capitalino fija un nuevo estándar institucional para la contratación y fiscalización continua de sus empleados. Los legajos de los agentes estatales deberán actualizarse periódicamente para verificar la inexistencia de inhabilitaciones o condenas en la justicia.
La implementación de la normativa requerirá la adaptación de los procedimientos de auditoría interna en las diversas dependencias municipales. Las autoridades del municipio confían en que la renovación anual de la documentación consolidará la transparencia en toda la plantilla de trabajadores. La sanción de la ordenanza representa un cambio significativo en las pautas de contratación vigentes en el Estado de la ciudad de Córdoba.
