El padre de la víctima afirma que el sistema judicial le otorgó la custodia a la madre basándose en un relato inexistente.
El crimen de Ángel López, de 4 años, expone una falla crítica en los protocolos del Polo de la Mujer de Córdoba. Según denunció su padre, Luis López, la madre del menor obtuvo la custodia tras presentar una denuncia falsa y carente de evidencias. "Se fue a Córdoba y presentó una denuncia sin pruebas; por eso mi hijo está muerto", afirmó el hombre con dureza institucional.
La justicia cordobesa confirmó que, tras ese trámite administrativo, el niño fue restituido a Mariela Altamirano, quien hoy está detenida. Junto a su pareja, Michel González, enfrentan cargos por homicidio agravado tras confirmarse la muerte del menor por violencia física. La autopsia reveló que el pequeño sufrió 20 golpes en la cabeza durante los últimos 5 meses de convivencia forzada.
La fiscalía investiga ahora si existieron omisiones por parte de los funcionarios que validaron la denuncia inicial sin realizar peritajes objetivos. El padre de la víctima exige que la responsabilidad penal alcance a quienes permitieron que el niño abandonara un hogar seguro y feliz. El sistema judicial de Argentina queda bajo la lupa por permitir traslados de menores basados únicamente en declaraciones testimoniales no verificadas.
El entorno de extrema precariedad en el que vivía el niño no fue impedimento para que los organismos de minoridad aprobaran el cambio. Los 2 detenidos serán indagados en las próximas horas mientras se analizan los informes de los trabajadores sociales intervinientes en el caso. Este hecho demuestra cómo la ineficiencia administrativa y el gasto público mal ejecutado derivan en tragedias evitables para la sociedad civil.
