La Legislatura de la provincia de Córdoba inicia el análisis de un proyecto de ley que establece la reducción de la edad de punibilidad desde los 16 hasta los 14 años dentro del fuero especializado. La iniciativa busca adecuar el marco normativo de la norma provincial 11.035 a los parámetros fijados por la Ley Nacional N° 27.801, cuyo ordenamiento entrará en vigencia en el mes de septiembre. El texto parlamentario ingresó con el aval de diversos bloques políticos y proyecta su debate formal en el recinto para el próximo 26 de agosto.
La propuesta legislativa surgió del trabajo articulado en una mesa interinstitucional donde participaron especialistas universitarios y representantes de distintos poderes públicos. El espacio de debate reunió a integrantes del Poder Judicial, la Fiscalía General, la Defensa Pública, la Senaf y la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes. El presidente de la comisión de Seguridad, Juan Manuel Llamosas, sostuvo: “Hay un trabajo previo de una mesa interinstitucional donde participaron oficialismo, oposición, el Poder Judicial y la Senaf. Este proyecto tomó estado parlamentario tras meses de labor y es una base muy sólida que nos permitirá avanzar en las próximas semanas”.
Por su parte, la legisladora Brenda Austin remarcó la importancia de la preparación operativa y los recursos necesarios para la implementación territorial de la norma. Al respecto, la parlamentaria declaró: “La iniciativa tiene el respaldo de expertos que abordan a diario la problemática de jóvenes en conflicto con la ley penal. El cambio nacional obliga a Córdoba a prepararse, tener una buena ley y garantizar que la Senaf cuente con los recursos para intervenir, tanto en las medidas previas como en los centros de detención cuando esta sea el último recurso”.
Garantías procesales y mecanismos de intervención judicial
En materia de garantías procesales, el articulado incorpora los lineamientos de la Ley Joaquín para fortalecer la participación activa de las víctimas en los procesos penales. Las personas afectadas por los delitos contarán con asistencia jurídica gratuita, información en lenguaje accesible y el derecho a ser escuchadas en instancias de revisión cautelar o salidas transitorias. Asimismo, el proyecto ratifica que la privación de la libertad se aplicará como última opción y fija escalas punitivas equivalentes a las de la tentativa, reduciendo la sanción del delito consumado entre un tercio y la mitad.
El texto contempla la aplicación de herramientas alternativas tales como la mediación penal, el monitoreo remoto, el acompañamiento comunitario y la fijación de reglas de conducta específicas en el territorio. Adicionalmente, el documento fija pautas claras para resolver la conexidad procesal en aquellos hechos delictivos donde intervengan de forma conjunta adultos y menores de edad. Este conjunto de mecanismos busca estructurar un abordaje integral durante el juzgamiento de las infracciones cometidas por adolescentes dentro de la jurisdicción provincial.
El tratamiento parlamentario del proyecto compuesto por 29 artículos comenzará este miércoles 19 de agosto mediante reuniones conjuntas entre las comisiones de Seguridad y de Niñez. Tras el análisis en estas comisiones, se sumarán otros espacios de discusión para revisar los aspectos técnicos de la iniciativa antes de su llegada al recinto de sesiones. De cumplirse los plazos previstos por las autoridades de la Unicameral, el cuerpo legislativo votará la ratificación del nuevo régimen penal juvenil durante la jornada del 26 de agosto.
