La representación legal del exlegislador Oscar González manifestó que las pericias incorporadas a la causa del choque vial en las Altas Cumbres responsabilizan a Alejandra Bengoa, conductora del automóvil Renault Sandero fallecida en el hecho. El proceso oral iniciará el próximo 3 de agosto en la Cámara del Crimen de Villa Dolores para juzgar los delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas. La defensa, encabezada por el abogado Miguel Ángel Ortiz Pellegrini, adelantó que rechazará la solicitud planteada por la querella para modificar la calificación penal a homicidio simple durante los debates.
El abogado Miguel Ángel Ortiz Pellegrini sostuvo que "hay manifiesta prueba de la culpa de la víctima" respecto del desarrollo del choque acontecido en la ruta provincial. La representación legal señaló que las pruebas reunidas en la instrucción confirman que la mujer circulaba sin registro oficial de conducir desde el año 2019 tras habérsele retirado la habilitación formal. De igual modo, los informes accidentológicos detallaron que el vehículo donde viajaban las víctimas realizó una maniobra de sobrepaso prohibida sobre una línea amarilla doble en curva.
Las pericias técnicas determinaron que la maniobra de adelantamiento en subida y sin visibilidad impidió al automóvil retornar a su carril antes de impactar contra la camioneta. Asimismo, la defensa indicó que existen registros fílmicos obtenidos desde la cámara de seguridad de un local comercial que respaldan la hipótesis sobre la maniobra prohibida. La estrategia del letrado de Gónzález consistirá en desestimar los planteos de la querella mediante las declaraciones aportadas por tres testigos presenciales que declararon en la causa.
El accidente, ocurrido en 2022, tuvo como víctima fatal a Alejandra Bengoa
Propuestas económicas y estado de causas paralelas
Respecto a los trámites económicos previos, la representación legal ratificó que el ofrecimiento de $400.000.000 formulado a los damnificados no implica asumir culpabilidad en la causa penal. El abogado Miguel Ángel Ortiz Pellegrini explicó que el instrumento de suspensión del juicio a prueba constituye una facultad legal orientada a la reparación de terceros transportados en el hecho. Bajo esa premisa técnica, la propuesta monetaria buscó cubrir las indemnizaciones civiles correspondientes sin aceptar la responsabilidad directa sobre la mecánica del choque.
Paralelamente, la defensa de González repasó el estado de las demás actuaciones judiciales iniciadas contra el exfuncionario de la Unicameral tras la colisión en Traslasierra. Ortiz Pellegrini recordó que el expediente incorporado por el uso del vehículo oficial asignado por el Estado concluyó previamente con una resolución de sobreseimiento firme. De igual manera, el letrado remarcó que las acusaciones vinculadas a un presunto enriquecimiento ilícito no cuentan con elementos probatorios que acrediten la existencia de delitos.
En relación con el patrimonio del imputado, la única tasación efectuada por los peritos oficiales arrojó resultados favorables a la posición expresada por los defensores legales. Asimismo, la Cámara resolvió anular la resolución de procesamiento dictada con anterioridad en ese expediente administrativo y financiero para reordenar la tramitación legal. En consecuencia, las jornadas de debate fijadas para el mes de agosto se concentrarán de forma exclusiva en la determinación de las responsabilidades viales derivadas del impacto.
