La profunda disputa política desatada entre la bancada del Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical paralizó la actividad ordinaria en el recinto de la Unicameral de Córdoba. El conflicto de poderes se desencadenó cuando representantes del oficialismo exigieron formalmente el apartamiento de la legisladora radical Alejandra Ferrero por la causa judicial de un asesor legislativo de la UCR. La respuesta de la bancada opositora consistió en cerrar filas y ratificar formalmente a la parlamentaria radical como la nueva presidenta de su bloque con el voto de 18 miembros.
La consagración formal de la legisladora provincial contó con el respaldo explícito brindado por el ex diputado nacional Rodrigo de Loredo y la totalidad de los miembros de su bloque. El bloque oficialista cuestionó severamente la continuidad de la parlamentaria opositora tras dictarse la medida de prisión preventiva contra el asesor legislativo Omar Manuel Ludueña. La resolución contra el empleado estatal fue dispuesta dentro del marco de un expediente judicial por la presunta comisión del delito de abuso sexual y la corrupción de menores.
Los representantes del bloque oficialista calificaron el hecho como de extrema gravedad institucional y exigieron que la oposición aplique el mismo criterio ético exigido por el caso de José Villareal. El legislador provincial Leonardo Limia recordó de forma pública el antecedente del ex legislador Ramón "Cañito" Flores cuando enfrentó un caso por sus asesores formales. El Partido Justicialista argumenta la existencia de una evidente doble vara por parte de los bloques opositores al rechazar la solicitud de licencia temporal de Alejandra Ferrero.
