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El gobierno provincial desarrolla múltiples gestiones financieras relevantes para lograr cancelar las obligaciones económicas estipuladas para 2027 en Córdoba. El gobernador Martín Llaryora y el ministro de Economía, Guillermo Acosta, encabezaron intensas negociaciones con inversores privados y las diversas entidades de los bancos. La administración local necesita estructurar herramientas para asegurar el abono del capital y los intereses que ascienden a la suma de U$S593,7 millones.
Las obligaciones de la deuda contemplan responsabilidades económicas asumidas a partir de diferentes instrumentos emitidos en nuestra moneda local y en la divisa de dólares. Estos compromisos abarcan títulos públicos en pesos que representan una equivalencia monetaria de U$S360,1 millones para el resguardo del Estado de la provincia. El diseño abarca títulos públicos en dólares por la cifra de U$S141,8 millones y pagos a organismos internacionales de crédito por un valor de U$S91,4 millones.
El Estado provincial tomó también otro préstamo de U$S250 millones que utilizará para lograr avanzar con el tendido asfáltico de la Circunvalación en la ciudad de Río Cuarto. El plan sumó una deuda de U$S75 millones que provienen de la CAF para el sistema de agua ubicado en la extensa parte norte del ejido en la jurisdicción de la capital. La asistencia de fondos para construir sumó U$S50 millones del Fondo Saudí para instalar un gran acueducto de servicio delineado entre Paraná y el suelo cordobés.
Los funcionarios provinciales decidieron buscar financiamiento de forma prioritaria en el mercado interno para sustentar los múltiples vencimientos fijos ya programados. El incremento del índice del riesgo país, que ascendió a 650 puntos, impide por ahora ejecutar colocaciones de bonos soberanos en las plazas del mercado externo. Las esferas oficiales estiman que la recaudación propia y la coparticipación quedarán estancadas y que los costos para acceder al nuevo fondeo irán incrementando de valor.
Guillermo Acosta, ministro de economía de Córdoba
Emisiones pasadas y acrecentamiento del pasivo
Las autoridades de Córdoba lograron colocar los instrumentos de deuda bajo legislación extranjera por una suma de dinero total de U$S1.525 millones. Durante junio de 2025 se emitió el primer bono público por U$S725 millones fijando una tasa de 9,75% y estableciendo su fecha del vencimiento para el ciclo del año 2032. La segunda operación ocurrió en enero de 2026, cuando tomaron fondos por U$S800 millones con una tasa de interés del 8,6% y con su plazo de vencimiento para el año 2035.
Las colocaciones consecutivas derivaron en un ascenso abrupto vinculado de lleno a las pesadas cargas por la deuda que sumó la provincia en los últimos años. El pasivo global en junio de 2025 anotaba U$S1.930 millones y en marzo de este período la escala rebotó hasta fijar U$S3.094 millones dentro de los registros oficiales. La suba del pasivo representó un marcado porcentaje en alza de 60,3% con el objetivo directo de refinanciar diversas deudas y salvaguardar el nivel en todas las obras.
Ministerio de Finanzas de la provincia de Córdoba
Futuras colocaciones de deuda e ingresos
Los cuerpos de análisis aseguran que pronto se efectuarán dos nuevas colocaciones dentro del mercado interno combinando emisiones de capital selladas en pesos y en dólares. La transacción inicial buscará obtener U$S300 millones, aunque las esferas del Estado requieren captar el doble de esa cifra para completar su esquema financiero previsto. La administración provincial baraja plazos de 24 y de 36 meses aunque actualmente ejecuta un gran esfuerzo normativo para extender su programa de reintegros hacia cuatro años.
La urgencia de lograr este salvataje sucede mientras la recaudación de impuestos sigue estancada y posicionada muy por debajo de los índices de la inflación existentes. El caudal efectivo brindado por los Ingresos Brutos reportó fuertes declives monetarios de hasta 14% interanual afectando la disponibilidad de liquidez para Córdoba. Los giros de dinero provenientes de la coparticipación figuraron debajo de la métrica inflacionaria en el inicio del cuatrimestre y luego exhibieron ciertos aumentos leves.
El ejecutivo provincial lidia con la aceleración de gastos y reclamos de varios gremios del Estado exigiendo nuevamente discutir los aumentos a pesar de la mejoría sobre los salarios. La ley de Equidad Jubilatoria sobrelleva ataques en la Justicia mientras que el ingreso de recursos procedentes del sector de la Nación se paralizó desde mayo. Todas las variables detalladas fuerzan a la provincia para resolver sus conflictos y esquivar el duro impacto del incumplimiento financiero de los bonos para el ciclo 2027.
