Tras dos propuestas rechazadas, las asambleas escolares analizan el nuevo esquema de haberes en toda la provincia.
La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) inició un cronograma crítico de asambleas para resolver la aceptación de la tercera oferta salarial. El debate ocurre en un escenario de fuerte malestar tras la liquidación anticipada de los sueldos de marzo. Los docentes denunciaron que los descuentos aplicados por días no trabajados neutralizan, en muchos casos, el incremento propuesto.
El esquema de quitas salariales presenta valores heterogéneos según la antigüedad y carga horaria de cada agente. Los montos informados por los trabajadores van desde los $5.000 hasta cifras que alcanzan los $180.000. Esta situación generó una percepción de "autofinanciamiento" del aumento entre las bases gremiales. El malestar se profundiza debido a que el incremento previsto para un cargo de 22 horas sería de $77.100 en febrero y $47.500 en marzo.
Con la aplicación de la propuesta oficial, el salario básico docente alcanzaría los $1.040.000 en el mes de febrero. Para marzo, la cifra se ubicaría cerca de los $1.375.000, incluyendo la recomposición de los fondos equivalentes al Fonid. El proyecto también contempla elevar a $1.650.000 el piso para el diferimiento jubilatorio. Este cambio técnico permitiría que una mayoría de los pasivos del sector perciba sus haberes sin las demoras legales vigentes.
Este lunes 30 de marzo se llevaron a cabo asambleas de 1 hora por turno en todos los establecimientos educativos. Los delegados analizaron el impacto real de la oferta frente a los recortes por presentismo y días de huelga. El cronograma continuará el martes con las reuniones departamentales para unificar mandatos. Finalmente, el miércoles se realizará la Asamblea Provincial donde se votará la resolución definitiva sobre el conflicto educativo.
El derecho a la huelga y la potestad administrativa de no abonar días no trabajados marcan el límite del diálogo actual. Las autoridades mantienen la postura de descontar las ausencias para garantizar el cumplimiento del ciclo lectivo. Por su parte, el sindicato evalúa si el nivel de adhesión a futuras medidas es sostenible frente al costo financiero individual. La decisión final del miércoles determinará si se normaliza el dictado de clases o si se profundiza la medida gremial.
La modernización del sistema de liquidación permitió exponer las inasistencias de manera casi inmediata en los recibos digitales. Este nivel de transparencia administrativa obliga a ambas partes a negociar sobre datos reales y presupuestos cerrados. Los docentes exigen que la mejora salarial no se vea licuada por la inflación ni por las sanciones disciplinarias económicas. El resultado de la votación provincial definirá la estabilidad del sistema educativo para el próximo bimestre.
