El proyecto oficialista que busca legalizar a los cuidacoches genera fuertes rechazos y fisuras en la oposición del Concejo Deliberante.
El debate por la regularización de los cuidacoches ilegales conocidos como "naranjitas" desató una tormenta política en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba. Diversos bloques de la oposición manifiestan serias dudas sobre la efectividad de una normativa que consideran insuficiente para resolver el conflicto. La propuesta impulsada por el oficialismo municipal se basa en un texto previo de la concejal radical Fabiana Gutiérrez, lo que complica la postura de la UCR.
Varios ediles opositores se encuentran en una encrucijada al tener que votar sobre una iniciativa que originalmente nació de sus propias filas partidarias. Un sector alineado con Rodrigo de Loredo analiza rechazar puntos centrales del texto final por considerar que el Palacio 6 de Julio desvirtuó la idea. La tensión crece ante la posibilidad de que el radicalismo termine votando dividido en una sesión que será observada con atención por todos los vecinos de Córdoba.
El oficialismo peronista cuenta con los votos necesarios para aprobar el proyecto, pero la crítica de algunos espacios políticos se centra en el carácter punitivo de la norma. Se cuestiona que la política municipal prefiera quedar bien con instituciones religiosas y cooperativas en lugar de prohibir definitivamente la actividad en las calles. Esta falta de respuestas contundentes genera malestar en los barrios donde la presencia de los cuidacoches ilegales ha crecido de manera descontrolada.
Desde el Frente Cívico anticiparon que mantendrán una postura sumamente crítica durante el tratamiento de la ordenanza en el recinto legislativo de la ciudad. Los referentes del juecismo sostienen que es necesario mantener la coherencia opositora frente a lo que definen como una regulación meramente cosmética. Argumentan que el proyecto no ataca el problema de fondo y solo busca calmar el malestar social creciente sin ofrecer soluciones estructurales definitivas.
En los pasillos del Concejo Deliberante se reconoce que el poder real lo tienen actores externos a la política, como la Iglesia, que condicionaron el texto definitivo. Esta situación es vista por la oposición como una debilidad del Gobierno municipal en un año marcado por la proximidad de las contiendas electorales, donde el peronismo prefiere no pagar costos políticos. Los críticos aseguran que regularizar la actividad bajo este esquema solo perpetuará el conflicto entre los vecinos y los prestadores del servicio informal.
La sesión de este jueves dejará en evidencia las contradicciones de aquellos representantes que impulsaron la idea pero ahora temen el costo político de aprobarla. Mientras el peronismo busca mostrar gestión en detrimento de las necesidades de los cordobeses, los espacios políticos detractores alertan sobre la precariedad de una norma que no garantiza la seguridad ciudadana. El resultado final del voto expondrá quiénes están dispuestos a avalar la permanencia de los naranjitas en el espacio público de Córdoba Capital y, de esa manera, perpetuar la inseguridad, la extorsión y la violencia en las calles de la ciudad.
