La movilización de cooperativas de trabajadores informales frente al Palacio Municipal marcó una jornada de alta tensión por el futuro de las calles. El reclamo surge como respuesta directa al proyecto que busca declarar la ilegalidad de los "naranjitas" y limpiavidrios en toda la capital. Esta medida oficial pretende recuperar el control del espacio público y terminar con los esquemas de recaudación que carecen de sustento legal.
Los manifestantes señalaron que la nueva normativa pone en riesgo el sustento de 250 familias que actualmente operan en las inmediaciones del Kempes. Durante la protesta, exigieron el reconocimiento de su actividad pese a las denuncias ciudadanas por extorsión y uso arbitrario de la vía pública.
La movilización concluyó en el Palacio Municipal, generando caos en puntos neurálgicos de la ciudad.
La jornada de protesta incluyó advertencias sobre nuevos cortes en diferentes puntos neurálgicos de la capital cordobesa durante las próximas horas de la tarde. Estas acciones buscan presionar a las autoridades para frenar una ley que busca erradicar una actividad extorsiva en el espacio público urbano. Desde el ámbito legislativo sostienen que el objetivo primordial es proteger al ciudadano frente a esquemas de recaudación no autorizada.
El conflicto por la regulación del espacio público se traslada a la Legislatura
La normativa en debate propone sanciones para quienes exijan dinero sin habilitación, aunque persisten dudas sobre la discrecionalidad de los futuros permisos. Este esquema busca mitigar los conflictos en las calles, pero enfrenta críticas por no avanzar directamente hacia una prohibición absoluta de la actividad. El objetivo institucional debería ser garantizar que el suelo común no sea explotado por organizaciones particulares bajo el amparo de nuevas regulaciones.
El proyecto encuentra un gran consenso entre los cordobeses, que han demostrado su hartazgo de las prácticas extorsivas y mafiosas de los naranjitas.
Las cooperativas aseguraron que no abandonarán su plan de lucha hasta obtener garantías para mantener sus esquemas de recaudación territorial actuales. Por otro lado, diversos sectores del comercio local manifestaron su apoyo a la norma para fomentar un clima de libertad económica y respeto mutuo. La Policía de Córdoba mantiene una guardia preventiva para evitar que las protestas deriven en hechos de violencia urbana generalizada.
La resolución de este conflicto será clave para determinar si la ciudad avanza hacia la institucionalidad o si cede ante la presión de sectores informales. Los legisladores confían en que la aprobación de la norma dará una respuesta definitiva al hartazgo social por los abusos cometidos en las calles. El costo de sostener un sistema de privilegios informales ya no parece ser una opción viable dentro de la nueva agenda de austeridad.
