El anuncio del viceintendente Javier Pretto confirmó que la gestión municipal evitaría la prohibición definitiva del sistema de cuidacoches ilegales. En lugar de erradicar la ocupación del espacio público, el oficialismo busca integrar a los naranjitas mediante una nueva aplicación móvil. Esta decisión administrativa posterga una solución de fondo al conflicto por el control de las calles y la propiedad privada.
La municipalidad planea implementar un sistema donde el trabajador registrado reciba un porcentaje de la tarifa digitalizada en su propia cuenta bancaria. El objetivo oficial es eliminar el dinero en efectivo para reducir los márgenes de extorsión que sufren miles de conductores en la ciudad. Sin embargo, la medida valida la permanencia de un esquema que muchos vecinos consideran un avance sobre la libertad de circulación.
El Concejo Deliberante aguarda la modificación de la ley provincial para avanzar con una reglamentación que asigne zonas y tarifas preestablecidas. La apuesta tecnológica pretende dar transparencia a una actividad que funciona bajo la sombra de la irregularidad y la coacción violenta constante. El municipio asume el costo de gestionar un sistema cuestionado en lugar de liberar el espacio para el uso libre del ciudadano.
El desafío de la autoridad en la vía pública
La gestión de Javier Pretto justificó esta integración argumentando la necesidad de contener a los sectores que recurren a la actividad por falta de ingresos. El plan incluye derivar recursos públicos hacia programas de salud y asistencia en el hospital Príncipe de Asturias para tratar consumos problemáticos. Esta visión asistencialista de la Municipalidad de Córdoba prioriza la contención de la informalidad por sobre el pedido de orden de los contribuyentes.
La digitalización total del cobro será el eje central de la nueva normativa que cada municipio cordobés deberá definir según su propia realidad territorial. El éxito de la medida dependerá de la capacidad de control del Estado para evitar que sujetos no autorizados sigan operando de forma ilegal. La convivencia con el sistema de naranjitas representa un riesgo institucional si no se garantiza la seguridad jurídica de los usuarios.
Los ciudadanos exigen que el cumplimiento de la ley sea igualitario y que no se cedan espacios públicos a cambio de una paz social sostenida por la presión. El debate legislativo que se aproxima pondrá a prueba la firmeza de las autoridades para sancionar a quienes cometan delitos de extorsión. Córdoba enfrenta la encrucijada de profesionalizar la informalidad o recuperar definitivamente la soberanía estatal sobre el asfalto de la capital.
