Siete organizaciones barriales se unieron para presionar por una ley que erradique definitivamente la extorsión en las calles.
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La paciencia de los vecinos de Córdoba se agotó frente al avance violento de los cuidacoches ilegales que mantienen de rehenes a quienes circulan por la ciudad. Los centros vecinales de Nueva Córdoba, Centro, Güemes, Juniors, Rogelio Martínez, San Felipe y Maipú firmaron un documento para exigir el fin de esta actividad. El detonante de este reclamo conjunto fue un grave episodio de violencia donde un oficial de la Policía resultó baleado tras una disputa entre estos sujetos.
El vocero de esta demanda, Juan Andrés Aramayo, describió un panorama desolador marcado por la agresividad y un índice delictivo que no para de crecer en los barrios. Los vecinos denuncian que caminar o estacionar se ha vuelto una actividad de alto riesgo debido a las amenazas constantes de quienes se apropian del espacio público. Resulta inadmisible que en una sociedad organizada se permita que individuos sin autorización alguna pretendan cobrar tarifas arbitrarias bajo la mirada de todos.
La postura de los barrios es contundente: no se busca una regulación tibia ni permisos precarios, sino la prohibición absoluta de esta práctica ilegal y extorsiva. La convivencia se ha roto debido a que estos grupos operan con total impunidad, alejando incluso a los clientes de los polos gastronómicos y comerciales más importantes. Es momento de que se priorice la tranquilidad del ciudadano honesto por sobre un sistema de supervivencia basado en la intimidación callejera.
Documento firmado por 7 centros vecinales de Córdoba para exigir el fin de la actividad de los cuidacoches ilegales
Cifras de inseguridad y violencia en calles
Las estadísticas oficiales respaldan el reclamo vecinal, revelando que en lo que va de 2026 ya se produjeron cerca de 100 arrestos de cuidacoches ilegales solo en Nueva Córdoba. A nivel provincial, el Ministerio de Seguridad contabilizó 160 detenciones en apenas tres meses, una cifra que evidencia un crecimiento exponencial de la conflictividad en la vía pública. Estos números confirman que no se trata de un servicio de colaboración, sino de un foco permanente de delitos y altercados que la policía debe intervenir.
El reclamo subraya que los ciudadanos ya pagan por el sistema de estacionamiento medido municipal (SEMM) y no deben ser obligados a un segundo pago extorsivo. Aramayo denunció que en zonas como Rogelio Martínez o Güemes, los cuidacoches llegan a exigir sumas de 10.000 pesos apenas un conductor intenta descender de su vehículo. Esta doble imposición económica, sumada al maltrato verbal y la violencia que ejercen, está destruyendo la calidad de vida de los residentes y la rentabilidad de los locales comerciales.
La supuesta "colaboración" de algunos pocos no puede ser la excusa para mantener una estructura que, en su gran mayoría, hoy se asocia con la delincuencia y el desorden. Tolerar la permanencia de estos grupos bajo registros o padrones temporales solo serviría para legitimar una práctica que es intrínsecamente ilegal y abusiva para el vecino. La única solución real frente a un sistema que se alimenta del miedo es la erradicación total, garantizando que el control de las calles vuelva a manos del Estado.
La Legislatura de Córdoba deberá definir si prohibe de manera total o sólo regulará a los cuidacoches ilegales
Rechazo a la regulación y permisos precarios
El debate en no debe perderse en enfoques sociales que solo prolongan la agonía de los barrios afectados por esta plaga de ilegalidad urbana. Propuestas que sugieren crear padrones o dar certificados de buena conducta a los cuidacoches son vistas por los vecinos como una burla frente a la constante violencia sufrida. La urgencia del tratamiento legislativo debe enfocarse en otorgar herramientas judiciales claras para que la policía pueda remover a cualquier persona que pretenda lucrar con el espacio común.
Mientras algunos sectores proponen la creación de cooperativas, la realidad en la calle demuestra que el conflicto y la inseguridad son las únicas constantes de este modelo. Los centros vecinales ya comienzan a exigir celeridad absoluta para evitar que sigan ocurriendo hechos de violencia y extorsión por la disputa de cuadras que pertenecen a todos los cordobeses por igual. No se puede seguir ligitimando una práctica que valida el "derecho" a extorsionar y violentar la libertad de movimiento de miles de personas.
El apoyo de las siete organizaciones barriales marca un punto de inflexión que los legisladores no pueden ignorar si pretenden representar el interés general de Córdoba. El mensaje es claro: basta de parches y de mirar hacia otro lado mientras los cuidacoches ilegales se adueñan de las veredas y del bolsillo ajeno. La prohibición total es el único camino posible para recuperar la paz social y garantizar que el uso del suelo urbano sea regulado exclusivamente por normas legítimas y transparentes.
