La Arquidiócesis de Córdoba emitió un polémico documento titulado “La Cultura del Descarte” para rechazar el proyecto de ley que busca erradicar la actividad de los cuidacoches ilegales. Con esta postura, la institución religiosa decide proteger un sistema de cobro ilegal en la vía pública que durante años ha perjudicado a miles de ciudadanos cordobeses. El texto eclesiástico intenta disfrazar de alternativa laboral a una práctica que, en la realidad, suele estar vinculada a situaciones de extorsión, violencia y desorden urbano.
Desde la Pastoral Social se argumentó que las cooperativas de trabajo son una respuesta válida para organizar el uso de las calles en los distintos municipios. Sin embargo, esta visión ignora que la mayoría de los conductores se siente rehén de un pago obligatorio que no está regulado por ninguna ordenanza municipal vigente. Al defender la permanencia de estos grupos, la Iglesia termina avalando un esquema de economía informal que evade cualquier tipo de control fiscal y administrativo del Estado.
La cúpula católica incluso utilizó citas del Papa Francisco para sugerir que restringir estas tareas marginales fomentaría el avance de estructuras delictivas mucho más peligrosas. Resulta contradictorio que se pida seguridad ciudadana y, al mismo tiempo, se presione para mantener una actividad que se realiza sin seguros ni garantías para el vecino. Esta posición institucional parece alejarse de la necesidad de establecer reglas claras de convivencia donde el espacio público sea administrado exclusivamente por las autoridades.
