La Arquidiócesis de Córdoba emitió un polémico documento titulado “La Cultura del Descarte” para rechazar el proyecto de ley que busca erradicar la actividad de los cuidacoches ilegales. Con esta postura, la institución religiosa decide proteger un sistema de cobro ilegal en la vía pública que durante años ha perjudicado a miles de ciudadanos cordobeses. El texto eclesiástico intenta disfrazar de alternativa laboral a una práctica que, en la realidad, suele estar vinculada a situaciones de extorsión, violencia y desorden urbano.
Desde la Pastoral Social se argumentó que las cooperativas de trabajo son una respuesta válida para organizar el uso de las calles en los distintos municipios. Sin embargo, esta visión ignora que la mayoría de los conductores se siente rehén de un pago obligatorio que no está regulado por ninguna ordenanza municipal vigente. Al defender la permanencia de estos grupos, la Iglesia termina avalando un esquema de economía informal que evade cualquier tipo de control fiscal y administrativo del Estado.
La cúpula católica incluso utilizó citas del Papa Francisco para sugerir que restringir estas tareas marginales fomentaría el avance de estructuras delictivas mucho más peligrosas. Resulta contradictorio que se pida seguridad ciudadana y, al mismo tiempo, se presione para mantener una actividad que se realiza sin seguros ni garantías para el vecino. Esta posición institucional parece alejarse de la necesidad de establecer reglas claras de convivencia donde el espacio público sea administrado exclusivamente por las autoridades.
Catedral de Córdoba
El aval eclesiástico a la informalidad callejera
El comunicado reclama que el Estado actúe como garante de derechos otorgando zonas específicas de estacionamiento a registros individuales o cooperativas de la economía popular. Esta propuesta de planificación eclesiástica pretende oficializar un sistema que los vecinos de Córdoba han rechazado sistemáticamente. Al proponer la asignación de espacios públicos a estos sectores, la Iglesia ignora los derechos de los contribuyentes que ya financian el mantenimiento de las calles.
A pesar de reconocer problemas graves como el consumo de sustancias y la delincuencia en el sector, la Pastoral pide no generalizar ni "meter todo en la misma bolsa". No obstante, la realidad cotidiana muestra que la coexistencia en las calles se ha vuelto insostenible debido a la falta de un marco legal que prohíba estas prácticas. La insistencia en defender este modelo de subsistencia informal solo legitima un sistema de cobro ilegal y paralelo en las calles de Córdoba.
Anhelar espacios de encuentro no debería significar la aceptación de actividades ilegales y que generan conflictos permanentes entre ciudadanos y supuestos cuidadores. La Iglesia cordobesa parece priorizar una visión de contención social precaria por encima del cumplimiento de las leyes que regulan el uso común del espacio urbano. Mientras el Gobierno Provincial busca prohibir esta actividad ilegal, el mensaje religioso actúa como un obstáculo para lograr un ordenamiento definitivo y legítimo.
