La Iglesia Católica vuelve a interferir en las políticas de seguridad de Córdoba al presentarse este lunes en la Comisión de Seguridad de la Legislatura. Los voceros eclesiásticos intentan detener el proyecto de ley que busca erradicar definitivamente la actividad de los cuidacoches y limpiavidrios ilegales. Con una postura que desafía el pedido de orden de miles de vecinos, la institución religiosa pretende imponer un esquema de regulación con enfoque social.
El representante del Arzobispado, Munir Bracco, encabeza esta cruzada que busca mantener a estos grupos ocupando de manera ilegal el espacio público provincial. Según su planteo, la prohibición no es el camino adecuado y prefiere insistir en un sistema de registro que solo serviría para prolongar el conflicto urbano. Resulta alarmante que se intente justificar una práctica que en la realidad cotidiana se traduce en amenazas, violencia y cobros arbitrarios a los conductores.
Esta comparación resulta inaceptable para los ciudadanos que deben enfrentar diariamente la agresividad de quienes pretenden adueñarse de las veredas públicas. Al argumentar que no se puede generalizar, la Iglesia desvía el foco de una problemática que ya ha provocado hechos graves de violencia y enfrentamientos armados constantes. La insistencia en proteger este modelo de subsistencia ilegal actúa como un ancla que impide la normalidad definitiva del estacionamiento en las calles de Córdoba.
Desde el ámbito religioso se propone otorgar identificaciones visibles y delimitar zonas específicas para que estos sujetos continúen con su actividad sin control. Esta mirada romántica de la marginalidad ignora que la mayoría de los cordobeses se sienten rehenes de una situación que debería ser potestad del Estado. Defender la permanencia de los naranjitas es, en la práctica, avalar un sistema de economía informal que carece de legalidad y genera inseguridad.
Munir Bracco, representante del Arzobispado de Córdoba
Discurso eclesiástico que minimiza la delincuencia callejera
El vocero Bracco lanzó una frase polémica en un streaming de un medio local para intentar igualar la actividad de los cuidacoches ilegales con otros sectores de la sociedad que sufren corrupción. “Sabemos que hay extorsión y delitos, lo sabemos. Pero ese tema debe ser abordado desde la Justicia y la Policía, es un tema social, porque el delito está en los naranjitas, en la política, en el periodismo, en la AFA, en ámbitos religiosos. No vamos a creer que sacando a los naranjitas se va a eliminar el delito. Si hay delito, si hay corrupción, deben intervenir la Policía y la Justicia; pero no se puede meter a todos en la misma bolsa”, expresó insólitamente.
La Iglesia también cuestiona que la sociedad tenga menor tolerancia hacia los cobros ilegales que hacia los sistemas formales de estacionamiento medido municipal. Sin embargo, omiten que los sistemas oficiales ofrecen seguridad jurídica, tarifas fijas y un destino transparente de los fondos recaudados. Esta falsa equivalencia solo busca confundir a la opinión pública y presionar a los legisladores para que retrocedan con el necesario tratamiento de la normativa que prohibiría esta actividad extorsiva.
Legislatura de Córdoba
Antecedentes de presión que frenan el orden
El recuerdo de lo ocurrido en diciembre pasado pesa sobre el ambiente legislativo, cuando la intervención del Arzobispado logró frenar una ley similar. En aquella oportunidad, el Gobierno Provincial cedió ante el mensaje eclesiástico, permitiendo que la anarquía continuara reinando en las calles de la capital. Hoy, con un nuevo proyecto impulsado por Oscar Agost Carreño, la sociedad espera que el poder político no vuelva a claudicar ante las exigencias religiosas.
La intención del oficialismo es aprobar la norma este mismo miércoles para dar herramientas concretas a la Policía en la lucha contra la extorsión. El proyecto establece la prohibición por defecto, aunque deja una ventana abierta para que cada municipio decida cómo gestionar su propio ordenamiento interno. Es fundamental que prevalezca el derecho de los contribuyentes a circular sin ser acosados por personas que operan por fuera de cualquier marco legal vigente.
Incluso si la ley logra sancionarse, la presión eclesiástica se trasladará al Concejo Deliberante, donde el intendente Daniel Passerini deberá tomar una decisión final sobre la situación en la capital. La presencia de la Iglesia en la Legislatura vuelve a politizar un problema de convivencia básica que requiere soluciones técnicas y firmeza en la aplicación de la ley. Córdoba no puede seguir siendo rehén de visiones que, bajo el velo de la contención, terminan protegiendo la ilegalidad en el espacio público.
