La red delictiva suplantaba la identidad de empleados estatales para engañar a beneficiarios sociales durante la pandemia.
Los tribunales de Córdoba determinaron la elevación a juicio de una causa penal que involucra a 32 personas imputadas por asociación ilícita. La investigación judicial demostró que la banda organizada realizaba llamadas engañosas desde el interior del establecimiento penitenciario de Bouwer. Los delincuentes estructuraron un mecanismo de fraude telefónico aprovechando de manera directa el aislamiento social decretado durante la pandemia.
El requerimiento formal ante los magistrados fue presentado de manera conjunta por la Fiscalía de Instrucción de 27ª Nominación de Casos Complejos. El expediente principal de la causa acumulada quedó caratulado oficialmente bajo el nombre de “Abugauch Fátima Yamila, Asociación ilícita y estafa reiterada”. El esquema delictivo requería la participación coordinada de reclusos internos y de cómplices externos que recibían las transferencias de dinero.
Los integrantes de la organización criminal se comunicaban de forma remota con usuarios particulares simulando pertenecer a las oficinas de la Anses. Los embaucadores informaban falsamente a los ciudadanos elegidos que disponían de asignaciones económicas pendientes de cobro por parte del Estado. Las promesas fraudulentas incluían liquidaciones especiales de la Reparación Histórica para jubilados o fondos extraordinarios del beneficio del IFE.
Los investigadores policiales comprobaron que la mayoría de los damnificados por las estafas virtuales residían en localidades de la provincia de Río Negro. Los delincuentes persuadían verbalmente a las víctimas para que acudieran de forma inmediata a los cajeros automáticos de sus respectivos bancos. Una vez allí guiaban de forma remota a los usuarios para activar claves bancarias o tramitar préstamos exprés a nombre de los estafados.
El dinero obtenido mediante los engaños digitales se derivaba de manera instantánea hacia cuentas corrientes controladas por los cómplices en el exterior. Los fondos ilegítimos eran retirados rápidamente por la red externa para evitar los posteriores rastreos de los peritos informáticos de la policía. Del universo total de 32 imputados que irán al banquillo de los acusados un grupo de 13 personas permanece bajo prisión preventiva.
El juzgado interviniente dictaminó además que cuatro mujeres implicadas en el expediente continúen cumpliendo con el régimen de prisión domiciliaria. Los magistrados concedieron este beneficio especial tras evaluar pormenorizadamente las diversas responsabilidades familiares consagradas por la ley. Asimismo se constató que dos de los líderes de la banda ya purgaban condenas firmes por otros delitos menores al momento de los hechos.
