La fiscalía del fuero Penal Económico de Córdoba Capital decidió cerrar definitivamente la investigación sobre el manejo de subsidios durante la gestión municipal anterior. Esta resolución surge tras analizar la denuncia presentada por el senador nacional Luis Juez sobre presuntas maniobras irregulares en el transporte urbano. El magistrado Franco Mondino concluyó que los procesos administrativos de transición entre las empresas no constituyeron un delito con relevancia penal de ninguna índole.
El origen de la controversia judicial se remonta al período en que la firma Ersa abandonó la prestación del servicio en diversos corredores estratégicos de la ciudad. Ante este escenario de crisis, el municipio intervino las líneas 600, 601, 53, 54 y el Aerobús a través de la prestataria estatal Tamse. La denuncia sostenía que, durante un lapso de 35 días, la empresa privada continuó percibiendo aportes nacionales por recorridos que ya no realizaba efectivamente.
Según el planteo original del Frente Cívico, la supuesta demora en la transferencia de los beneficios financieros habría generado un perjuicio económico cercano a los $2.000.000.000. Sin embargo, la fiscalía determinó que la documentación respaldatoria no acredita la existencia de una defraudación o un uso indebido de los recursos públicos. Anteriormente, la Justicia Federal ya había advertido una debilidad probatoria manifiesta en el expediente antes de derivar la competencia al ámbito provincial.
La denuncia había sido presentada por el senador nacional Luis Juez, acusando presuntas maniobras irregulares en el transporte urbano
Críticas del denunciante al cierre judicial
Al conocerse la decisión, el senador Luis Juez expresó su malestar y cuestionó la transparencia del sistema judicial cordobés ante lo que considera una maniobra evidente. A través de sus plataformas digitales, el dirigente manifestó lo siguiente: "Hace más de un año denunciamos ante la Justicia Federal el desvío de subsidios nacionales del transporte público de pasajeros que debían ir a la empresa municipal TAMSE y habían sido desviados a ERSA".
Para el legislador nacional, la justicia actuó con desidia al no profundizar en los contratos firmados y en los giros bancarios que realizó la Nación oportunamente. Juez agregó textualmente en su descargo: "Le presentamos el contrato firmado por las máximas autoridades de la empresa municipal, la identificación de los coches, los recorridos, los horarios y el giro bancario que la Nación había realizado en concepto de subsidios al transporte municipal".
A pesar de los cuestionamientos públicos, el archivo definitivo de la causa pone fin a la vía judicial para investigar este proceso de cambio de prestatarias. La resolución de Mondino ratifica que no se encontraron elementos suficientes para sostener una acusación formal contra los funcionarios municipales de aquel momento. De esta manera, el conflicto por el control del financiamiento estatal del transporte público en Córdoba se traslada ahora estrictamente al escenario de la discusión política.
