La Justicia investiga a Flores por meter en la Legislatura a un empleado cesanteado y condenado por EPEC
Una denuncia penal contra el exlegislador Ramón "Cañito" Flores llegó a la Justicia por la incorporación como asesor legislativo de Ariel Alejandro Rodríguez.
La presentación ante la fiscal Analía Cepede apunta al nombramiento de Ariel Rodríguez, que tenía prohibido por ley ejercer cargos públicos tras ser despedido de la empresa energética.
Una denuncia penal contra el exlegislador Ramón "Cañito" Flores llegó a la Justicia por la incorporación como asesor en la Legislatura de Córdoba de Ariel Alejandro Rodríguez, un hombre con una condena por peculado y usurpación que tenía expresamente prohibido ocupar cargos públicos. La presentación, patrocinada por el abogado Javier Antonio Foresi, quedó en manos de la fiscal Analía Cepede.
La sospecha sobre esta designación surgió de las propias palabras del beneficiario durante un juicio oral ante la Cámara del Crimen de Deán Funes, en abril de este año. Rodríguez confesó allí que, tras quedarse sin trabajo, recurrió a su amistad con Flores para conseguir un puesto en la Legislatura provincial: "Es mi amigo y me dio una mano", declaró ante el tribunal, y reconoció que fue apartado recién cuando las autoridades tomaron conocimiento de sus antecedentes.
En ese proceso, Rodríguez fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión por los delitos de peculado y usurpación.
La sospecha sobre esta designación surgió de las propias palabras del beneficiario durante un juicio oral ante la Cámara del Crimen de Deán Funes
El antecedente que la Legislatura de Córdoba no pudo ignorar
El impedimento de Rodríguez para ingresar a la Legislatura de Córdoba era, según la denuncia, insalvable. Antes de convertirse en asesor de Flores, había trabajado en la Empresa Provincial de Energía de Córdoba desde julio de 2014, hasta que un sumario administrativo por graves irregularidades en el uso de bienes de la empresa terminó en su cesantía.
Ese antecedente administrativo se convirtió en un obstáculo legal directo: el Estatuto Escalafón para el Personal del Poder Legislativo (Ley Provincial 9.880) prohíbe expresamente, en su artículo 12 inciso f, el ingreso de quienes fueron declarados cesantes o exonerados de la administración pública nacional, provincial o municipal, salvo rehabilitación administrativa previa. El mismo artículo bloquea además el ingreso de personas condenadas por delitos contra la administración pública.
La denuncia solicita a la fiscal Cepede que investigue la responsabilidad penal tanto de Rodríguez como de los funcionarios que propusieron, gestionaron o autorizaron su nombramiento, con especial énfasis en el rol que desempeñó el propio Flores al recomendarlo.
Este expediente se suma al que ya investiga la misma Fiscalía de Deán Funes por grooming y abuso sexual infantil en Villa de María de Río Seco, con 15 personas detenidas y cuatro víctimas identificadas
Una trama que ya apunta a la asociación ilícita
Este expediente se suma al que ya investiga la misma Fiscalía de Deán Funes por grooming y abuso sexual infantil en Villa de María de Río Seco, con 15 personas detenidas y cuatro víctimas identificadas hasta el momento, todas niñas y adolescentes de entre 12 y 16 años. Uno de los principales acusados en esa causa es José Villarreal, otro asesor legislativo de Flores hasta que cayó preso.
Con Rodríguez y Villarreal, ya son varios los nombres del entorno de Flores señalados con antecedentes penales graves que igual lograron ingresar a la administración pública gracias a su padrinazgo político. Ese patrón repetido de designaciones irregulares es lo que llevó a que, además de las causas individuales, el propio Flores empiece a estar bajo la lupa por una posible asociación ilícita: la sospecha de que su entorno funcionaba como una red organizada para colocar a personas con impedimentos legales en cargos públicos, a cambio de lealtades políticas.
