La presentación ante la fiscal Analía Cepede apunta al nombramiento de Ariel Rodríguez, que tenía prohibido por ley ejercer cargos públicos tras ser despedido de la empresa energética.
La Legislatura de Córdoba tratará este miércoles el proyecto que ajusta la normativa provincial 11.035 a las disposiciones del Régimen Penal Juvenil nacional, vigente desde el 9 de septiembre.
La Fiscalía incorporó una grabación atribuida al exasesor, mientras la abogada de una de las víctimas denunció penalmente a los funcionarios que dejaron inactiva una causa de 2020.
Karina Mariño, pareja del legislador con licencia, presentó 14 facturas a la Legislatura y a dos ministerios provinciales por servicios que no fueron detallados.
La Legislatura aprobó por 32 votos contra 31 la salida temporal del legislador salpicado por el escándalo de abusos en Río Seco, mientras la oposición reclamaba su expulsión por indignidad.
El oficialismo provincial resolvió no forzar la renuncia del legislador de Río Seco, mientras se conoció el alejamiento de un tercer asesor de su entorno con antecedentes graves.
La Legislatura confirmó la baja de Ariel Rodríguez, contratado en el equipo de Ernesto Ramón Flores, quien tiene una condena por peculado vinculada a un episodio en Epec.
Juan Carlos, pareja de la denunciante que fue entregada a la familia Villarreal a los 2 años, relató en El Doce los abusos que sufrió y su actual estado de salud.
La víctima, con identidad preservada, relató a El Doce los abusos que dice haber sufrido mientras vivía con Villarreal y su familia, antes de que el exasesor legislativo fuera detenido por una nueva causa.
José Aníbal Villarreal figuraba como asistente legislativo hasta la semana pasada, y su detención reabrió el debate sobre los controles a los asesores del Poder Legislativo vinculados al legislador Ramón Flores.
El oficialismo, la UCR y el PRO unificaron criterios sobre 3 proyectos para delimitar los controles administrativos de las propiedades sospechosas.
Los bloques de la oposición formalizan la solicitud de juicio político por el desempeño judicial en el caso Barrelier.
Los bloques opositores impulsan la destitución de los magistrados por su desempeño previo al asesinato de Agostina Vega.
La Iglesia cuestiona la prohibición legislativa y sugiere crear asistentes con uniforme, obra social y tarifas estatales.
