La Legislatura de Córdoba elabora un borrador de decreto con la finalidad de endurecer las exigencias para el ingreso y permanencia del personal parlamentario contratado. Las medidas de control responden a las irregularidades que involucraron al exasesor José Villarreal, imputado por abuso sexual, y al colaborador Ariel Rodríguez, investigado por el uso de recursos energéticos estatales. Ante el impacto institucional generado por estos hechos, el legislador provincial Ernesto Ramón Flores solicitó licencia en su banca de la Unicameral.
El texto original de la Ley provincial 9.880 dispone en su artículo 8 la obligatoriedad de acreditar ciudadanía argentina, mayoría de edad, aptitud psicofísica y título secundario para incorporarse a la estructura. En materia de conducta, la norma establecía como requisito optativo la entrega del certificado provincial expedido por la Policía de la Provincia de Córdoba o el certificado penal nacional. Sin embargo, el área administrativa legislativa fijó un criterio más exigente al eliminar la alternancia y requerir ambas documentaciones de forma simultánea.
