La iniciativa parlamentaria propone crear un marco normativo para intervenir de forma rápida en propiedades privadas.
El gobernador de Córdoba remitió formalmente a la Legislatura provincial un proyecto normativo denominado Ley Antibúnker y Antiaguantaderos para su tratamiento. El propósito central de esta pieza legislativa consiste en otorgar herramientas jurídicas al Estado para actuar sobre propiedades privadas ligadas a ilícitos. La reglamentación prevé mecanismos de control sobre aquellos establecimientos que registren un estado de abandono crónico o faciliten la delincuencia.
La propuesta oficial contempla un procedimiento administrativo acelerado aplicable a los inmuebles identificados como centros de almacenamiento o comercialización. Las penalidades operativas se iniciarán mediante la confección de actas de constatación rigurosas junto a la elaboración de informes de peritos. Los agentes estatales autorizados podrán ejecutar de manera inmediata el clausurado provisorio de las instalaciones o el tapeado total de sus ingresos.
Las medidas cautelares sobre las estructuras edilicias incluirán cierres perimetrales y bloqueos definitivos de accesos bajo una estricta supervisión judicial permanente. La normativa legal pretende resguardar las condiciones de habitabilidad de los barrios cordobeses mediante la erradicación de puntos de venta de estupefacientes. El texto de la norma comenzará a evaluarse detalladamente por las comisiones parlamentarias ordinarias durante el transcurso de las próximas semanas de actividad.
Los legisladores analizarán una distribución porcentual fija de los recursos monetarios que resulten decomisados a las bandas dedicadas al narcotráfico local. Un 60% de los fondos incautados en los operativos policiales se destinará de manera directa al equipamiento logístico de la Fuerza Policial Antinarcotráfico. Esta asignación presupuestaria específica permitirá potenciar el despliegue territorial y la adquisición de tecnologías avanzadas para las investigaciones complejas en Córdoba.
El 40% restante de los activos incautados se transferirá de forma automática a las arcas pertenecientes al Ministerio de Justicia y Trabajo. Estos recursos específicos poseerán la finalidad exclusiva de financiar programas de abordaje preventivo de las adicciones en los sectores vulnerables. Los planes comunitarios estatales buscarán disminuir los índices de reincidencia delictiva mediante el acompañamiento profesional continuo de los ciudadanos afectados.
Las comisiones de la Legislatura unicameral revisarán minuciosamente los alcances constitucionales referidos al derecho de propiedad privada de los titulares dominiales. El debate parlamentario incluirá la evaluación de las competencias judiciales concurrentes para evitar futuros conflictos de jurisdicción entre magistrados. Las dependencias gubernamentales esperan recolectar los aportes de los diferentes bloques partidarios antes de proceder a la votación definitiva del texto.
