La reforma electoral depura más de 40 sellos de goma para garantizar la transparencia del sistema político.
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El Gobierno de Javier Mileienvió al Congreso un proyecto de ley que endurece las condiciones jurídicas para la creación y sostenimiento de partidos. La iniciativa oficialista busca reducir la severa fragmentación que exhibe el sistema mediante la eliminación definitiva de las estructuras pyme. Al 31 de marzo de 2026 la Cámara Nacional Electoral contabilizaba un total de 45 partidos nacionales y 714 agrupaciones de distrito vigentes.
En la provincia de Córdoba el impacto será de gran magnitud debido a que la nueva norma exige saltar de 4.000 a un mínimo fijo de 10.000 afiliados. Bajo los nuevos parámetros legales establecidos en el documento técnico sólo 5 fuerzas políticas de la provincia lograrían superar el filtro.
La Unión Cívica Radical encabeza el listado oficial con 195.721 inscriptos mientras que el Partido Justicialista se posiciona segundo con 177.061. Las restantes estructuras que conservarán su personería definitiva son el PRO con 16.831 aportes la Ucedé con 13.581 y el partido Pais con 11.056.
En la provincia de Córdoba el impacto será de gran magnitud debido a que la nueva norma exige saltar de 4.000 a un mínimo fijo de 10.000 afiliados
Fin del mercado negro de fichas y mayor control biométrico
Uno de los avances más destacados del proyecto de ley es la implementación obligatoria de un sistema de autenticación biométrica de identidades. La medida busca transparentar los procesos internos y terminar definitivamente con el histórico mercado negro de fotocopias de documentos civiles.
La normativa también eleva la exigencia de supervivencia política al fijar un piso electoral equivalente al 3% del padrón total de cada distrito. Los partidos fantasmas que solían mantener su reconocimiento legal mediante el alquiler de sellos en alianzas amplias perderán sus personerías.
Las fuerzas políticas que operan en todo el territorio nacional dispondrán de un plazo de adecuación que se extenderá hasta el mes de junio de 2027. El ordenamiento fiscal y electoral propuesto por el Poder Ejecutivo busca asemejar el esquema argentino a los modelos eficientes de la región.
María Servini, jueza federal con competencia electoral nacional.
