De qué se trata la iniciativa de Milei: la mayor reforma electoral desde la vuelta a la democracia que busca eliminar las PASO, incorporar Ficha Limpia y terminar con los privilegios de la casta política
El Gobierno nacional dio un paso decisivo en su agenda de reformas al enviar al Congreso el proyecto de ley de reforma electoral, una iniciativa de amplio alcance que apunta a modificar de raíz el funcionamiento del sistema político argentino. La propuesta, que ya ingresó en la Cámara de Senadores, busca eliminar las PASO, introducir la figura de Ficha Limpia y redefinir el financiamiento de los partidos políticos, entre otros cambios estructurales. El impulso político de la iniciativa fue confirmado por el propio presidente Javier Milei, quien anunció desde Israel el envío del proyecto con un mensaje contundente en redes sociales: "ELIMINAMOS LAS PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. CAMBIAMOS EL FINANCIAMIENTO: se termina la política viviendo de tu bolsillo. FICHA LIMPIA: los corruptos AFUERA para siempre. SE ACABÓ LA IMPUNIDAD. SE ACABÓ LA JODA. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!".
El texto, compuesto por 79 artículos, ingresó formalmente en la Cámara Alta durante la tarde de este miércoles. Allí se plantean modificaciones sobre múltiples normas clave, entre ellas la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, el Código Electoral Nacional y la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. La estrategia del oficialismo de iniciar el debate en el Senado responde a la necesidad de construir acuerdos con los gobernadores provinciales, actores centrales en la definición del futuro de la reforma. En este contexto, las negociaciones serán determinantes, ya que muchos mandatarios buscan garantías políticas propias antes de acompañar los cambios propuestos por la Casa Rosada.
Comunicado oficial del presidente
Fin de las PASO
Uno de los ejes centrales del proyecto es la eliminación de las PASO a nivel nacional. La iniciativa sostiene que las internas partidarias deben ser organizadas y financiadas exclusivamente por las propias fuerzas políticas, sin intervención estatal ni utilización de recursos públicos. Con esta medida, el Gobierno apunta a reducir el gasto y reforzar la autonomía de los partidos.
De avanzar esta modificación, cada partido o alianza deberá definir sus candidatos mediante mecanismos internos, sin la participación obligatoria del electorado en esa instancia. Según el texto, el objetivo es evitar que los contribuyentes sigan financiando procesos internos de agrupaciones políticas, consolidando un principio de autosustentabilidad.
Nuevas reglas para los partidos políticos
La reforma también redefine los requisitos para la constitución y funcionamiento de los partidos políticos. Para obtener la personería jurídico-política, será necesario contar con al menos 50 electores fundadores por distrito, además de presentar acta de fundación, declaración de principios, carta orgánica, autoridades designadas, domicilio partidario y sitio web oficial. Asimismo, los solicitantes deberán declarar que no integran ni fundaron otra fuerza en formación.
Tras el reconocimiento provisorio, las agrupaciones tendrán 180 días para acreditar afiliados equivalentes al 0,5 % del padrón del distrito, con un tope de 2.000.000 de inscriptos, y deberán convocar elecciones internas en un plazo máximo de 90 días.
El presidente, Javier Milei.
Para alcanzar el reconocimiento nacional, será obligatorio contar con presencia en al menos diez distritos y reunir afiliados equivalentes al 0,1 % del padrón nacional. El control quedará en manos del Ministerio Público Fiscal, que podrá solicitar la caducidad ante incumplimientos.
Entre las causales de pérdida de personería se incluyen: no realizar internas durante cuatro años, no participar en dos elecciones nacionales consecutivas, no alcanzar el 3 % del padrón en elecciones sucesivas o incumplir la paridad de género en los órganos directivos.
Ficha Limpia: un límite a la impunidad
El proyecto incorpora la figura de Ficha Limpia, que impedirá ser candidato o autoridad partidaria a quienes tengan condena en segunda instancia por delitos dolosos, violaciones graves de derechos humanos o crímenes de guerra. El registro estará a cargo de la Cámara Nacional Electoral y se mantendrá vigente hasta la revocación de la condena o el cumplimiento de la pena.
La presentación de candidaturas exigirá avales ciudadanos equivalentes al número de afiliados requeridos para la personería, tanto para cargos legislativos como para fórmulas presidenciales —estas últimas en al menos diez distritos—. Además, se prohíbe la doble postulación en una misma elección.
Las listas deberán respetar la alternancia de género desde el primer titular hasta el último suplente.
El proyecto también establece la implementación obligatoria de la boleta única en papel para todos los cargos nacionales, con posibilidad de optar por lista completa y la opción de que los partidos soliciten un color específico hasta 65 días antes de la elección.
El presidente, Javier Milei.
Regulación de campañas y uso del Estado
La campaña electoral comenzará 60 días antes de la votación y finalizará 48 horas antes del comicio. Se prevén sanciones para quienes incumplan estos plazos, incluyendo la pérdida de financiamiento público por entre uno y cuatro años y multas de entre 2.000 y 50.000 módulos electorales.
Durante los 25 días previos a la elección, se prohibirán inauguraciones de obras públicas, lanzamientos de planes estatales y cualquier actividad oficial que pueda influir en el voto. La publicidad gubernamental no podrá favorecer ni perjudicar a ningún candidato.
Financiamiento
En materia de financiamiento partidario, los aportes estatales estarán limitados a partidos reconocidos. Se prohíben donaciones anónimas, de empresas concesionarias, sindicatos, personas extranjeras o individuos procesados o condenados por delitos graves.
Al menos el 10 % de los fondos públicos deberá destinarse a capacitación e investigación. Todos los movimientos financieros deberán canalizarse a través de una única cuenta bancaria por distrito, bajo supervisión de la Justicia Electoral y la Cámara Nacional Electoral.
Los aportes individuales no podrán superar el 35 % del límite fijado según el módulo electoral y la cantidad de electores. Además, se exigirá una rendición detallada de gastos de campaña, incluyendo publicidad en internet y redes sociales, con desglose por rubros como administración, publicidad, alquileres, encuestas y transporte.
Plazos de adecuación
Los partidos políticos tendrán tiempo hasta el 30 de junio de 2027 para adaptarse a las nuevas disposiciones. También se establecen restricciones para designar personas inhabilitadas en cargos ejecutivos, cuerpos colegiados y empresas estatales. El régimen se extenderá a la elección de parlamentarios del MERCOSUR y podrá ser adoptado por provincias que decidan adherir al sistema nacional, incluyendo categorías provinciales y municipales dentro de la boleta única.
