Tras el escándalo por la contratación de personas con antecedentes, el viceintendente Javier Pretto admitió que la vía de acceso al municipio es la sugerencia política.
El viceintendente Javier Pretto reconoció que el ingreso a la planta municipal en la ciudad de Córdoba depende de recomendaciones políticas y no de la idoneidad del aspirante. Esta confesión desnuda la realidad de una administración pública convertida en una bolsa de trabajo para militantes, alejándose de cualquier principio de transparencia y meritocracia.
El funcionario informó que la gestión pretende implementar controles de antecedentes penales cada 180 días para intentar maquillar la falta de filtros en los ingresos. Actualmente, la estructura municipal cuenta con 8.200 empleados en planta permanente, tras haber reducido un número previo de 11.000 agentes en los últimos años.
"Siempre en la administración se entró por recomendaciones, por sugerencias", afirmó Pretto al justificar la falta de concursos públicos.
Javier Pretto reconoció que el ingreso a la planta municipal en la ciudad de Córdoba depende de recomendaciones políticas y no de la idoneidad del aspirante.
Un sistema plagado de irregularidades
La reciente purga de 119 empleados exonerados por diversas faltas, de los cuales 91 provenían de etapas previas, confirma que el municipio funcionó como un refugio de irregularidades durante años. La falta de control jerárquico permitió que casos como el del becario Claudio Barrelier, impulsado por el exconcejal Ricardo Moreno, operaran con total impunidad mientras el oficialismo miraba hacia otro lado.
La ineficiencia administrativa es evidente cuando un agente puede estar detenido durante 20 días sin que sus superiores emitan un solo reporte o sanción. Esta desidia demuestra que, mientras el contribuyente financia el gasto público, la estructura municipal es utilizada para sostener redes de contactos políticos en lugar de brindar servicios de calidad al ciudadano.
Para Córdoba, la continuidad de este modelo implica un costo operativo insostenible y un desprecio absoluto por los cordobeses que pagan sus impuestos para sostener esta maquinaria política. La falta de concursos públicos impide que los ciudadanos más capacitados accedan a la administración, relegando la gestión a manos de quienes tienen mejores vínculos partidarios.
Daniel Passerini, intendente de Córdoba capital, y Javier Pretto, viceintendente de la ciudad.
Responsabilidad política y futuro
La renuncia de Ricardo Moreno y los parches regulatorios anunciados no ocultan el fracaso de una gestión que naturalizó el clientelismo como método de gobierno. El intendente Daniel Passerini y su equipo son los responsables finales de haber permitido que el municipio se transformara en una agencia de colocación de militantes.
Los contribuyentes y los inversores exigen el fin de los nombramientos a dedo y la restitución inmediata de los concursos públicos exigidos por la Constitución. Solo la profesionalización real del empleo público podrá garantizar la eficiencia necesaria para que el municipio deje de ser un botín político y comience a trabajar para quienes realmente mueven el motor productivo de la provincia.
La verdadera transformación llegará cuando la meritocracia desplace definitivamente a la recomendación política en la administración municipal.
