El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena dejó sin efecto de manera provisional las órdenes nacionales de busca, captura y detención contra Carles Puigdemont, Antoni Comín y Lluís Puig, después de que el Tribunal Constitucional estimara el recurso de amparo presentado por la exconsellera catalana Dolors Bassa.
La decisión judicial se conoce justo al comienzo de la campaña electoral en España, en un contexto político especialmente sensible por el peso que el independentismo catalán y los acuerdos vinculados al procés tienen en la política nacional.
Llarena, instructor de la causa del procés, dictó un auto en el que ordena levantar inmediatamente las medidas mientras analiza el alcance que pueda tener la resolución del Tribunal Constitucional sobre el caso de Bassa. El magistrado aclaró que la decisión es transitoria y no supone todavía la aplicación de la amnistía a Puigdemont, Comín o Puig.
Llarena deja en suspenso las órdenes contra Puigdemont
El magistrado explicó que todavía no cuenta con el texto íntegro de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre Dolors Bassa. Sin embargo, consideró que existe una coincidencia sustancial tanto en los hechos como en la cuestión jurídica discutida, por lo que el pronunciamiento constitucional podría afectar al fundamento de las órdenes de detención que mantenía vigentes desde julio de 2024.
Ante esta nueva circunstancia, Llarena decidió revisar de inmediato la ejecución de las órdenes hasta conocer en detalle la sentencia y determinar sus consecuencias jurídicas.
El juez remarcó que el levantamiento no implica una extensión automática del fallo del Constitucional a Puigdemont, Comín y Puig, ya que ellos no fueron los recurrentes en ese procedimiento.
Según el auto, se trata del ejercicio de la facultad del juez de revisar de oficio las medidas personales ante un cambio relevante en la situación jurídica, teniendo además en cuenta el derecho a la libertad reconocido por el artículo 17 de la Constitución española.
Una decisión provisional en plena campaña electoral
La resolución tiene lugar en un momento políticamente clave para España, con el inicio de la campaña electoral y con el independentismo catalán nuevamente en el centro del debate nacional.
Puigdemont, líder de Junts y expresidente de la Generalitat, continúa siendo una de las figuras centrales de la política catalana y española. Su situación judicial ha estado estrechamente vinculada durante los últimos años a las negociaciones parlamentarias y a la Ley de Amnistía impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Por eso, el levantamiento provisional de las órdenes de detención vuelve a colocar al dirigente independentista en el centro de la escena política española justo cuando comienza la campaña.
No obstante, el propio Supremo dejó claro que la medida adoptada por Llarena no resuelve definitivamente la situación judicial de Puigdemont.
El Supremo todavía debe analizar el alcance de la sentencia
El auto establece expresamente que el levantamiento de las órdenes no declara aplicable la amnistía, no extingue la responsabilidad penal y tampoco resuelve las cuestiones que todavía permanecen pendientes.
Una vez que el magistrado tenga acceso al texto completo de la sentencia del Tribunal Constitucional, deberá determinar si corresponde mantener, modificar o volver a ejecutar las medidas contra Puigdemont, Comín y Puig.
Llarena consideró que mantener las órdenes activas durante este período podría provocar una privación de libertad que posteriormente se demostrara improcedente. Por ese motivo, entendió que resulta proporcionado suspenderlas temporalmente hasta conocer con precisión el alcance del fallo constitucional.
El Supremo ordenó comunicar inmediatamente la decisión a la Policía Nacional, la Guardia Civil, los Mossos d’Esquadra y al resto de autoridades a las que se hubieran remitido las órdenes, para que se abstengan de ejecutar cualquier privación de libertad basada en ellas.
De esta manera, Puigdemont queda temporalmente fuera del alcance de las órdenes nacionales de detención, aunque su situación judicial todavía deberá ser definida por el Tribunal Supremo una vez que Llarena estudie íntegramente la resolución del Constitucional.
