Cuando responder molesta más que mentir

La acusación de censura es una de las armas favoritas del progresismo cuando pierde el control del relato. La repite de memoria, sin rigor y sin pudor, cada vez que el poder simbólico que monopolizó durante décadas empieza a resquebrajarse. Eso es exactamente lo que ocurre hoy con la cuenta de X “Oficina de Respuesta Oficial”. No hay cierre de medios, no hay periodistas presos, no hay notas bajadas, no hay contenidos prohibidos. Hay algo mucho más intolerable para la izquierda: una respuesta directa, pública y documentada a la mentira.

Durante años, la política argentina funcionó bajo una premisa tácita pero eficaz: el relato no se discutía, se administraba. Los gobiernos no solo imponían impuestos, regulaciones y déficits; también construían una ficción sostenida por periodistas militantes, expertos dóciles y medios alineados. En ese esquema, mentir no era un exceso: era una técnica de gobierno. La inflación se maquillaba, la pobreza se negaba, el saqueo se justificaba con eufemismos. Y quien osaba señalarlo era estigmatizado, ridiculizado o silenciado.

Ese blindaje narrativo no se sostenía por la fuerza, sino por algo mucho más profundo y eficaz: la hegemonía cultural. El poder real no comienza cuando se ocupan cargos públicos, sino mucho antes, cuando se logra moldear el marco mental desde el cual la sociedad interpreta los hechos, distingue lo legítimo de lo ilegítimo y define lo que considera posible o imposible. Quien domina ese plano invisible no necesita imponer: le basta con que la propia sociedad reproduzca ese orden como si fuera natural. Durante décadas, la izquierda comprendió este mecanismo y lo utilizó con precisión estratégica, construyendo un sentido común funcional a su permanencia. Pero ese monopolio, que parecía indestructible, empezó a resquebrajarse.

La creación de una cuenta oficial que responde, cita datos y desmiente operaciones en tiempo real rompe ese pacto implícito. No porque imponga un nuevo dogma, sino porque expone la fragilidad del viejo. Por eso el escándalo. Por eso los gritos. Por eso las comparaciones grotescas con la Gestapo, el nazismo o la “Policía del Pensamiento” de Orwell. No es ignorancia: es mala fe. Comparar una herramienta de respuesta institucional con uno de los aparatos represivos más criminales de la historia no solo es falso, es una banalización obscena del Holocausto.

La cuenta “Oficina de Respuesta Oficial” no censura. No controla contenidos. No persigue periodistas. Responde. Y responder no es un acto autoritario: es un acto profundamente liberal. La libertad de expresión protege el derecho a hablar, no el privilegio de quedar inmune a la crítica o a la contradicción. En una sociedad abierta, las ideas no se blindan: se exponen, se confrontan y se someten al juicio público. Confundir la refutación con la represión no es un error inocente, sino una distorsión deliberada destinada a preservar relatos que no resisten el contraste con la realidad.

Desde una mirada más profunda, el poder político no se mantiene únicamente por la fuerza formal de las leyes, sino también por la aceptación social que logra construir a través de relatos, símbolos y marcos interpretativos. La legitimidad no surge espontáneamente: se fabrica, se reproduce y se defiende en el terreno de las ideas. Por eso, el control del discurso público ha sido históricamente uno de los instrumentos más eficaces para preservar estructuras de poder.

Sin embargo, hay un punto que incomoda a quienes se beneficiaron durante años de ese monopolio narrativo. La cuenta de X “Oficina de Respuesta Oficial” no opera como una herramienta para expandir artificialmente la imagen del gobierno, sino como un mecanismo orientado a cuestionar y desarticular versiones instaladas que carecen de sustento. Su función no es crear una épica oficial, sino exponer inconsistencias, contrastar afirmaciones y devolver el debate al terreno de los hechos.

En ese sentido, no se trata de construir una nueva hegemonía, sino de erosionar una preexistente. No agrega poder donde no lo había, sino que revela el andamiaje simbólico que durante años permitió que determinados actores moldearan la percepción pública sin contrapeso. Lo que está en juego no es la imposición de un relato, sino el fin de su inmunidad.

Ahí está el núcleo del conflicto. La izquierda y el periodismo militante están furiosos no porque se ataque la libertad de prensa, sino porque pierden su privilegio histórico: decir cualquier cosa sin ser refutados. Se terminó la comodidad de la mentira impune. Se terminó el micrófono sin réplica. Se terminó el “off the record” convertido en verdad revelada. Cuando el Estado deja de ser un productor pasivo de comunicados y pasa a exponer falsedades con datos, el relato entra en crisis.

La acusación de censura es, en este contexto, una inversión moral clásica del progresismo. Los mismos que durante años callaron estadísticas privadas, persiguieron voces disidentes y transformaron organismos públicos en agencias de propaganda, hoy se rasgan las vestiduras porque alguien les contesta. No defienden la libertad de expresión; defienden su monopolio.

La cuenta “Oficina de Respuesta Oficial” no fortalece al viejo Estado elefantiásico y mentiroso. Lo contrario: lo obliga a hablar con hechos, a sostener lo que dice, a exponerse. Y eso es precisamente lo que incomoda. Porque cuando el blindaje narrativo se rompe, queda al descubierto lo que siempre estuvo debajo: improvisación, manipulación y desprecio por la verdad.

En definitiva, no estamos ante un avance autoritario, sino ante un cambio de reglas. La palabra ya no es patrimonio exclusivo de la casta mediático-política. Ahora hay respuesta. Y para quienes construyeron poder sobre la mentira, eso es imperdonable.