Seguinos en redes

Economía

Acuerdo con el FMI: Sin equilibrio fiscal hasta 2026 y sin reformas estructurales, el que pierde es Argentina

Publicado

en

El Gobierno finalmente consolidó un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo durará dos años y medio, e implica un monto por US$ 44.500 millones para refinanciar la deuda anterior. No se abordará ningún tipo de reforma estructural.

Después de meses de negociaciones, finalmente el Gobierno de Alberto Fernández acercó posiciones con el Fondo Monetario Internacional y concretó un principio de acuerdo con el organismo multilateral.

En concreto, el acuerdo firmado por Argentina supone programa de dos años y medio de duración, recibiendo un monto por US$ 44.000 millones para la refinanciación de la deuda anterior. En otras palabras, el Gobierno acordó la toma de más deuda para poder así hacer frente a los vencimientos de la deuda tomada anteriormente por un monto similar.

De forma sorpresiva, finalmente la posición más extremista del oficialismo prevaleció ante las negociaciones con el Fondo, y el Gobierno solamente planteó una corrección completa del déficit fiscal primario para 2026. Argentina mantendrá un rojo fiscal corriente por 4 años más, sin siquiera poder compensar el pago de intereses para ese entonces.

Aún así, los mercados respondieron al acuerdo después de las fuertes turbulencias cambiarias en la jornada del día jueves. El dólar volvió a bajar casi $6 desde entonces y el precio de los bonos registró aumentos de hasta el 9%, pero más tarde se estancó el alza debido a la falta de reformas estructurales sobre la economía del país, algo que fue confirmado explícitamente por la bocera del oficialismo Gabriela Cerruti.

Los detalles acercados por el Gobierno apuntan a consolidar un déficit del 2,5% del PBI para este año, 2% del PBI en 2023, 1% en 2024, 0,5% para 2025 y finalmente equilibrio primario en 2026. Es notable que la mayor parte del ajuste fiscal primario es planificada a partir del 2024, casualmente cuando se descuenta un posible cambio de Gobierno.

Se debe tener en consideración, además, que la estrategia sobre el pago de intereses de deuda también cobra mayor relevancia a partir del 2024, como resultado de la restructuración celebrada a mediados del 2020. La gestión de la deuda apunta a trasladar vencimientos y obligaciones a un futuro Gobierno en 2024.

Según precisó Guzmán en conferencia de prensa, si bien el acuerdo el acuerdo de políticas económicas es superior a los 2 años, el pago de los debidos vencimientos de la deuda comienzan al cabo de 4 años y medio, lo que podría volver a caer dentro la responsabilidad de un nuevo Gobierno distinto al actual.

El ministro Martín Guzmán aseguró que el programa actual no es un Stand-by como el que se había tomado en 2018, sino que es formalmente un acuerdo de facilidades extendidas. Sin embargo, lo cierto es que tampoco puede encasillarse rigurosamente en esta última categoría, porque normalmente los acuerdos de facilidades extendidas exigen reformas estructurales que están completamente ausentes en el programa.

El presidente Fernández celebró públicamente la negativa del país por realizar cualquier tipo de reforma estructural. El Gobierno se niega sistemáticamente a permitir la reforma laboral, la reforma previsional, la reforma tributaria, la desregulación de la economía, la apertura arancelaria, privatizaciones, o cualquier otro tipo de reforma que no encaje en el libreto kirchnerista.

La dramática ausencia de reformas no solamente forma un vacío alrededor de la capacidad de pago de la Argentina, sino que también perjudica la situación interna. Sin una reforma laboral, el tamaño de la economía informal pone en riesgo a la recaudación tributaria y, con ello, la sostenibilidad del sistema de pensiones en última instancia.

Por otra parte, sin una seria reforma previsional, el déficit del sistema jubilatorio estará lejos de erradicarse, algo que pondrá una especial presión en las cuentas públicas en el largo plazo porque afecta directamente la solvencia del país.

El FMI finalmente no tuvo más remedio que acatar lineamientos que, en otras circunstancias históricas, parecerían completamente imposibles de lograr. Esta situación no se explica por alguna habilidad del Gobierno, sino más bien porque Argentina ocupa una situación deudora exorbitantemente alta como parte de la cartera total del Fondo Monetario, poniendo al organismo en una situación extremadamente compleja.

Economía

La Argentina que dejó el kirchnerismo: Milei recibió un país sin consumo privado, sin inversión y sin exportaciones

Publicado

en

El modelo kirchnerista demostró un agotamiento notable que finalmente condujo a la recesión desde la segunda mitad de 2022. La crisis se profundizó a lo largo del año pasado, y el cuatro trimestre de 2023 finalizó con los principales indicadores macroeconómicos en rojo.

El INDEC anunció los resultados sobre el avance del nivel de actividad y sus principales componentes correspondientes al cuarto trimestre del año 2023, el último de la administración del exministro y fallido candidato Sergio Massa.

Los resultados publicados demuestran el agotamiento de un modelo económico obsoleto. El organismo oficial de estadísticas determinó que la variación desestacionalizada del PBI (a precios constantes) marcó un rojo del 1,9% en el último trimestre del año pasado. El principal termómetro de la economía argentina registró un magro resultado hacia el final de la gestión massista.

La producción industrial sufrió una caída de hasta el 6% interanual en el último cuarto de 2023, el sector del comercio minorista y mayorista registró un retroceso del 3,9%, la producción de electricidad, gas y agua se desplomó un 5,1% interanual, los servicios de intermediación financiera cayeron un 4,4%, y la construcción sufrió un declive de casi un 1% en el mismo período.

No obstante, y pese al arsenal de medidas artificiales y cortoplacistas adoptadas por el exministro, el consumo del sector privado se desplomó hasta un 1,5% entre octubre y diciembre de 2023. 

Los paliativos de corto plazo, las ayudas y los subsidios temporales, poco y nada pudieron hacer para compensar la estampida inflacionaria y la erosión del poder adquisitivo de los salarios (especialmente en el sector informal).

La inversión real de la economía argentina se contrajo casi un 11% en el cuarto trimestre de 2023, superando holgadamente a la variación negativa del mismo período pero del 2022 (que había llegado al 4,5% respectivamente).

El país dejó de invertir cada vez más en renovación de maquinaria, infraestructura, tecnología, etc. Bajo las reglas de juego del exministro Massa, la Argentina se había convertido en un destino fallido para el desarrollo de la iniciativa privada y la inversión a largo plazo.

En otras palabras, el nuevo Gobierno del Presidente Javier Milei no solo heredó una economía en recesión y estanflación (con los precios aumentando a un ritmo del 1% diario), sino que además el retroceso de la inversión en formación bruta de capital deterioró la capacidad instalada del país para poder recuperarse de la crisis. La Argentina se descapitalizó por cuatro años.

Todo esto se suma a la oleada de desequilibrios fiscales, cambiarios, monetarios y de precios relativos que dejó plantados el Gobierno anterior. Al menos un 200% de brecha cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo, un saldo de reservas netas en rojo por US$ 11.000 millones de dólares, un stock de pasivos remunerados equivalente a casi el 300% de la base monetaria (11 puntos del PBI) y un déficit fiscal nacional superior al 6% del producto. Se trata de una de las peores herencias macroeconómicas de la historia argentina.

Seguir Leyendo

Economía

Se desarma la bomba de pasivos remunerados que caen al 5% del PBI y se acerca la salida del cepo

Publicado

en

El stock de las letras del Banco Central se redujo a la mitad desde que el Presidente Milei asumió la dirección del país el pasado 10 de diciembre. También disminuyó notoriamente la emisión monetaria a cuenta de los intereses asociados a los pasivos remunerados.

Las condiciones macroeconómicas idóneas para la liberalización total del mercado cambiario están cada vez más cerca de ser una realidad. Desde el 10 de diciembre del año pasado el Gobierno desplegó un amplio programa de saneamiento sobre el balance del Banco Central, al mismo tiempo en que el Ministerio de Economía equilibró sus finanzas y mitigó la dominancia fiscal sobre la política monetaria.

En solo tres meses de gestión, la administración de Santiago Bausili al frente del BCRA logró reducir el stock de pasivos remunerados del 10,5% al 5% del PBI según estimaciones de las consultoras privadas. La carga por la “bola de nieve” de las Leliq se reconvirtió en el stock de Pases, y este último se vio rápidamente licuado por la evolución inflacionaria.

En tiempo récord, la magnitud de la emisión monetaria a cuenta de pagar los intereses por los pasivos remunerados también se redujo a la mitad, del 10% al 5% del PBI respectivamente desde diciembre de 2023. Este monto también es conocido como el “déficit cuasi-fiscal”, y significaba un verdadero peligro para la estabilización de la economía.

Para poder liberalizar los controles cambios y permitir la libre compra-venta de divisas, el Gobierno apuntó primero a operar sobre los desequilibrios de sobrante de pesos que dejó la gestión anterior. 

Ante una liberalización cambiaria, los agentes (bancos, pequeños ahorristas, etc) podrían verse atraídos por huir del peso hacia el dólar de manera rápida y violenta, provocando así un colapso de la demanda de pesos y de la renovación de los pavos remunerados. 

Esto llevaría rápidamente a la hiperinflación, ya que la cantidad de dinero en circulación podría incrementarse de forma dramática en poco tiempo (y cuando más elevada es la inflación, más rápido es el efecto de la emisión de dinero en el sistema).

El Gobierno del Presidente Milei se propuso evitar a toda costa un escenario hiperinflacionario, por lo que el saneamiento del balance del BCRA haría posible una muy pronta liberalización cambiaria sin el riesgo de provocar la violenta espiral inflacionaria.

Seguir Leyendo

Economía

Las jubilaciones subirán 7 puntos por encima de la inflación en abril y luego aumentarán según IPC de manera automática

Publicado

en

Entre el aumento por inflación, el adicional del 12,5% y el bono de $70.000, las jubilaciones subirán un 62% en abril, lo cual le ganará a la inflación por 7 puntos en términos reales, y se darán incrementos cada mes.

El vocero presidencial Manuel Adorni explicó con más detalles la nueva fórmula previsional, publicada este lunes a través del Decreto 274/24 en el Boletín Oficial, la cual establece que los jubilados y pensionados van a cobrar los aumentos mensuales ajustados por el Índice de Precios al Consumidor.

En conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adorni destacó que a la nueva fórmula se le va a adicionar el 12,5% de recomposición y el bono de $70.000 pesos, lo que suma un incremento de aproximadamente 62% en lo que va del año, unos 7 puntos por encima de la inflación acumulada del 55% entre enero y marzo.

Esto cambia radicalmente lo que iba a pasar con los haberes si no se cambiaba la fórmula. El aumento a los jubilados iba a ser de 0% en abril y en mayo”, advirtió el vocero. “En julio empieza a regir de manera plena esta nueva fórmula y se va a hacer el cálculo de cuánto hubiese sido el ajuste sólo aplicando la fórmula anterior, y si hay alguna diferencia se le va a abonar a los jubilados”.

“Esta nueva fórmula es absolutamente coyuntural y apelamos nuevamente a que la política esté a la altura y que en el Pacto de Mayo podamos tener discutida una reforma previsional y una reforma laboral más integrales que hagan que el sistema jubilatorio sea sustentable”, concluyó.

En la misma línea, el comunicado oficial de la Oficina del Presidente anunció el lanzamiento de una nueva fórmula previsional para ajustar los haberes a partir de junio de manera automática, con el objetivo de detener la masiva pérdida de poder adquisitivo en la que se vieron alcanzados los jubilados en los últimos cuatro años.

El equipo económico presidido por el ministro Luis Caputo dispuso que a partir de abril, todos los haberes previsionales (sin ninguna excepción) serán actualizados por la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), ese mes y en mayo, el ajuste será por decreto, mientras que a partir de junio se hará de manera automática sin la necesidad de una intervención presidencial.

Este último aumento tiene el objetivo de evitar que la transición entre la nueva fórmula previsional y la anterior pueda provocar cualquier tipo de erosión sobre el poder adquisitivo de los jubilados (como por ejemplo ocurrió entre el último trimestre de 2017 y el primero de 2018).

En otras palabras, el poder adquisitivo de los jubilados dejará de licuarse con las nuevas reglas de juego del sistema, al mismo tiempo en que se espera un fuerte descenso de la tasa de inflación para los próximos meses. Conforme disminuya la inflación, las jubilaciones podrían aumentar en términos reales debido a que la fórmula siempre se ajusta por el dato del IPC del mes anterior (y viceversa cuando la inflación aumenta).

Asimismo, el nuevo esquema presentado garantiza una mayor estabilidad en la relación del gasto previsional con respecto al PBI. De esta manera se facilita la tarea de confeccionar presupuestos, y de destinar los recursos correspondientes a los jubilados y pensionados sin incurrir en errores por falta de actualización.

La fórmula previsional kirchnerista ajustaba los haberes de acuerdo al índice RIPTE de salarios (el cual perdió contra la evolución de los precios en los últimos 15 años), y al mismo tiempo se componía por la recaudación de la seguridad social (también muy inestable debido a la gran cantidad de empleo informal). Esta fórmula fue directamente responsable de que el poder adquisitivo de una jubilación mínima cayera casi un 40% entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.

El Gobierno anterior desplegó una serie de bonos adicionales para tratar de compensar (parcialmente) la debacle sobre las jubilaciones, pero estos únicamente se aplicaron sobre el haber más bajo. Las jubilaciones medias y altas no se vieron alcanzadas por los bonos, y esto deterioró todavía más los escasos incentivos existentes para aportar al sistema previsional.

La legislación laboral vigente demostró ser abiertamente disfuncional en vista a la tamaña proporción del empleo no registrado en relación al total del trabajo de la Argentina, y los incentivos nocivos del sistema de reparto estatal no hacen más que acrecentar la tendencia.

El Gobierno también apunta a erradicar el déficit del sistema previsional operando desde el punto de vista de sus ingresos. En este sentido, se apunta a la flexibilización de la legislación laboral (más puestos formales potenciales para aportar al sistema) y la mejora de los incentivos para el esfuerzo.

Seguir Leyendo

Tendencias