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Economía

Argentina vuelve a pedir un préstamo al FMI: Guzmán entró en un acuerdo stand-by por 2 años sin reformas estructurales

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Durante ese lapso habrá revisiones trimestrales y desembolsos que el país utilizará para pagar el crédito tomado por el gobierno de Mauricio Macri y fortalecer las reservas. Habrá diez años para cancelarlo.

Martín Guzmán anunció a días del vencimiento de deuda que hubiera dejado a la Argentina en default un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar los US$ 44.000 millones que pidió prestados Mauricio Macri en 2018.

En una conferencia de prensa, junto al jefe de Gabinete Juan Manzur, el ministro de Economía explicó las claves del nuevo programa. El entendimiento implica un nuevo programa de dos años y medio durante el cual el FMI hará revisiones trimestrales de las metas acordadas y desembolsos de dinero. Luego habrá un período de 10 años para cancelar la refinanciación, que comenzaría en 2026.

Todo el dinero irá a parar a las reservas del Banco Central, dándole espalda al organismo para contener el tipo de cambio y evitar una corrida al dólar, algo a lo que habría quedado totalmente expuesto el Gobierno si hacía el pago de febrero sin refinanciación.

Las negociaciones habían empezado a mediados del 2020 y después de un año y medio de negociaciones finalmente Guzmán consiguió llegar a un acuerdo formal con el Fondo justo antes de que comenzara el calendario más exigente de devolución de deuda. El diálogo se había intensificado en las últimas semanas y se aceleró estos últimos días, con la presión del pago de casi US$ 720 millones pisándole los talones al Poder Ejecutivo.

Los detalles del acuerdo

Duración del programa

Guzmán aclaró que el programa será un Extended Fund Facility (EFF) que tiene una duración de dos años y medio. Durante ese primer período el FMI “cubrirá” los vencimientos establecidos en el stand by firmado en 2018 por el Gobierno de Mauricio Macri.

En 2026 comenzaría a correr ese plazo de 10 años para que el país devuelva el monto. El formato definitivo de esa segunda etapa del programa se negociará en las próximas semanas, adelantó Guzmán, en lo que se conoce como los memorandos con el FMI.

Metas fiscales

Habrá un sendero de reducción del déficit fiscal, muy gradual, hasta 2026. Para el año 2022 se prevé un déficit del 2,5% (desde el 3% con el que arrancó el año); en 2023 del 1,9% del y 2024 del 0,9% para llegar al déficit cero en 2025.

Es importante destacar que el Fondo acordó permitir aumentar el gasto en infraestructura y ciencia y tecnología y proteger programas sociales focalizados, mientras habrá una importante reducción en los subsidios a la energía.

Emisión monetaria

Habrá una reducción gradual de la asistencia del Banco Central al Tesoro, al menos eso fue lo pactado. Mientras en 2021 fue del 3,7% del PBI; en 2022 se apunta a que sea del 1%, en 2023 0,6% y en 2024 que se aproxime a cero, indicó Guzmán.

Política cambiaria

Con el dinero que entrará a las arcas del Banco Central, el Gobierno podrá intervenir el mercado cambiario y prevenir algún tipo de salto devaluatorio.

Este efecto ya se empezó a sentir, y en la primer hora después del anuncio, el dólar blue bajó de $223 a $215.

Inflación

Según el ministro, el FMI concedió que la inflación es un fenómeno “multicausal”, y que se deberá combatir con un esquema fiscal, monetario y de control de precios.

Este es el punto que más preocupa a los mercados, y la falta de reformas estructurales quiere decir que la inflación va a seguir siendo un problema en Argentina. El pago al FMI se hará a costa de los salarios de los argentinos, que seguirán perdiendo poder adquisitivo para solventar un Estado gigante quebrado.

Acumulación de reservas

El 2022 tendrá como objetivo sumar reservas internacionales al Banco Central por unos US$ 5.000 millones. Prácticmanete todo esto se lograría usando los propios desembolsos del FMI a lo largo del año.

“En 2021 tuvimos un superávit comercial de 14.000 millones de dólares. Lo que ocurrió es que hubo factores financieros que explicaron la diferencia entre superávit y acumulación de reservas. Se pagó más de 5.000 millones entre capital e intereses. Ahora tenemos un conjunto de condiciones que nos hacen ver que esto es factible”, dijo el funcionario.

Reformas estructurales

A diferencia del acuerdo al que llegó Macri en 2018 y otros gobiernos en el pasado, en esta oportunidad el Fondo no pidió ninguna reforma estructural. Ni reforma laboral para reducir el sector informal, ni privatizaciones de las empresas públicas mega-deficitarias, ni un ajuste a la fórmula previsional.

El programa no incluirá ese tipo de políticas, aseguró Guzmán. “Apunta a resolver los problemas que nuestra estructura productiva vino padeciendo. Apunta a medidas que favorezcan a los sectores que puedan generar divisas y a fortalecer la administración tributaria”, dijo.

En otras palabras, se puede esperar una suba de impuestos para tratar de aumentar la recaudación. Junto a la reducción de los subsidios a la energía, así Guzmán espera llegar a ese déficit cero en 2026.

Economía

Más indicios de recesión en China: la industria se derrumbó un 7% en abril y las ventas minoristas cayeron un 0,7%

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Las medidas sanitarias extremistas del régimen comunista, en conjunto con una crisis inmobiliaria y energética, amenazan con tumbar la economía del gigante asiático y generar una nueva recesión mundial.

Los principales indicadores técnicos de la economía china demuestran resultados cada vez más decepcionantes, y anticipan una posible recesión como no se veía desde 2020. El Índice de Producción Industrial cayó violentamente hasta un 7,08% en el mes de abril, con respecto al mes anterior.

Se trata de la segunda mayor caída de China en las últimas dos décadas, solo por detrás de la caída en enero de 2020 por el inicio de la pandemia. Solamente con la caída de abril la industria retrocedió al nivel agregado que tenía en octubre de 2020, acorde a la serie sin estacionalidad.

Cerca del 37,5% del PBI chino se explica por la actividad industrial, y posee además la proporción más importante sobre el abastecimiento de la demanda mundial. El efecto recesivo sobre la actividad fabril supone un shock sobre la oferta para el mundo.

Se registró una caída del 0,69% en el Índice de Ventas Minoristas en el mes de abril, el segundo dato recesivo después de haberse registrado otra caída del 2% mensual en marzo. Los servicios representan casi el 60% de la economía china, y en este caso el efecto recesivo tiene un impacto más directo en la economía local que a nivel internacional.

Sorteando el efecto de la inflación, el gasto agregado de los consumidores se mantiene prácticamente estancado desde enero de 2021 en términos reales. Esta cifra es extremadamente pesimista considerando que, hasta 2019, el consumo privado se expandía a razón del 5% anual.

La previsión de crecimiento para China asciende al 4,4% según el Fondo Monetario Internacional, aunque las previsiones privadas proyectan sólo un 4% anual. Pero estas cifras sólo muestran un arrastre estadístico contra 2021, y prácticamente el crecimiento efectivo para 2022 sería el más modesto desde la década de 1980.  Todas las proyecciones de crecimiento se encuentran alejadas de la meta propuesta por el Partido Comunista, en torno al 5,5% anual para 2022.

Existen tres razones fundamentales para explicar la incipiente recesión de China: las políticas de “Covid cero” impulsadas por el dictador Xi Jinping, la crisis inmobiliaria y finalmente la crisis energética. Juntos, estos elementos conforman una suerte de tormenta perfecta.

Las nuevas medidas sanitarias de la dictadura comunista incluyen la vuelta de los confinamientos masivos y estrictos, aunque con un alcance geográfico sustancialmente menor al que se llevó a cabo en 2020.

Por otra parte, la crisis del sector inmobiliario (que representa el 29% del PBI chino) sigue fuera de control por las autoridades. Después del colapso de la gigante empresa Evergrande, el “efecto contagio” sobre el sistema financiero arrastró a por lo menos 10 promotores chinos del mercado inmobiliario.

El más reciente caso de incumplimiento de pagos fue presentado por Sunac, una promotora inmobiliaria que no pudo afrontar pagos por 742 millones de dólares con acreedores internacionales.

En tercer lugar, la crisis energética responde al deficiente sistema de precios que impera en las tarifas a los servicios públicos. A diferencia de otros países, China regula fuertemente el precio de las tarifas de energía y el shock internacional por la guerra de Ucrania no pudo ser compensando enteramente por un “efecto precio” percibido por los consumidores, y en su lugar la corrección se realiza sobre las cantidades (desabastecimiento).

La economía china es, además, sustancialmente más sensible ante cambios en la oferta energética mundial no solamente por las rigideces en el sistema de precios, sino también porque por ser el principal país consumidor de energía en todo el mundo.  

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Economía

Los dramáticos resultados del proteccionismo de Biden: aumento de costos y desabastecimiento

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El presidente demócrata endureció las restricciones cuantitativas para las importaciones para favorecer el proteccionismo. Las medidas aumentaron los costos de infraestructura y ya se registra desabastecimiento en la leche de fórmula para bebés.

El Gobierno de Joe Biden desplegó una impronta fuertemente proteccionista a partir del endurecimiento las medidas no arancelarias para restringir importaciones: los límites de cantidades o cuotas, y las regulaciones con pautas de “compre nacional”.

La principal apuesta fiscal de Biden y los demócratas es la puesta en marcha de un amplio programa de “estímulo” en la forma de obra pública para infraestructura, por un monto de 1,2 billones de dólares. La ley de infraestructura de Biden incluye una cláusula abiertamente proteccionista, pues se ampliaron las restricciones para que los bienes y los materiales requeridos por el programa puedan ser importados.

Las medidas fueron anunciadas oficialmente por la Oficina de Administración y Presupuesto, el organismo regulador que, entre otras funciones, se encarga de otorgar exenciones o licencias para los cupos de importación, y fija las reglas por las cuales es posible hacerlo.

Los demócratas ampliaron las restricciones de “compre nacional” para el abastecimiento de acero, hierro, productos manufacturados, diversos tipos de herramientas, cableado de cobre, plásticos, polímeros, paneles de yeso, madera y automóviles de carga. Todas las importaciones quedarán virtualmente sometidas a una restricción de cantidades más exigente que la que había durante la administración de Donald Trump u otras administraciones.

Al contrario de lo que afirmaba el Presidente, su ley de infraestructura no solo no tendrá ningún impacto positivo sobre la tasa de inflación, sino que además supone un drástico aumento de costos para la actividad de la construcción.

Con una mayor presencia del sector público demandando productos de origen local, y en el marco de restricciones aún más estrictas para la importación de bienes sustitutos, el sector privado también sufrirá un fuerte impacto recesivo y un aumento de sus costos, exactamente lo contrario a lo que se pretendía arribar desde un principio con la ley de infraestructura.

A la par del aumento de costos, Estados Unidos registra un histórico desabastecimiento de leche de fórmula para bebés. El 40% del producto a nivel nacional ya se encuentra completamente agotado en los comercios, y en algunos Estados como Texas y Tennessee, la cifra alcanza a más del 50%. En comparación con el primer semestre de 2021, la falta de abastecimiento creció casi 20 veces.

La política comercial de Biden tuvo un efecto preponderante para explicar el desabastecimiento. Desde 2021, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas originales en inglés) endureció los requisitos de importación de manera desconmensurada. Los nuevos estándares de la FDA son incluso más exigentes que los establecidos por la Unión Europea (de los más exigentes en el mundo), y esto no se debe a cuestiones de salud pública sino a una medida proteccionista de política comercial.

En un clima de extrema tensión inflacionaria, las políticas proteccionistas de los demócratas generan una mayor distorsión de precios relativos, encareciendo artificialmente el precio de los productos que compiten contra importaciones y provocando aumentos por encima de la inflación (en términos de otros bienes).

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Economía

Los usuarios no alcanzados por los subsidios tendrán aumentos del 300% en la electricidad

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El Gobierno llevará adelante su programa de aumentos segmentados para las tarifas energéticas, y las personas que no reciban subsidios verán triplicado su valor.

Para cumplir con las metas fiscales del Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Alberto Fernández dispondrá de aumentos tarifarios en los servicios públicos, con un especial énfasis en las tarifas eléctricas debido a la volatilidad en los precios internacionales.

El aumento segmentado establece como “usuarios de altos ingresos” a todas aquellas familias con ingresos mensuales superiores a $314.000, y el Gobierno estima que estos usuarios tendrán que pagar un aumento del 300% en el precio de la electricidad a partir de junio. Según las proyecciones oficiales, este segmento del mercado comprende hasta el 10% del total de los usuarios.

Sin embargo, algunas estimaciones privadas apuntaron contra las cifras del oficialismo, asegurando que no será solo un 10% de los usuarios los que deberán pagar la totalidad de las tarifas, sino que serán muchos más. La drástica evolución inflacionaria contribuye a deteriorar constantemente los márgenes presentados por el programa de segmentación.

Acatando estrictamente las proyecciones oficiales, el Gobierno admitió que el promedio de los usuarios sin tarifa social percibirá un aumento del 16,5% en las tarifas eléctricas. Nuevamente en promedio, este aumento equivale a una suma adicional de entre $1.610 y hasta $1.876 sobre lo que se paga actualmente. Para los usuarios con tarifa social, el aumento solamente llegará al 6,88% a partir de junio.

El Gobierno espera concretar un ahorro fiscal por el 0,21% del PBI con el aumento de tarifas eléctricas, a lo que posteriormente se deberá añadir el ahorro por reducción de subsidios al transporte, los hidrocarburos, la distribución de agua, etc.

Sin embargo, dado el crecimiento real del gasto público en lo que va del año, las correcciones planteadas resultan insuficientes y el propio Martín Guzmán pretende modificar las metas fiscales con el Fondo para evitar el incumplimiento.

El presidente Fernández y el ministro Guzmán defendieron las medidas enérgicamente, afirmando que se trata de un “subsidio para ricos” y que un ajuste en esa partida es algo justificable. Esto se contrapuso con otras posturas de la izquierda extremista dentro del Frente de Todos, todas encabezadas por Cristina Fernández de Kirchner.

Para la izquierda extremista en el oficialismo, las tarifas de los servicios públicos constituyen un “ancla nominal” sobre los precios, una herramienta que ya se había utilizado en el famoso programa económico de José Ber Gelbard en 1973, así como entre 2003 y 2015 de manera casi ininterrumpida.

Darío Martínez y Federico Basualdo comparten esta postura dentro del Gobierno, pero finalmente prevaleció la posición de Guzmán. 

El secretario de Energía Darío Martínez y el subsecretario Federico Basualdo.

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