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Economía

Biden propone cuadruplicar el impuesto a la recompra de acciones pero aumentar en US$ 200.000 millones al déficit fiscal cada año

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El Presidente expuso su política fiscal para 2023 como parte de su discurso del Estado de la Unión. Propone una segunda fase de la reforma tributaria para volver a aumentar los impuestos y abandonar completamente la disciplina fiscal. 

El presidente Joe Biden explicó los lineamientos principales de su política económica como parte de su discurso presentando ante el Congreso el estado de la Unión. No solo no se abordan los desafíos y las problemáticas actuales de la economía estadounidense, sino que se complejiza todavía más el código fiscal y se propone otro aumento impositivo.

Las medidas del Gobierno pretenden una nueva reversión parcial de la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos de 2017, sancionada por el expresidente Donald Trump. Los impuestos en la mira del oficialismo son particularmente distorsivos para la actividad económica.

Al mismo tiempo se propone reactivar los programas de asistencia y estímulo fiscal, a pesar de que la pandemia terminó hace 3 años y con ella la emergencia. Estas medidas prometen boicotear el ordenamiento de las finanzas públicas, en un contexto en el cual Estados Unidos no logra arribar al superávit fiscal primario desde abril de 2008

Impuesto a la recompra de acciones

El presidente Biden propuso cuadriplicar el impuesto especial del 1% aplicado sobre la recompra de acciones por parte de empresas, dando así una nueva alícuota apostada en el 4% sobre la misma base. 

Se debe tener en cuenta que las sociedades tienen dos formas principales para devolver valor a sus accionistas: la primera mediante la transferencia de dividendos y la segunda mediante la recompra de acciones por la propia empresa. El impuesto de Biden buscaría “desalentar la ganancia” y alentar la inversión, pero se estima que cerca del 95% de las recompras accionarias se reinvierte posteriormente en otras empresas

Muy lejos de arribar a su objetivo, el impuesto podría inducir al efecto opuesto: una mayor carga fiscal para la recompra de acciones incentiva activamente la otra vía para la devolución de valor a los accionistas, que son los dividendos. El impuesto revaloriza los dividendos, alienta a la descapitalización de las empresas y penaliza la inversión, todo lo contrario de lo que pretende. 

A pesar de llevar tan solo un mes de aplicación (pues entró en vigencia en enero), los contribuyentes deberán enfrentar nuevos cambios que impiden la previsibilidad. La Tax Foundation estima que el aumento impositivo en esta materia generará una recaudación de hasta US$ 185.000 millones en los próximos 10 años.

Impuesto mínimo a las ganancias de capital

Después de haber reintroducido el impuesto mínimo a las ganancias contables corporativas en 2021 (un impuesto que había estado en vigencia entre 1986 y 2017), el presidente Biden ahora propone establecer otro impuesto pero esta vez sobre las ganancias “no realizadas” sobre acciones y bonos.

Las personas físicas con un patrimonio neto superior a los US$ 100 millones estarán sujetos a la tributación del impuesto, y deberán pagar una tasa mínima fijada en el 20% sobre las ganancias de capital correspondientes, de tal forma de que siempre se pague esta tasa como mínimo.

Los cambios generan una complejización severa para el código fiscal. Cada persona sujeta al impuesto deberán calcular su tasa efectiva de tributación del impuesto a la ganancia de capital. Una vez hecho esto, si cayera por debajo del 20%, entonces se genera automáticamente una obligación con el Estado por la diferencia.

Esto es completamente independiente de si el activo de referencia para la ganancia de capital (bonos, acciones, etc) fue realmente vendido o no, y por eso se le llama “ganancias no realizadas”. Fiscalizar este impuesto será extremadamente complejo tanto para los contribuyentes como para el Servicio de Impuestos Internos, que deberá aumentar sus costos para hacer funcionar el sistema impositivo. 

Aumento del gasto público

El presidente Biden propone la reactivación de los programas de estímulo fiscal y asistencia familiar, a través de la extensión del Crédito Tributario por Hijos, tal y como ocurrió con el “American Rescue Plan” en marzo de 2021.

El programa propone postergar la derogación del beneficio máximo por hijo de US$ 2.000 a US$ 3.000 para personas de entre 6 y 17 años, y US$ 3.600 para menores de 6 años. Estas medidas comprometen dramáticamente la responsabilidad fiscal del Gobierno federal. 

Solamente por la extensión del paquete de estímulo fiscal, el Gobierno añadirá un costo de hasta 1,6 billones de dólares en los próximos 10 años, un incremento anual de hasta 200.000 dólares al déficit fiscal presupuestado

Las medidas fiscales anunciadas arrojan costos considerablemente superiores a los que podrían compensarse con los aumentos impositivos. El impuesto mínimo a las ganancias de capital recaudará hasta 360.000 millones de dólares durante los próximos 10 años, el impuesto a la recompra de acciones 185.000 millones, y el aumento del gasto público supone un costo de 1,6 billones. 

Asimismo, los analistas estiman que el programa fiscal desalienta activamente la oferta laboral. Se debe tener en consideración que la tasa de empleo aún no logró recuperarse del shock por la pandemia, pese a que la desocupación sí lo hizo. Esto es evidencia del aumento de la población pasiva en relación al total, el retiro de personas del mercado laboral. Las nuevas medidas fiscales y tributarias solo profundizan la tendencia.

Economía

El Gobierno anunció el cierre de Correo Compras, la fracasada plataforma estatal que creó Alberto Fernández en 2020

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El Estado dejará de perder recursos productivos en el sostenimiento de la empresa deficitaria. La tienda online no logró funcionar con rentabilidad a pesar de llevar activa casi cuatro años, y en la práctica contribuyó a mantener cargos meramente políticos.

De acuerdo al proceso de racionalización de la administración pública, el Gobierno del Presidente Javier Milei anunció el cierre definitivo de Corre Compras, el ente estatal lanzado por la administración de Alberto Fernández en el año 2020.

Con esta decisión, el Estado nacional dejará de aportar millones de pesos cada año para sostener una estructura improductiva e ineficiente, y podrá invertir esos recursos en otras áreas prioritarias como la ayuda social.

La empresa estatal tenía como misión “impulsar la promoción y venta de productos regionales y de distribuidores oficiales de distintas marcas”, pero lo cierto es que jamás logró ofrecer un servicio rentable y viable para la sociedad. Los contribuyentes se vieron sistemáticamente estafados, ya que aún sin recibir los servicios de esta empresa, fueron obligados a sostenerla con sus impuestos.

El comunicado por el lanzamiento oficial de la empresa aseguraba ofrecer una supuesta “solución integral” para comprar productos a costos más bajos que los del mercado. Pero esto jamás fue así. 

La productividad de la empresa jamás se equiparó a la de Mercado Libre u otras empresas operativas en la región, y únicamente ofreció precios más bajos que los del mercado a cambio de trasladar el costo sobre la espalda de los contribuyentes.

Solamente en 2022 Correo Compras acumuló pérdidas de por lo menos US$ 450 millones de dólares, y el exministro Sergio Massa resolvió aplicar una transferencia directa del Tesoro de hasta $23.330 millones de pesos para garantizar tan solo el funcionamiento operativo de la empresa. 

Los ingresos generados por la plataforma no llegaron ni a cubrir tan siquiera una mínima parte de sus gastos corrientes (mucho menos el pago de intereses y gastos de capital).

Correo Compras mantenía una estructura de personal completamente sobredimensionada, ridículamente amplia, llegando a superar los 18.000 agentes. Para tener una idea del orden de magnitud que esto significa, Mercado Libre, la empresa líder indiscutida de ventas online en la región, posee casi la mitad del personal pese a su rápido crecimiento en los últimos años.

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Economía

El Presidente Milei propone llevar el nivel de gasto público al promedio histórico del 25% del PBI

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El tamaño del sector público argentino creció hasta niveles insostenibles durante los últimos 20 años. El Gobierno propone una agenda para reducir paulatinamente el tamaño del Estado para consolidar la solvencia fiscal en el país.

El Presidente de la Nación Javier Milei anunció oficialmente su convocatoria para el llamado “Pacto de Mayo”, y uno de los puntos de acuerdo más importante que señala la proclama es la reducción sostenida del tamaño del Estado.

Entre los tres niveles de Gobierno que se rigen en el país, el Estado nacional, las Provincias y los municipios, el sector público consolidado de Argentina alcanzó a representar el 44% del PBI al término de 2023. Teniendo en cuenta la estructura tributaria arcaica e ineficiente que se mantuvo por décadas, Argentina no tiene modo de poder financiar un tamaño del Estado de semejantes proporciones sin recurrir a la falsificación monetaria constante.

Este tamaño para el sector público supera ampliamente al promedio histórico hasta mediados de la década del 2000, estimado en alrededor del 25% del PBI. Uno de los objetivos del Pacto de Mayo propone precisamente terminar con la anomalía fiscal que dominó la política argentina en los últimos 20 años.

De hecho, el tamaño del Estado promedio entre 2002 y 2021 fue del 40% del producto (con mayor fuerza a partir de 2010), y el promedio para el período 1980-2021 no supera el 32% del PBI. Ninguna comparación histórica medianamente realista hace pensar que el actual tamaño del sector público pueda ser sostenido en el tiempo solamente con los impuestos que hoy se encuentran vigentes.

La recaudación impositiva actual se sostiene sobre la base de tributos ampliamente distorsivos, como por ejemplo el Impuesto al cheque, los impuestos al comercio exterior, Ingresos Brutos, el Impuesto a los Bienes Personales, el gravámen sobre la renta financiera, y el impuesto PAIS para la compra de divisas, entre decenas y decenas de ejemplos. Con cada distorsión generada, el impacto en materia de actividad y creación de trabajo es mayor.

A diferencia de otros Estados que se sostienen sobre la base de IVA y Ganancias (impuestos más eficientes), en Argentina el tamaño del Estado se financia por una estructura impositiva abiertamente inviable.

Países ricos con altos niveles de gasto público ¿Correlación o causalidad?

Uno de los principales argumentos esgrimidos en contra del discurso del Presidente fue señalar que muchas economías europeas mantienen “Estados de bienestar” muy extensos, con un nivel de gastos que normalmente supera el 40% del PBI (similar al que hoy tiene Argentina). 

Francia se considera el caso más extremo en este sentido, ya que mantiene una estructura estatal que supera el 56% del PBI. Otros países como Italia, Bélgica y Austria mantienen a Estados que representan más del 50% de la economía respectivamente. Pero lo cierto es que ninguno de estos países logró hacerse rico gracias al crecimiento del Estado, sino que por el contrario, fue la generación de riqueza lo que permitió costear (mediante impuestos) las gigantescas estructuras estatales y de seguridad social que vemos hoy.

Sin embargo, y pese a que muchas economías desarrolladas de Europa puedan permitirse pagar un Estado de gran tamaño, esto no implica que el modelo no genere costos. Europa se mantiene firmemente como la región con la menor tasa de crecimiento económico del planeta.

Este proceso se acentuó dramáticamente desde la crisis internacional de 2008, y muchos países como Italia, España y Grecia, a duras penas pudieron recuperarse del impacto. Lo que es aún peor, con cada crisis o shock exógeno que se avecina, los países europeos pierden sistemáticamente su tendencia de crecimiento anterior. Y este fenómeno fue común en todas las economías desarrolladas que hoy se toman como ejemplo para exaltar el tamaño del Estado.

El pésimo desempeño europeo en materia de crecimiento también se debe a otros factores de importante calibre como el constante envejecimiento poblacional (posiblemente el problema más importante del Viejo Continente), pero sin lugar a dudas los altos impuestos que se requieren para mantener el Estado de Bienestar penalizan el crecimiento.

Si Argentina creciera a tasas europeas no solamente no podría expandir su nivel de ingreso por habitante (la población argentina crece más rápido que la de Europa), sino que además se mantendría rezagada como un país permanentemente subdesarrollado.

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Economía

El Ministerio de Economía absorberá el control de los fondos fiduciarios: Se anunció la eliminación de hasta 9 cajas política

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El Ministro Caputo tendrá en control de estos fideicomisos para implementar una reorganización general de los mismos, apuntando directamente contra los privilegios de la política. Estas determinaciones avanzan en línea con el ordenamiento de las finanzas públicas y las conversaciones con el FMI.

El Presidente de la Nación Javier Milei firmará prontamente una resolución para poner a la suma de los todos fondos fiduciarios nacionales bajo la dependencia directa del Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo.

Con las nuevas atribuciones anunciadas, el Ministro de Economía adquiere un poder que no se veía desde la administración de Domingo Cavallo entre 1991 y 1996. Este Ministerio recupera finalmente el poder de decisión que necesita para ejecutar las reformas estructurales que necesita el país.

Se trata de un paso fundamental para poder implementar un programa de racionalización sobre los mismos, ponderando costos y beneficios de cada una de las partidas alcanzadas, y trazando un verdadero orden de prioridades.

Se apunta a reducir drásticamente todos aquellos recursos que se destinen a privilegios de la política, o sectores discrecionalmente beneficiados en desmedro del grueso de la sociedad.

A partir de estas medidas, la masa de recursos que operan bajo la figura de los fondos fiduciarios dejará de escapar a la vista del Congreso, una maniobra usual que implementó la mayoría de los Gobiernos anteriores.

El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó públicamente que serán eliminados hasta 9 fondos fiduciarios con gastos millonarios. Esta determinación acompaña al ajuste fiscal que se está ejecutando a nivel nacional, ya que significa un ahorro total equivalente a los US$ 2.000 millones por año (aproximadamente un 0,5% del PBI). Nuevamente, la aplicación de estos recursos no fue debidamente tratada por el Congreso, sino que se mantuvieron al margen de la voz y el voto de la sociedad. 

Los primeros datos fiscales de Argentina, correspondientes al mes de enero, registraron un superávit primario de por lo menos $ 2.010.746 millones de pesos, y aún contabilizando la carga de intereses se logró un resultado financiero superavitario de hasta $ 518.408 millones

Si estas cifras son ajustadas por el paso de la inflación, se llega a la conclusión de que enero de 2024 obtuvo el superávit financiero más importante desde 2011, superó a cualquier otro mes de enero desde entonces. Se espera otro resultado potencialmente para el cierre de febrero, consolidando así la reducción del déficit acumulado de los últimos 12 meses.

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