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Economía

Bidenomics: Estados Unidos se dirige a una segunda recesión tras la caída del año pasado y no logra recuperarse de la pandemia

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La actividad económica desde 2022 crece a un ritmo insuficiente para compensar la caída durante la pandemia y perdió la tendencia que llevaban a una recuperación, pese a los agresivos estímulos fiscales dispuestos por Biden.

En una serie de tweets, el presidente Joe Biden se adjudicó el "mayor éxito económico de las últimas décadas", pero lo cierto es que la mayor parte de las estadísticas están en su contra.

Tanto la generación de puestos de trabajo desde 2021 como la reactivación del nivel de actividad obedecen a un efecto rebote propio de la post-pandemia, un fenómeno muy esperable sobre el cual el Presidente no tuvo mayor injerencia, mientras que la tendencia de crecimiento por sobre la recuperación no aparece desde 2022, cuando las "Bidenomics" entraron en efecto.

Una vez recuperada la economía, el crecimiento con Biden no volvió a ser el mismo. De acuerdo con el índice mensual de actividad elaborado por la firma IHS Markit y ajustado por el incremento poblacional, la renta per cápita de Estados Unidos nunca volvió a recuperar su tendencia de crecimiento previa al shock de la pandemia durante el 2020.

Durante la primera fase de la administración Trump, el crecimiento anual se aceleró del 1,6% al 3% y la renta per cápita volvía a superar su tendencia de largo plazo a partir de 2018, poniendo al país en camino a, no solo recuperar los niveles perdidos, si no que también crecer por encima de esa tendencia.

Muy por el contrario, el crecimiento observado durante la administración Biden, donde se aumentaron impuestos, impusieron fuertes regulaciones al comercio y a la inversión industrial, y se lanzó un masivo paquete de gasto público, estuvo siempre por debajo de esta medición.

De hecho, la economía entró oficialmente en recesión entre diciembre de 2021 y julio de 2022, tras la caída de la actividad por dos trimestres consecutivos. Durante este período el ingreso por habitante se redujo un 1%

La recesión comenzó a ser superada a partir de un fuerte rebote a partir de agosto del año pasado, pero nuevamente las perspectivas empeoran y Estados Unidos se dirige a una segunda recesión por segundo año consecutivo.

El masivo aumento del gasto público pos-pandemia, no solo para estimular la economía localmente si no para enviar ayuda económica a Ucrania, llevó a que la Reserva Federal (el Banco Central de los Estados Unidos) tuviera que lanzar un ciclo de aumentos de tasas, lo cual contuvo la inflación pero desplomó el nivel de actividad.

Se espera que la tasa de crecimiento anual del PBI se reduzca del 2% en el primer trimestre de 2023 a solo el 0,8% para el segundo trimestre. Finalmente, las expectativas sugieren el comienzo de una tendencia recesiva a más tardar para el último cuarto del año.

Actividad económica de Estados Unidos corregida por población, entre 2012 y 2023.

El segundo gran aspecto preocupante de la administración Biden es el manejo irresponsable de las finanzas públicas. El déficit fiscal escaló a máximos históricos, ya superó el 7,86% del PBI al término del mes de mayo incluso sin la presencia de una recesión (algo que resulta completamente inédito para el país en tiempo de paz).

Esto condiciona al accionar de la Reserva Federal y genera un riesgo creciente de dominancia fiscal sobre la política monetaria. De continuar con esta brecha entre gastos e ingresos, el margen para aumentar las tasas de interés se ve acotado por el impacto que esto tiene para el encarecimiento del crédito al sector público.

La suba de tasas no sólo aumenta la carga de intereses que debe abonar el Gobierno federal por su deuda, sino que además limita la cantidad de recursos que puede absorber colocando nueva deuda

Asimismo, y en una situación extrema de persistentes déficits fiscales sin corrección, la FED podría verse obligada a rescatar la deuda del Tesoro en caso de que no exista suficiente financiamiento voluntario, y esto sentaría las bases para la inflación como un problema crónico.

Economía

Francia rumbo a la quiebra: Vuelve a bajar la calificación crediticia de los bonos franceses y el déficit fiscal alcanza valores récord

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El desequilibrio presupuestario en las finanzas del país galo ya es el más extremo registrado desde la pandemia, a pesar de que la actividad económica se recuperó del impacto desde hace dos años. El elefantiásico Estado francés se hace imposible de sostener.

La administración de Emmanuel Macron no solamente deja al país a merced de una peligrosa radicalización política encarnada por el espacio de Melenchon, sino que además deja una economía completamente desgastada tras años de un modelo que parece totalmente agotado.

La economía francesa registra las tasas de crecimiento más bajas de su historia, apenas pudiendo recuperar del impacto provocado por la pandemia entre 2020 y 2021, pero no pudiendo recuperar su tendencia de crecimiento anterior a dicho evento.

En los mercados financieros, los bonos franceses volvieron a sufrir un nuevo revés de confianza, ya que la mayoría de las agencias calificadoras de riesgo decidieron rebajar la puntuación de la deuda francesa hace solo un mes, después de haberlo hecho en junio del año pasado. Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s siguieron esta tendencia con respecto a la evaluación de los bonos que emite el Estado francés.

El déficit fiscal primario de Francia llegó a representar el 3,77% del PBI en el último trimestre del año pasado, según las más recientes estadísticas del Banco Central Europeo. Se trata del quinto trimestre conductivo en que empeora el resultado presupuestario, incluso antes del pago de intereses de deuda (cada vez mayores).

De hecho, y sin considerar el impacto que generó la pandemia, Francia mantiene el déficit primario más drástico de los últimos 12 años, y el incesante clima de inestabilidad política no arroja ninguna perspectiva medianamente optimista.

Si se suma el pago de intereses a cuenta de la deuda pública, el resultado consolidado del país galo marcó un rojo de casi el 5,5% del PBI en el último cuarto del año 2023, y no se veía un nivel semejante desde la salida de la crisis internacional de 2008 o la pandemia de 2020. La diferencia entre aquellos dos escenarios de crisis con respecto a la situación actual, es que en este momento la economía francesa no se encuentra en recesión, sino que continúa reteniendo un anémico crecimiento.

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Economía

El Gobierno anuncia la desregulación del mercado de Warrants, con el objetivo de favorecer el crédito para familias y empresas

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Desde diciembre del año pasado la administración de Milei desreguló una serie de mercados en tiempo récord, y los primeros resultados ya están a la vista en el caso del sector inmobiliario. La mayor desregulación permite aceitar mejor el funcionamiento del aparato productivo.

El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció un importante avance en la desregulación y modernización del mercado financiero argentino: cesarán las restricciones inútiles y arbitrarias que hasta ahora existían para la emisión de Warrants.

Como explicó el propio Ministro, los Warrants permiten certificar la propiedad de un cierto bien por parte de un productor y con ello se facilita su trazabilidad en el mercado financiero. Son instrumentos que permiten convertir de manera muy sencilla algo físico, en una suerte de garantía para poder acceder a créditos.

Asimismo, estos instrumentos también se pueden intercambiar y vender en los mercados secundarios, lo cual habilita toda una serie de facultades para su emisor. En países como Estados Unidos, es común que los warrants se emitan y se negocien libremente en los mercados extrabursátiles.

Pero hasta ahora, Argentina se diferenciaba de la mayor parte de las economías modernas porque restringía excesivamente la emisión de estos instrumentos, hasta el punto de que únicamente 10 empresas en todo el país estaban autorizadas a hacerlo, algo completamente arbitrario y perjudicial para el desarrollo de este mercado (especialmente para las pequeñas y medianas empresas).

Por otra parte, se desregularon los diferentes usos permitidos para la emisión de Warrants, con lo cual podrán ser utilizados para canalizar el crédito hacia la actividad minera, la industria manufacturera, el sector energético, el sector agropecuario, etc.

Estas medidas, en conjunto con el mayor espacio para el crédito privado y la mayor estabilidad de precios, permitirán abaratar la financiación de múltiples proyectos de inversión, especialmente en donde más se necesitan. 

También supone un fuerte impulso para la competitividad de las empresas argentinas frente al exterior, ya que ahora dispondrán de una herramienta que sus competidores ya hacían uso desde hace tiempo en los mercados más modernos y desarrollados.

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Economía

El socialismo español está a punto de quebrar el sistema jubilatorio por cuarta vez en la historia del país

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La administración del PSOE se niega a permitir cambios profundos sobre el sistema de seguridad social español, y todas las proyecciones futuras sugieren que se volverá un verdadero agujero negro para las finanzas públicas y una masiva disparada del gasto estatal.

El gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez está sentando las bases para una bomba fiscal que repercutirá sobre las finanzas del Estado español a lo largo de los próximos años, comprometiendo así el pago de las futuras pensiones.

Pese a las tímidas reformas esgrimidas por el Ministro socialista José Luis Escrivá, solamente al término de 2023 la seguridad social española registró un desequilibrio descomunal equivalente a los 8.200 millones de euros, y no hará más que empeorar año tras año en ausencia de reformas estructurales.

De esta manera, el sistema de reparto estatal de España se encamina a su cuarta quiebra histórica, y las consecuencias de este hecho ya son conocidas: los parámetros del sistema deberán nuevamente reformularse en detrimento del bienestar de la sociedad, sin ninguna otra alternativa posible dentro del sistema que ofrece el Estado

Bajo un régimen de capitalización individual, dichas reformas no serían necesarias, pero España no cuenta ni siquiera con la asistencia de una mínima participación privada en la inversión de los fondos públicos de pensión, y los planes privados existentes se encuentran sumamente regulados y restringidos.

Los resultados del sistema de reparto español y la falta de futuro

Tal y como se encuentra diseñado el esquema previsional español, y dada las políticas aplicadas por el oficialismo, se encamina hacia una nueva quiebra generalizada que repercutirá mediante menores beneficios para los cotizantes, y mayores impuestos para las generaciones futuras.

La primera gran quiebra del sistema de reparto se produjo en 1985, durante la presidencia socialista de Felipe González. Por aquel entonces, se decidió trasladar el problema hacia adelante: se decidió extender el período mínimo de cómputo (el tiempo para calcular el importe de la prestación social) de 2 a 8 años, y la base salarial para la cotización a partir de los 15 años anteriores a la jubilación (antes 10 años).

Pese a los cambios, en 1997 el sistema volvió a quebrar, y la administración de Aznar decidió extender el período de cómputo hasta los 15 años, y elevar el período de cotización de referencia de 15 a 35 años, lo cual redujo sustancialmente el valor de las jubilaciones reconocidas (generalmente los últimos años trabajados mantienen niveles salariales superiores a los primeros, en la vida laboral de cualquier persona).

Todo esto le dio holgura al sistema por casi una década más, pero finalmente en 2011 el sistema de reparto español quebró por tercera vez, y de manera alarmante. Para postergar el inminente colapso, se extendió la edad mínima de jubilación de 65 a 67 años (gradualmente), el período de cómputo subió de 15 a 25 años, y el período de años salariales de referencia se incrementó de 35 a 37 años. Paralelamente, las jubilaciones dejaron de estar indexadas a la inflación.

Las sucesivas reformas solo postergaron los mismos problemas hacia adelante, pero el dato más alarmante es que se agotan cada vez más rápido. Esta vez, el Gobierno socialista ni siquiera está dispuesto a cargar con el costo político que supondría una cuarta reforma restrictiva, condenando así a millones de personas a una eventual (y más violenta) reforma en el futuro cercano.

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