La Cámara de Diputados votó ayer en contra del veto del presidente Javier Milei a la deficitaria Ley de Financiamiento Universitario, una iniciativa que, según cálculos oficiales, tendría un costo cercano a los $1,9 billones, comprometiendo de manera directa el superávit fiscal alcanzado por la administración libertaria y poniendo en peligro el futuro del país.
La norma aprobada por el kirchnerismo y el resto de la oposición no busca resolver los problemas estructurales del sistema universitario, que arrastran décadas de ineficiencia y falta de control, sino generar un desequilibrio deliberado en las cuentas públicas con el único fin golpista de destruir al Gobierno de Milei y generar una nueva crisis económica .
José Mayans, jefe del bloque kirchnerista en el Senado.
El impacto financiero de la medida
La implementación de la deficitaria ley equivaldría a suspender durante cuatro meses los sueldos de diputados y senadores, aumentar el IVA del 21% al 24% por un plazo de 45 días, suspender todos los planes sociales por tres meses, eliminar los subsidios energéticos durante cuatro meses, congelar por cinco años el presupuesto del Poder Judicial o, en otra alternativa, suspender los subsidios al transporte público por un año y medio.
El costo real de la Ley de Financiamiento Universitario: $1.900.000.000.000 en gasto
Estos números, que representan $1.900.000.000.000 en gasto público adicional, son una demostración clara de la irresponsabilidad de quienes impulsan la ley. El veto del presidente Milei fue una decisión necesaria para proteger a los argentinos y evitar que el país vuelva a caer en la espiral de déficit crónico que en el pasado derivó en inflación descontrolada, endeudamiento y la destrucción de la economía del país.
Con el Senado como próximo escenario de debate, el oficialismo buscará seguir defendiendo el veto y el equilibrio fiscal, el pilar del programa económico de la administración libertaria, que logró terminar con la inflación, bajar la pobreza y generar crecimiento económico.
