La modificación de la Tasa de Derecho Ambiental comenzó a regir el 1° de diciembre y afecta a supermercados, hipermercados, centros comerciales, hoteles, industrias, empresas de servicios y universidades privadas.
El cambio, establecido por la Ordenanza Fiscal e Impositiva N°112/25, dejó atrás el sistema de monto fijo. En su lugar, estableció una alícuota del 2% aplicable a cada operación dentro del distrito. Las empresas recibieron un plazo hasta el 15 de diciembre para adecuar sus sistemas, una exigencia que generó preocupación por las limitaciones técnicas y operativas.
Un costo oculto para las familias
El economista Roberto Cachanosky analizó el nuevo esquema y fue categórico. Señaló que la medida implica “un costo oculto para las familias”. También evaluó que “la lógica del intendente Achával es cobrar pequeños montos a muchas personas, lo suficiente para recaudar sin provocar una reacción social”.
El economista estimó que una familia tipo podría enfrentar “$14.000 adicionales” al mes si el recargo se traslada al precio final de sus compras. Además, advirtió que el nuevo régimen fortalece “el modelo recaudatorio local” y vinculó la proliferación de tributos municipales con un sistema que “se transformó en un factor de decadencia”.
Cachanosky incluso citó a Juan Bautista Alberdi para contextualizar su postura: “El peor enemigo de la riqueza del país ha sido la riqueza del fisco”. Y remarcó que el aumento afecta a todos los consumidores “aunque el sobrecosto no sea visible en el ticket”.
Supermercados y mayoristas alertan por aumentos y problemas operativos
La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) envió una carta a la secretaria de Hacienda local, Anahí Moretti, solicitando una audiencia “urgente”. Su director ejecutivo, Juan Vasco Martínez, sostuvo que la implementación del gravamen provocará “graves perjuicios” para los vecinos. Además, advirtió que las empresas enfrentarán problemas operativos severos por la falta de tiempo, especificaciones técnicas y reglamentación complementaria.
