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Economía

Demora el acuerdo con el FMI: se dispara el dólar y los bonos cotizan en mínimos históricos

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La falta de respuestas por parte del ministro Martín Guzmán generó un fuerte cimbronazo en los mercados financieros. El dólar paralelo alcanzó los $223 y algunos bonos volvieron a tener rendimientos negativos en pesos.

El Gobierno de Alberto Fernández parece completamente incapaz de dar respuestas concisas para la estabilidad macroeconomía del país. El Fondo Monetario Internacional pidió un programa para la consolidación de las cuentas públicas, pero el ministro Martín Guzmán se niega a realizar cualquier tipo de ajuste fiscal en 2022.

El espectáculo brindado por el oficialismo generó un fuerte pánico en los mercados financieros y de cambios, por lo que el dólar paralelo llegó hasta los $223 en pocas horas, subiendo $2 con respecto a la jornada anterior. Los mercados aún no visualizan un acuerdo, y se preparan para el peor de los escenarios: un trágico default.

Aún a pesar del nivel de déficit del sector público, la financiación del mismo se torna el principal problema alrededor de todo el riesgo crediticio, financiero y cambiario, pues el Gobierno recurre únicamente a la emisión monetaria descontrolada como el mecanismo para financiar sus desequilibrios. La financiación monetaria tuvo un impacto directo en el tipo de cambio sin intervención.

El Riesgo País llegó a los 1.916 puntos básicos en la jornada del día jueves según lo mide la firma JP Morgan, el valor más elevado desde la restructuración del 2020. Por otra parte, el precio de los instrumentos financieros argentinos se encuentra en mínimos históricos.

En la jornada del jueves, la mayor parte de los bonos argentinos en dólares mostraron caídas, marcando un promedio del 3%. Ejemplos de estos bonos son el Bonar 2030, o lo Globales 2046 y 2030.

Los bonos llegaron a niveles de rendimiento verdaderamente irrisorios: el bono AL30 llegó incluso a registrar un rendimiento del negativo del 0,5% en pesos. En otras palabras, el desempleo del AL30 fue tan devastador, que incluso hubiera sido preferible mantener pesos en efectivo por el plazo de tenencia del bono, y así evitar cargar con un rendimiento de características tan funestas.

En general, los bonos denominados en moneda local y sin ajuste por inflación (CER) son los instrumentos que más sufrieron la dramática gestión del ministro Guzmán, que no pudo inspirar la suficiente confianza para coordinar las expectativas de mercado, ni tampoco la suficiente credibilidad fiscal como para cerrar un acuerdo con el FMI en tiempo y forma.

También se produjo un alza importante en todos aquellos instrumentos que responden como un seguro ante un incumplimiento del Estado argentino con sus acreedores. Los famosos seguros de default aumentaron drásticamente su probabilidad de ocurrencia de pago, pasando del 44% al 66% en el día de hoy. Esto también fue tomado como una fuerte señal de alerta que complica la situación del Gobierno con el FMI.

Dada la crítica situación de reservas internacionales en el Banco Central, la mayoría de las consultoras privadas estimaban un acuerdo, como muy tarde, para fines de marzo de este año. Una vez pasado ese período Argentina no tendrá ni un solo dólar para afrontar los vencimientos de sus obligaciones, dada la actual política monetaria y cambiaria del BCRA.

Economía

Los dramáticos resultados del proteccionismo de Biden: aumento de costos y desabastecimiento

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El presidente demócrata endureció las restricciones cuantitativas para las importaciones para favorecer el proteccionismo. Las medidas aumentaron los costos de infraestructura y ya se registra desabastecimiento en la leche de fórmula para bebés.

El Gobierno de Joe Biden desplegó una impronta fuertemente proteccionista a partir del endurecimiento las medidas no arancelarias para restringir importaciones: los límites de cantidades o cuotas, y las regulaciones con pautas de “compre nacional”.

La principal apuesta fiscal de Biden y los demócratas es la puesta en marcha de un amplio programa de “estímulo” en la forma de obra pública para infraestructura, por un monto de 1,2 billones de dólares. La ley de infraestructura de Biden incluye una cláusula abiertamente proteccionista, pues se ampliaron las restricciones para que los bienes y los materiales requeridos por el programa puedan ser importados.

Las medidas fueron anunciadas oficialmente por la Oficina de Administración y Presupuesto, el organismo regulador que, entre otras funciones, se encarga de otorgar exenciones o licencias para los cupos de importación, y fija las reglas por las cuales es posible hacerlo.

Los demócratas ampliaron las restricciones de “compre nacional” para el abastecimiento de acero, hierro, productos manufacturados, diversos tipos de herramientas, cableado de cobre, plásticos, polímeros, paneles de yeso, madera y automóviles de carga. Todas las importaciones quedarán virtualmente sometidas a una restricción de cantidades más exigente que la que había durante la administración de Donald Trump u otras administraciones.

Al contrario de lo que afirmaba el Presidente, su ley de infraestructura no solo no tendrá ningún impacto positivo sobre la tasa de inflación, sino que además supone un drástico aumento de costos para la actividad de la construcción.

Con una mayor presencia del sector público demandando productos de origen local, y en el marco de restricciones aún más estrictas para la importación de bienes sustitutos, el sector privado también sufrirá un fuerte impacto recesivo y un aumento de sus costos, exactamente lo contrario a lo que se pretendía arribar desde un principio con la ley de infraestructura.

A la par del aumento de costos, Estados Unidos registra un importante desabastecimiento de leche de fórmula para bebés. El 40% del producto a nivel nacional ya se encuentra completamente agotado en los comercios, y en algunos Estados como Texas y Tennessee, la cifra alcanza a más del 50%. En comparación con el primer semestre de 2021, la falta de abastecimiento creció casi 20 veces.

La política comercial de Biden tuvo un efecto preponderante para explicar el desabastecimiento. Desde 2021, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas originales en inglés) endureció los requisitos de importación de manera desconmensurada. Los nuevos estándares de la FDA son incluso más exigentes que los establecidos por la Unión Europea (de los más exigentes en el mundo), y esto no se debe a cuestiones de salud pública sino a una medida proteccionista de política comercial.

En un clima de extrema tensión inflacionaria, las políticas proteccionistas de los demócratas generan una mayor distorsión de precios relativos, encareciendo artificialmente el precio de los productos que compiten contra importaciones y provocando aumentos por encima de la inflación (en términos de otros bienes).

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Economía

Los usuarios no alcanzados por los subsidios tendrán aumentos del 300% en la electricidad

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El Gobierno llevará adelante su programa de aumentos segmentados para las tarifas energéticas, y las personas que no reciban subsidios verán triplicado su valor.

Para cumplir con las metas fiscales del Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Alberto Fernández dispondrá de aumentos tarifarios en los servicios públicos, con un especial énfasis en las tarifas eléctricas debido a la volatilidad en los precios internacionales.

El aumento segmentado establece como “usuarios de altos ingresos” a todas aquellas familias con ingresos mensuales superiores a $314.000, y el Gobierno estima que estos usuarios tendrán que pagar un aumento del 300% en el precio de la electricidad a partir de junio. Según las proyecciones oficiales, este segmento del mercado comprende hasta el 10% del total de los usuarios.

Sin embargo, algunas estimaciones privadas apuntaron contra las cifras del oficialismo, asegurando que no será solo un 10% de los usuarios los que deberán pagar la totalidad de las tarifas, sino que serán muchos más. La drástica evolución inflacionaria contribuye a deteriorar constantemente los márgenes presentados por el programa de segmentación.

Acatando estrictamente las proyecciones oficiales, el Gobierno admitió que el promedio de los usuarios sin tarifa social percibirá un aumento del 16,5% en las tarifas eléctricas. Nuevamente en promedio, este aumento equivale a una suma adicional de entre $1.610 y hasta $1.876 sobre lo que se paga actualmente. Para los usuarios con tarifa social, el aumento solamente llegará al 6,88% a partir de junio.

El Gobierno espera concretar un ahorro fiscal por el 0,21% del PBI con el aumento de tarifas eléctricas, a lo que posteriormente se deberá añadir el ahorro por reducción de subsidios al transporte, los hidrocarburos, la distribución de agua, etc.

Sin embargo, dado el crecimiento real del gasto público en lo que va del año, las correcciones planteadas resultan insuficientes y el propio Martín Guzmán pretende modificar las metas fiscales con el Fondo para evitar el incumplimiento.

El presidente Fernández y el ministro Guzmán defendieron las medidas enérgicamente, afirmando que se trata de un “subsidio para ricos” y que un ajuste en esa partida es algo justificable. Esto se contrapuso con otras posturas de la izquierda extremista dentro del Frente de Todos, todas encabezadas por Cristina Fernández de Kirchner.

Para la izquierda extremista en el oficialismo, las tarifas de los servicios públicos constituyen un “ancla nominal” sobre los precios, una herramienta que ya se había utilizado en el famoso programa económico de José Ber Gelbard en 1973, así como entre 2003 y 2015 de manera casi ininterrumpida.

Darío Martínez y Federico Basualdo comparten esta postura dentro del Gobierno, pero finalmente prevaleció la posición de Guzmán. 

El secretario de Energía Darío Martínez y el subsecretario Federico Basualdo.

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Economía

El dictador Maduro anunció la privatización de hasta el 10% de las acciones de empresas estatales

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Serán puestas a la venta entre el 5% y el 10% de las acciones de las gigantes empresas estatales venezolanas, con el fin de combatir la dramática falta de inversión y descapitalización en los sectores estratégicos estatizados.

La estructura económica de Venezuela se articula sobre la base de tener los principales sectores estratégicos de la economía estatizados. El Estado venezolano posee control casi absoluto sobre la electricidad, el petróleo y el gas, la distribución de agua potable, el transporte público, las telecomunicaciones, la producción de cemento, la producción siderúrgica, los puertos e incluso fueron expropiados latifundios y tierras anteriormente privadas.

Pero los resultados de la economía estatizada fueron un fracaso absoluto medido en cualquier métrica existente. Escasez, inflación, falta de inversión y una profunda descapitalización han llevado a Venezuela a la Edad Media.

Los efectos de la economía socialista han sido tan perjudiciales, que ahora incluso la dictadura chavista se empezó a plantear un cambio de rumbo. En un intento desesperado por revertir estos efectos, Nicolás Maduro anunció que pondrá en venta entre el 5% y el 10% de las acciones de todas las empresas estatales.

La privatización accionaria tendrá mayor lugar, en particular, en aquellos sectores que pueden ser más atractivos para la inversión como la producción de hidrocarburos y las telecomunicaciones, especialmente luego del acercamiento con el gobierno de Joe Biden, quien le pidió que aumente su producción para combatir las medidas de Rusia.

La focalización en sectores se debe a la necesidad de captar el mayor interés inversor que sea posible, dada la baja seguridad jurídica que ofrece Venezuela para empresas privadas.

De la misma manera, la economía socialista sigue colapsada, y el control estatal de los sectores estratégicos del país, han fallado en garantizar el normal suministro de bienes y servicios a la población

Tampoco se harán distinciones sobre el origen del capital provisto para la inversión, ya sea de formación en Venezuela como inversión extranjera directa. Nuevamente, este enfoque se debe a cuestiones prácticas, debido a que la formación bruta de capital en Venezuela es extremadamente baja y si las inversiones solamente fueran locales no podrían ser significativas.

Usted se podrá convertir en inversionista de CANTV (Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela), de Movilnet (Telefonía móvil), de la petroquímica, de todas las empresas mixtas del petróleo, de las empresas de gas, de las empresas de Guayana (sector minero, forestal, aluminio y servicios)”, anunció Nicolás Maduro en el canal estatal de televisión.

Pero además de la recapitalización de las empresas, la dictadura venezolana prioriza otros dos objetivos fundamentales: el levantamiento de embargos y sanciones internacionales, y una tenue reducción de las pérdidas siderales que generan las empresas públicas al Estado.

Se observa un claro desmembramiento y colapso de la implementación de la economía socialista en todos los frentes económicos en los cuales se llevó a cabo. La constante monetización de los déficits fiscales para mantener un Estado sobredimensionado, y la introducción de un modelo de controles de cambios, llegó finalmente al colapso entre 2018 y 2019 con la hiperinflación, dando lugar así a una dolarización de facto.

La inflación llegó a tal nivel, que se le hizo más caro al Estado recolectar impuestos en bolívares que la propia recaudación. Así, en los últimos 2 años, Maduro prácticamente no hace esfuerzos para recolectar impuestos, más que los impuestos a las ventas, y ha optado por financiar el Estado con el narcotráfico.

Esto ha llevado a que el bolívar hiperinflacionado pierda su única razón de existencia: pagar impuestos, y ahora la gran mayoría de venezolanos utiliza los pocos dólares que hay en el país como moneda corriente. Esto provocó una ligera baja en la suba del nivel de precios en los últimos meses, y Venezuela hoy no es más el país con mayor inflación de América Latina, ese lugar lo arrebató Argentina.

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