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Economía

Para The Economist, un default argentino conducirá a un caos generalizado como en 2001

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La fuerte turbulencia en el mercado cambiario anticipa solo una parte de las funestas consecuencias que atravesará el país si no se consigue un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

El rebote de la economía argentina se encuentra cada vez más comprometido conforme se derrumban los pilares básicos de la macroeconomía. La más reciente editorial en The Economist sobre la Argentina, revela una sombría visión sobre el desenlace económico del país sin finalmente el Gobierno fracasa en concretar un acuerdo con el FMI.

De producirse un eventual default, el caos económico y político devenido de ello podría no tener nada que envidiarle al pánico del año 2001. Si Argentina pierde el acceso al poco financiamiento de organismos multilaterales, y dado el abrupto desequilibrio fiscal, la expansión monetaria que esto requiere podría traer serias turbulencias inflacionarias.

En el artículo, titulado “La loca existencia de la Argentina”, se recopilan 20 años de historia económica y se advierte que, de no llegar a un acuerdo, el costo recesivo sobre le país podría ser similar al que hubo entre 2001 y 2002. El artículo señala que, desde el año 2012, Argentina se encuentra atrapada en la estanflación, sin poder salir exitosamente en la gestión de Mauricio Macri.

El enfoque exageradamente gradualista no atacó, ni pretendió atacar, el resultado fiscal deficitario durante los tres primeros años del Gobierno de Macri. El resultado fue una irrisoria dependencia de capital extranjero para financiar los desequilibrios fiscales, algo que finalmente no pudo sostenerse en el tiempo y desembocó en una aguda recesión desde 2018 y en adelante.

Del mismo modo que The Economist, numerosos analistas locales compartieron las preocupaciones en torno a la economía argentina. Para el destacado economista Miguel Ángel Broda, a lo largo del 2022 el país podría tener una inflación de entre el 55% y 70% anual, cuando ya se venía del 50,9% anual en 2021. Pero sin un acuerdo con el Fondo, se podría alcanzar incluso los tres dígitos de inflación.

Incluso con acuerdo, los analistas locales estiman un gran riesgo sobre qué tan factible sería el cumplimiento progresivo de las metas trimestrales cuantitativas y cualitativas que suponga un acuerdo fiscal serio. De no cumplirse en tiempo y forma, pese a la voluntad de pago que pueda haber, el default acontecería de forma inexorable y sus consecuencias serían las mismas.

El pánico por un eventual default se tradujo en una fuerte corrida contra el peso en el día de hoy, siendo que el dólar en el mercado paralelo llegó a cotizar en los $223 al mediodía, y el Contado con Liquidación llegó incluso a un pico de $236 a las 12:50 de la jornada. Estas cifras marcaron un récord histórico.

Alberto Fernández y su equipo fueron tomados completamente por sorpresa y el Gobierno sigue paralizado, sin ofrecer ningún tipo de respuesta al caos cambiario. La vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner decidió desentenderse de los problemas económicos y se reunió con la hija de Hugo Chávez con el motivo de la asunción de Xiomara Castro en Honduras, y no perdió oportunidad para criticar duramente al FMI por lo que catalogó de “políticas de ajuste”.

El propio Alberto Fernández, hace tan solo dos días, rechazaba tajantemente cualquier tipo de ajuste sobre las finanzas públicas, en lo que parece ser una posición casi irreconciliable sobre la cuál es imposible celebrar un acuerdo con el FMI. Las pesadas declaraciones en las esferas más altas del oficialismo no ayudan en vislumbrar un posible acuerdo.

Economía

Los dramáticos resultados del proteccionismo de Biden: aumento de costos y desabastecimiento

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El presidente demócrata endureció las restricciones cuantitativas para las importaciones para favorecer el proteccionismo. Las medidas aumentaron los costos de infraestructura y ya se registra desabastecimiento en la leche de fórmula para bebés.

El Gobierno de Joe Biden desplegó una impronta fuertemente proteccionista a partir del endurecimiento las medidas no arancelarias para restringir importaciones: los límites de cantidades o cuotas, y las regulaciones con pautas de “compre nacional”.

La principal apuesta fiscal de Biden y los demócratas es la puesta en marcha de un amplio programa de “estímulo” en la forma de obra pública para infraestructura, por un monto de 1,2 billones de dólares. La ley de infraestructura de Biden incluye una cláusula abiertamente proteccionista, pues se ampliaron las restricciones para que los bienes y los materiales requeridos por el programa puedan ser importados.

Las medidas fueron anunciadas oficialmente por la Oficina de Administración y Presupuesto, el organismo regulador que, entre otras funciones, se encarga de otorgar exenciones o licencias para los cupos de importación, y fija las reglas por las cuales es posible hacerlo.

Los demócratas ampliaron las restricciones de “compre nacional” para el abastecimiento de acero, hierro, productos manufacturados, diversos tipos de herramientas, cableado de cobre, plásticos, polímeros, paneles de yeso, madera y automóviles de carga. Todas las importaciones quedarán virtualmente sometidas a una restricción de cantidades más exigente que la que había durante la administración de Donald Trump u otras administraciones.

Al contrario de lo que afirmaba el Presidente, su ley de infraestructura no solo no tendrá ningún impacto positivo sobre la tasa de inflación, sino que además supone un drástico aumento de costos para la actividad de la construcción.

Con una mayor presencia del sector público demandando productos de origen local, y en el marco de restricciones aún más estrictas para la importación de bienes sustitutos, el sector privado también sufrirá un fuerte impacto recesivo y un aumento de sus costos, exactamente lo contrario a lo que se pretendía arribar desde un principio con la ley de infraestructura.

A la par del aumento de costos, Estados Unidos registra un histórico desabastecimiento de leche de fórmula para bebés. El 40% del producto a nivel nacional ya se encuentra completamente agotado en los comercios, y en algunos Estados como Texas y Tennessee, la cifra alcanza a más del 50%. En comparación con el primer semestre de 2021, la falta de abastecimiento creció casi 20 veces.

La política comercial de Biden tuvo un efecto preponderante para explicar el desabastecimiento. Desde 2021, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas originales en inglés) endureció los requisitos de importación de manera desconmensurada. Los nuevos estándares de la FDA son incluso más exigentes que los establecidos por la Unión Europea (de los más exigentes en el mundo), y esto no se debe a cuestiones de salud pública sino a una medida proteccionista de política comercial.

En un clima de extrema tensión inflacionaria, las políticas proteccionistas de los demócratas generan una mayor distorsión de precios relativos, encareciendo artificialmente el precio de los productos que compiten contra importaciones y provocando aumentos por encima de la inflación (en términos de otros bienes).

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Economía

Los usuarios no alcanzados por los subsidios tendrán aumentos del 300% en la electricidad

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El Gobierno llevará adelante su programa de aumentos segmentados para las tarifas energéticas, y las personas que no reciban subsidios verán triplicado su valor.

Para cumplir con las metas fiscales del Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Alberto Fernández dispondrá de aumentos tarifarios en los servicios públicos, con un especial énfasis en las tarifas eléctricas debido a la volatilidad en los precios internacionales.

El aumento segmentado establece como “usuarios de altos ingresos” a todas aquellas familias con ingresos mensuales superiores a $314.000, y el Gobierno estima que estos usuarios tendrán que pagar un aumento del 300% en el precio de la electricidad a partir de junio. Según las proyecciones oficiales, este segmento del mercado comprende hasta el 10% del total de los usuarios.

Sin embargo, algunas estimaciones privadas apuntaron contra las cifras del oficialismo, asegurando que no será solo un 10% de los usuarios los que deberán pagar la totalidad de las tarifas, sino que serán muchos más. La drástica evolución inflacionaria contribuye a deteriorar constantemente los márgenes presentados por el programa de segmentación.

Acatando estrictamente las proyecciones oficiales, el Gobierno admitió que el promedio de los usuarios sin tarifa social percibirá un aumento del 16,5% en las tarifas eléctricas. Nuevamente en promedio, este aumento equivale a una suma adicional de entre $1.610 y hasta $1.876 sobre lo que se paga actualmente. Para los usuarios con tarifa social, el aumento solamente llegará al 6,88% a partir de junio.

El Gobierno espera concretar un ahorro fiscal por el 0,21% del PBI con el aumento de tarifas eléctricas, a lo que posteriormente se deberá añadir el ahorro por reducción de subsidios al transporte, los hidrocarburos, la distribución de agua, etc.

Sin embargo, dado el crecimiento real del gasto público en lo que va del año, las correcciones planteadas resultan insuficientes y el propio Martín Guzmán pretende modificar las metas fiscales con el Fondo para evitar el incumplimiento.

El presidente Fernández y el ministro Guzmán defendieron las medidas enérgicamente, afirmando que se trata de un “subsidio para ricos” y que un ajuste en esa partida es algo justificable. Esto se contrapuso con otras posturas de la izquierda extremista dentro del Frente de Todos, todas encabezadas por Cristina Fernández de Kirchner.

Para la izquierda extremista en el oficialismo, las tarifas de los servicios públicos constituyen un “ancla nominal” sobre los precios, una herramienta que ya se había utilizado en el famoso programa económico de José Ber Gelbard en 1973, así como entre 2003 y 2015 de manera casi ininterrumpida.

Darío Martínez y Federico Basualdo comparten esta postura dentro del Gobierno, pero finalmente prevaleció la posición de Guzmán. 

El secretario de Energía Darío Martínez y el subsecretario Federico Basualdo.

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Economía

El dictador Maduro anunció la privatización de hasta el 10% de las acciones de empresas estatales

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Serán puestas a la venta entre el 5% y el 10% de las acciones de las gigantes empresas estatales venezolanas, con el fin de combatir la dramática falta de inversión y descapitalización en los sectores estratégicos estatizados.

La estructura económica de Venezuela se articula sobre la base de tener los principales sectores estratégicos de la economía estatizados. El Estado venezolano posee control casi absoluto sobre la electricidad, el petróleo y el gas, la distribución de agua potable, el transporte público, las telecomunicaciones, la producción de cemento, la producción siderúrgica, los puertos e incluso fueron expropiados latifundios y tierras anteriormente privadas.

Pero los resultados de la economía estatizada fueron un fracaso absoluto medido en cualquier métrica existente. Escasez, inflación, falta de inversión y una profunda descapitalización han llevado a Venezuela a la Edad Media.

Los efectos de la economía socialista han sido tan perjudiciales, que ahora incluso la dictadura chavista se empezó a plantear un cambio de rumbo. En un intento desesperado por revertir estos efectos, Nicolás Maduro anunció que pondrá en venta entre el 5% y el 10% de las acciones de todas las empresas estatales.

La privatización accionaria tendrá mayor lugar, en particular, en aquellos sectores que pueden ser más atractivos para la inversión como la producción de hidrocarburos y las telecomunicaciones, especialmente luego del acercamiento con el gobierno de Joe Biden, quien le pidió que aumente su producción para combatir las medidas de Rusia.

La focalización en sectores se debe a la necesidad de captar el mayor interés inversor que sea posible, dada la baja seguridad jurídica que ofrece Venezuela para empresas privadas.

De la misma manera, la economía socialista sigue colapsada, y el control estatal de los sectores estratégicos del país, han fallado en garantizar el normal suministro de bienes y servicios a la población

Tampoco se harán distinciones sobre el origen del capital provisto para la inversión, ya sea de formación en Venezuela como inversión extranjera directa. Nuevamente, este enfoque se debe a cuestiones prácticas, debido a que la formación bruta de capital en Venezuela es extremadamente baja y si las inversiones solamente fueran locales no podrían ser significativas.

Usted se podrá convertir en inversionista de CANTV (Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela), de Movilnet (Telefonía móvil), de la petroquímica, de todas las empresas mixtas del petróleo, de las empresas de gas, de las empresas de Guayana (sector minero, forestal, aluminio y servicios)”, anunció Nicolás Maduro en el canal estatal de televisión.

Pero además de la recapitalización de las empresas, la dictadura venezolana prioriza otros dos objetivos fundamentales: el levantamiento de embargos y sanciones internacionales, y una tenue reducción de las pérdidas siderales que generan las empresas públicas al Estado.

Se observa un claro desmembramiento y colapso de la implementación de la economía socialista en todos los frentes económicos en los cuales se llevó a cabo. La constante monetización de los déficits fiscales para mantener un Estado sobredimensionado, y la introducción de un modelo de controles de cambios, llegó finalmente al colapso entre 2018 y 2019 con la hiperinflación, dando lugar así a una dolarización de facto.

La inflación llegó a tal nivel, que se le hizo más caro al Estado recolectar impuestos en bolívares que la propia recaudación. Así, en los últimos 2 años, Maduro prácticamente no hace esfuerzos para recolectar impuestos, más que los impuestos a las ventas, y ha optado por financiar el Estado con el narcotráfico.

Esto ha llevado a que el bolívar hiperinflacionado pierda su única razón de existencia: pagar impuestos, y ahora la gran mayoría de venezolanos utiliza los pocos dólares que hay en el país como moneda corriente. Esto provocó una ligera baja en la suba del nivel de precios en los últimos meses, y Venezuela hoy no es más el país con mayor inflación de América Latina, ese lugar lo arrebató Argentina.

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